Desde hace varios años, uno de los debates macroeconómicos más extendidos es el de la reforma del sistema público de pensiones. Cada vez se jubilan más personas que han cotizado en unos niveles altos, lo que les permite optar a pensiones más elevadas. En 2021, el Gobierno decidió incrementar la cuantía de las pensiones un 0,9%, mientras que, en el caso de las pensiones mínimas, la revalorización fue del 1,8%. Hoy, la pensión media de un jubilado en España es de 1.170,26 euros, es decir, 15 euros más que en 2020. Solo en la última década, la Seguridad Social acumula un déficit de 151.000 millones de euros, alrededor del 13% del producto interior bruto (PIB).
En palabras de Esther Pichardo, Directora de Ahorro y Pensiones de BanSabadell Vida y Pensiones, “para que el sistema sea sostenible a largo plazo, la suma de las prestaciones que cada jubilado recibe durante su etapa de retiro debería ser igual a la suma de contribuciones realizadas al sistema, por él y por su empresa, durante toda la vida laboral”. Actualmente, la suma de contribuciones de un empleado que haya trabajado durante 38 años corresponde al pago de 12 años de pensión de jubilación. Según indica la experta, “por suerte, vivimos en uno de los países más longevos del mundo, el tercero después de Japón y Suiza, lo que hace que, de media, una vez jubilados, vivamos una media de 18 años (cifra que va in crescendo). Esta diferencia de años es la que provoca el déficit que está sufriendo el sistema y que actualmente está en seis años (entre los 12 y los 18 años)”.
En 2020, se recogieron 21 recomendaciones en el ‘Informe de Evaluación y Reforma de la Comisión del Pacto de Toledo’ que el Gobierno se ha comprometido a analizar para acometer cambios de calado en el sistema de pensiones y garantizar su sostenibilidad. De hecho, a finales de 2020 se introdujeron algunas novedades significativas, aunque, en lo tocante a los instrumentos de previsión social empresarial, se ha tratado de impulsar los planes de pensiones de empleo. En el terreno práctico, hay varias medidas que ya se están llevando a cabo, como intentar retrasar la edad de jubilación a los 67 años, desincentivar las jubilaciones anticipadas y bonificar las jubilaciones tardías.
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Sin embargo, lo que aún no se ha desarrollado en un documento oficial es la creación de un Fondo Público de Pensiones articulado a través de planes de empleo de aportación definida, aunque desde el Ejecutivo sí se ha trasladado que verá la luz antes de que finalice 2021.
Entre las opciones que se están barajando, una de las que goza de mayor fuerza es la de crear un sistema de adscripción automática a los planes de pensiones de empresa, de tal modo que cada persona, simplemente por trabajar, cuente con uno, con la salvedad de que renuncie de manera expresa. En países como el Reino Unido o Estados Unidos, esta fórmula se lleva aplicando desde hace años y está favoreciendo el incremento del ahorro individual y familiar.
Pichardo describe el modelo británico como un mecanismo semi obligatorio: “la empresa está forzada a inscribir a todos los empleados que cumplen unos requisitos mínimos, aunque los empleados pueden renunciar a él, si bien por defecto ya están aportando en el plan un porcentaje de su sueldo”. La contribución en el Reino Unido ha ido subiendo desde que se inició este modelo en 2012, pasando del 2% inicial al actual 8% del salario. El reparto de este coste es del 3% para el empresario, del 4% para el empleado y del 1% para el Estado. Este último realiza su aportación a través de deducciones fiscales. Las cifras son positivas, ya que el 87% de los empleados británicos está cubierto por este plan, mientras que solo el 9% ha renunciado.
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Como indica Pichardo, “ejemplos como el británico subrayan todavía más la necesidad de promocionar el segundo pilar de las pensiones en España, el del ahorro privado, a través de las empresas, que tan importante es en muchos países de Europa para poder complementar la pensión pública”.
