Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 dan un impulso a los planes de pensiones de empleo (PPE), también conocidos como planes de pensiones y de jubilación de empresa, con el fin de estimular el ahorro privado de cara a la jubilación de los trabajadores. El texto de las cuentas públicas para este ejercicio constata este impulso a través de dos aspectos. Por un lado, con la mejora de las desgravaciones fiscales de los planes colectivos de empresas. Y, por otro, con la inclusión de una mención expresa a la futura creación, por parte de la Administración, de un plan de pensiones de empleo público, con carácter abierto, que será suscrito por las plantillas de trabajadores y que tiene como propósito, según el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá, su ampliación a empleados de pymes, así como a los trabajadores autónomos, dos colectivos que acceden en menor medida a los planes de pensiones de empleo.
El Ejecutivo ha reducido el límite máximo de desgravación en el IRPF en los planes individuales, desde los 8.000 a los 2.000 euros anuales, mientras que en los de empresa el tope saltaría de los 8.000 euros anuales hasta los 10.000 euros. Una gratificación impositiva que busca estimular la formalización de estos últimos. Con todo, ese impulso no será real “si no viene acompañado de otras medidas como son ventajas fiscales para las empresas que las realicen, la obligatoriedad de recibir una parte del salario en este tipo de productos por defecto y la adaptación del producto para autónomos”, señala Esther Pichardo, Directora de Ahorro y Pensiones de BanSabadell Vida y Pensiones.
La mención que recoge los presupuestos de este año habla solo de la posibilidad de obligar a las empresas a adscribirse a estos modelos colectivos y a la creación del fondo de pensiones estatal. Un aspecto regulatorio que demanda cambios en las distintas normas específicas de los planes de pensiones. Pero es una declaración de intenciones corroborada por el ministro Escrivá y que se ampara en la concesión temporal, por parte del Congreso de los Diputados, de un periodo de tres años para corregir el déficit de las pensiones tras la rúbrica del Pacto de Toledo.
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En Moncloa aseguran, además, que este rediseño de los planes de pensiones sigue el espíritu y la letra de la recomendación número 16 del Pacto de Toledo, que subraya la necesidad de impulsar, de forma preferente, los sistemas sustentados a través de la negociación colectiva. También sigue las directrices de Ocopen, la organización de consultores de pensiones, desde la que se aboga por fijar un modelo de planes “cuasi obligatorios” en el que las empresas “estarían supeditadas a la promoción entre sus trabajadores de un instrumento de ahorro colectivo”, en el que “los empleados obtendrían una adscripción automática, aunque podrían renunciar y salir del sistema”.
Y es en este carácter obligatorio donde también hace hincapié Esther Pichardo, ya que a diferencia de lo que ocurre en otros países, “en España no es obligatorio para las empresas, la suscripción de un plan de pensiones de empleo para sus trabajadores”. Existen algunos países en los que los planes de pensiones de empleo sí se ofrecen de manera obligatoria, como Suiza, Holanda o Australia, o países en los que se ofrece con adhesión por defecto, explica Pichardo, “es decir, cuando se empieza a trabajar en una empresa, un porcentaje del salario se destina a un plan de pensiones por defecto”. En estos casos, “el trabajador puede decidir que esa cantidad sea destinada directamente a la nómina, pero si no se produce esa petición, la cifra irá por defecto al ahorro”. Esto es lo que ocurre en el Reino Unido, por ejemplo, “donde la tasa de abandono es muy baja, ya que la mayoría de las personas tenemos un sesgo cognitivo que nos empuja a mantener la situación actual, a no realizar cambios”, añade Pichardo.
El ministro Escrivá ha corroborado las líneas de actuación del Gobierno sobre este ahorro complementario. “Es una reforma integral de la fiscalidad de los planes de pensiones”, pero también conceptual, porque impulsará la creación del fondo de la Administración, al que define como un instrumento colectivo de previsión social complementaria con supervisión y garantía pública y para el que no descarta que adquiera una gestión privada; en sintonía con el modelo NEST británico.
En España, solo existe un sistema que pueda guardar parangón, el de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), que funcionan con éxito en el País Vasco desde hace años, donde los planes de empresa están vinculados a los convenios colectivos sectoriales, gozan de ventajas fiscales y el trabajador aporta el 1% y la empresa, otro 1% al plan de pensiones.
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No obstante, puntualiza Pichardo, hay que tener en cuenta la naturaleza del tejido empresarial español, protagonizado por pymes y autónomos, que son quienes tienen más dificultades en acceder a este tipo de productos. Y añade “no podemos olvidar que las aportaciones a estos productos representan un incremento en el coste salarial, y no todas las empresas están en condiciones de asumirlo, ni todos los trabajadores lo valoran ni lo prefieren respecto a un incremento salarial en cuenta corriente”.
Desde el Gobierno se insiste en que “esta reforma legislativa busca incentivar el ahorro para la jubilación” en sintonía con las prescripciones del Pacto de Toledo. En un país que apenas tiene 1,9 millones de trabajadores con un plan de previsión de empleo, lejos de los 7,5 millones que poseen las fórmulas de ahorro individuales. O, dicho de otro modo: solo un 13% de los empleados españoles dispone de algún plan complementario de empleo, una ratio sensiblemente inferior a la de los trabajadores franceses (un 24%) o la de los alemanes (39%).
