Si hay un tema que genera debate en España en lo que a las pensiones públicas se refiere, ese es el de la sostenibilidad del sistema. No son pocas las voces que alertan sobre las dificultades que tendrán las generaciones futuras para poder disfrutar de la pensión de la jubilación. De ahí que el Gobierno haya apostado por el impulso de los planes de pensiones y de jubilación de empresa (PPE) como una de las fórmulas con las que afrontar el reto. Así es este vehículo que, aunque por el momento cuenta con menos popularidad en el país que otras opciones, está llamado a ser un alivio para las arcas públicas.
Los PPE son aquellos que promueven las empresas y las instituciones para sus empleados, con la finalidad de complementar la pensión pública que reciben de la Seguridad Social al jubilarse. A este respecto, el promotor del plan de pensiones será la empresa, y, el partícipe, el trabajador que decida suscribirlo y adherirse a él. Así, parte de la remuneración de los empleados se destina a este producto.
Existen tres modalidades. Por un lado, la de aportación definida, en la que se fija de antemano la cantidad que se aporta al plan anualmente, pero no está garantizada la cuantía de las prestaciones futuras del plan. Por otro lado, se encuentra la modalidad de prestación definida, no muy habitual. En este caso, se establece la cuantía que percibe el beneficiario. El tercer modelo es el mixto, que define la cuantía de la aportación y de la prestación.
Este vehículo no está muy extendido en España a tenor de los datos aportados por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). En 2020, cerca de 2 millones de personas tenían un PPE, una cifra muy alejada de los más de 7 millones de partícipes que tienen los planes de pensiones individuales, aquellos cuyo promotor son entidades de crédito y sus partícipes puede ser cualquier persona que los contrate, a diferencia de los PPE a los que solo pueden adherirse los trabajadores.
"Debemos recordar que en España no es obligatorio para las empresas, a diferencia de otros países, la suscripción de un plan de pensiones de empleo para sus empleados. Además, tampoco disponen de ninguna ventaja fiscal ni reciben impulsos para desarrollar estos planes", señala Esther Pichardo, directora de Ahorro y Pensiones de BanSabadell Vida y Pensiones.
Asimismo, la experta destaca que en España no hay un buen entorno que permita el fomento de estos productos: "Nuestro tejido empresarial se basa en pymes y autónomos, los primeros con mayores dificultades para acceder a este tipo de productos; los segundos, actualmente, imposibilitados. Además, no podemos olvidar que las aportaciones a estos productos representan un incremento en el coste salarial, y no todas las empresas están en condiciones de asumirlo, ni todos los trabajadores lo valoran y lo prefieren frente a una subida salarial en su cuenta corriente".
Precisamente, la baja concienciación social sobre la necesidad de ahorrar de cara a la jubilación es otro de los frenos para este tipo de vehículos, ya que España es uno de los países más generosos entre los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como demuestra su tasa de reemplazo. Este indicador muestra el porcentaje que supone la pensión pública respecto al último salario cobrado o, de forma más clara, si alguien cobraba 1.200 euros y su pensión es de 800 euros, la tasa de sustitución, como también se la conoce, será del 67%. La tasa bruta de reemplazo en España para un salario medio es superior al 80%, mientras que la media de otros países europeos apenas supera el 40%.
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Más incentivos a los planes de empleo
Con el objetivo de incentivar los PPE, los Presupuestos Generales del Estado incluyen una modificación en el límite de las aportaciones anuales a estos productos de jubilación. Si en 2020 se podía aportar un máximo de 8.000 euros anuales a un plan de pensiones individual, en 2021 esta cantidad se reduce hasta los 2.000 euros. En la otra cara de la moneda se encuentran los planes de empleo, en los que las empresas pueden aportar hasta 8.000 euros. Ambas opciones pueden combinarse, es decir, entre la aportación del partícipe y la de empresa, se podría destinar hasta un máximo de 10.000 euros.