Pensado para la jubilación de los trabajadores
Aunque faltan por conocer muchos de los detalles del Fondo Público de Pensiones español, poco a poco, van viendo la luz algunas novedades que incorporará. Por ejemplo, se ha hecho hincapié por parte del Gobierno en que tendrá como objetivo canalizar el ahorro de los trabajadores de las pymes y de los autónomos que, a día de hoy, no pueden acceder a los planes de empleo.
También se sabe que estará alineado con las nuevas tecnologías. No en vano, contará con una app digital desde la que el trabajador podrá obtener información personal sobre sus ahorros, y que se podrá descargar de manera gratuita en cualquier dispositivo digital.
A pesar de las expectativas, desde entidades como la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensión (Inverco) han pedido al Gobierno que dediquen mayores esfuerzos al desarrollo de los incentivos fiscales que ofrecerá este fondo para las empresas. De hecho, esta entidad ha asegurado que la Administración está en condiciones de usar los casi 580 millones de euros que va a conseguir gracias a la rebaja en los beneficios fiscales de los planes de pensiones individuales para poner en práctica medidas que estimulen la contratación de los planes de empleo.
En la actualidad, existen alrededor de dos millones de españoles que ya tienen suscrito un plan de empleo, aunque esta cifra todavía se encuentra lejos de los más de 7,5 millones que cuentan con un plan de pensiones individual. A pesar de la reducción de los beneficios fiscales, Pichardo sostiene que sigue resultando interesante disponer de un plan individual “porque permite adaptar el producto al perfil inversor, da la opción de traspasar los ahorros de un plan a otro cuando desee y posibilita compatibilizar las contribuciones de la empresa en el plan de empleo con las aportaciones individuales en el plan individual, lo que dota de mayor diversificación a nuestros ahorros, algo que siempre es muy interesante en inversión”.
Por su parte, los planes de empleo tienen, en la actualidad, un tope máximo de desgravación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 10.000 euros al año, sumando tanto las aportaciones que realice la empresa como las de carácter voluntario que lleve a cabo el trabajador. Las aportaciones que realiza una compañía en un plan de pensiones de empleo reducen los rendimientos del trabajo en la declaración de la Renta del empleado, al igual que las aportaciones individuales a planes de empleo o planes de pensiones individuales que realiza cualquier ahorrador.
En cualquier caso, Pichardo recuerda que “la solución real al problema de la sostenibilidad de las pensiones exige la colaboración de todos: las empresas han de asumir un cierto coste, los empleados han de estar dispuestos a derivar una parte de sus ingresos al ahorro, y el Estado ha de aportar beneficios fiscales para que tanto empresas como empleados, estén incentivados a hacer el esfuerzo”.
Cambiar el ahorro de los españoles
Uno de los principales objetivos del Gobierno con el Fondo Público de Pensiones es el de promover una modificación estructural en la planificación del ahorro de las familias. Tradicionalmente, en España ha proliferado la contratación de depósitos y otros productos de renta fija, junto a la compra de inmuebles. Sin embargo, pensando en el largo plazo, ambas estrategias parecen tener sus complicaciones. Por un lado, los bajos tipos de interés desincentivan los activos más conservadores si se quiere batir el comportamiento de la inflación; en cuanto a la adquisición de viviendas, hay que tener en cuenta que los bienes inmobiliarios son, por definición, los activos más ilíquidos que existen, porque requieren de un determinado tiempo hasta que se pueden vender.
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Según el estudio ‘El reto del envejecimiento desde una perspectiva integral’ elaborado por el Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, es necesario apostar por un sistema de previsión social complementaria fuerte, para lo que se deben establecer mayores estímulos fiscales. Estos incentivos fiscales adicionales, además de otros no fiscales como las aportaciones compensatorias públicas o las subvenciones, garantizarían su crecimiento estable en el futuro y, de esta manera, en paralelo se podrían acometer reformas estructurales en el sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad sin tener que condicionar el poder adquisitivo de los jubilados del mañana.