¿Será esta medida suficiente para impulsar los planes de empresa? Para Pichardo "no". Este cambio en la fiscalidad debería ir acompañado de "otras medidas como son las ventajas fiscales para las empresas que las realicen, la obligatoriedad de recibir una parte del salario en este tipo de productos por defecto y la adaptación del producto para autónomos".
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También debería ser más ventajosa la fiscalidad para los trabajadores. Como recuerda la experta, si bien se reduce la base imponible durante los años en que se realizan las aportaciones, "luego se debe tributar por la totalidad de lo ahorrado, más los rendimientos generados, como rendimientos del trabajo. En muchos casos, la tributación por rendimientos del trabajo es a un porcentaje superior que los rendimientos del capital mobiliario, que es por lo que tributan los beneficios del resto de los productos de ahorro. Como mínimo, debería regularizarse esta desventaja respecto a la tributación de los rendimientos o plusvalías de los planes de pensiones como el resto de productos de ahorro".
Otras de las medidas que podría adoptarse para impulsar este vehículo es la obligatoriedad de recibir una parte del salario en este tipo de productos por defecto. A este respecto, Pichardo destaca que "en países como el Reino Unido los empresarios deben suscribir un plan de empleo para sus empleados con un porcentaje del salario. El trabajador puede salir del plan, pero la tasa de abandono es muy baja, ya que la mayoría de las personas tenemos un sesgo cognitivo que nos empuja a mantener la situación actual, a no realizar cambios. Y esto es lo que precisamente ocurre con los planes de empleo en el Reino Unido". Precisamente, en otros países como Australia, Holanda o Suiza este producto está muy desarrollado debido a su obligatoriedad.
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El peso de la pirámide poblacional
España es un rara avis dentro de los sistemas de pensiones, ya que solo existe un pilar obligatorio para abordar las jubilaciones, que son las cotizaciones a la Seguridad Social, mientras que los pilares complementarios y voluntarios no se encuentran lo suficientemente desarrollados. Esto no tendría que ser un inconveniente si no fuera porque el peso de la pirámide poblacional invertida va haciendo mella. En otras palabras, el país cuenta con una población envejecida mucho mayor que la de cotizantes.
Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la población en España aumentará hasta los 54 millones de habitantes en 2050, mientras que la población en edad de trabajar se mantendrá por encima de los 30 millones de personas durante todo el horizonte de previsión. Como consecuencia, la tasa de dependencia (entendida como población de más de 66 años dividida entre la población de entre 16 y 66 años) alcanzará el 53% en 2050. Por tanto, dentro de 29 años habrá 1,16 trabajadores por cada jubilado (en 2019 había cerca de dos cotizantes por cada pensionista).
Según el 'Mercer CFA Institute Global Pension Index' de 2020, España ocupa el puesto 22 de 39 de los sistemas de pensiones analizados. "La pandemia está causando un gran impacto en los sistemas de pensiones y, previsiblemente, modificará el escenario de inversión, empleo y esperanza de vida durante años, incluso décadas", afirma Miguel Ángel Menéndez, director del área de Wealth de Mercer España. "El sistema de pensiones en España requiere de una profunda y urgente revisión para aumentar la cobertura de empleados con PPE mediante adhesión automática -similar al sistema del Reino Unido, así como aumentar la contribución de la fuerza laboral de edad avanzada", añade.
Entre las medidas y los objetivos comunes que un buen sistema de pensiones debe adoptar, el 'MCGPI 2020' señala: contar con al menos un 70% de tasa de reemplazo, que el 80% de la población activa se acoja a un PPE, que los activos invertidos superen el 100% del producto interior bruto (PIB) y que la población de entre 55 y 64 años suponga el 80% de la población activa, además de un sólido esquema regulatorio y de gobernanza. Los mejores países a este respecto son Países Bajos, Dinamarca e Israel.
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