Entre los diversos temas abiertos cuya resolución urge al Gobierno para acceder al Fondo de Recuperación Europeo, también conocido como Next Generation EU, la reforma de las pensiones es uno de los más acuciantes. El Ejecutivo debe enviar a Bruselas un plan en el que detalle las reformas y las inversiones que se llevarán a cabo como condición para recibir los fondos europeos. A principios de abril, se presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que ya esbozaba algunos de los planes del Gobierno en materia de pensiones. No obstante, aún no se ha cerrado un acuerdo definitivo con los agentes sociales. Tras casi un mes con las negociaciones en punto muerto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se reunió el pasado lunes 19 con los sindicatos y la patronal para intentar avanzar en el proceso.
Uno de los puntos conflictivos para el entendimiento estaba en la fórmula de revalorización de las pensiones. Ahora, según la primera gran cesión del Ministerio a los sindicatos con miras a avanzar en la negociación, los pensionistas tendrán ganancias de poder adquisitivo cuando la inflación sea negativa y se consolidarán en su prestación sin compensaciones posteriores. Una medida relevante si se observa que en los últimos años, en los que el índice de precios de consumo (IPC) cerró en negativo, la inflación se ha estancado cerca del 0%.
De este modo, las pensiones subirán siempre igual que el IPC del año anterior salvo en los ejercicios en los que caigan los precios, en los que las prestaciones se verán congeladas. De ello se desprende que la futura reforma no se limitará a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, sino que también lo incrementará cuando el IPC sea negativo.
Por otro lado, para garantizar la sostenibilidad del sistema y, por tanto, resolver el desequilibrio entre ingresos y gastos al que parece abocado por el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, el Gobierno tendrá necesariamente que incrementar los ingresos de la Seguridad Social. La creación de empleo se presenta como el cauce adecuado para fomentar a todos los efectos, además de nuevas reformas en el sistema público de pensiones.
Para Inmaculada Domínguez, profesora de Economía Financiera y experta en Pensiones, la sostenibilidad del sistema de pensiones está asegurada, aunque, tal y como explica en el Podcast de Banco Sabadell, las prestaciones tendrán que ser necesariamente algo más reducidas de lo que lo son actualmente para asegurar la sostenibilidad.
Para Domínguez, con las reformas ya aprobadas, las del año 2011 y 2013, las pensiones bajarán un 20%, por lo que complementar las prestaciones será más necesario que nunca en el futuro para mantener el nivel de ingresos tras el retiro.
Endurecimiento del sistema
Ligado al IPC y, siempre buscando la sostenibilidad de las cifras, el Ejecutivo basa su propuesta de futuro en endurecer las condiciones de acceso a la pensión pública completa. Todo ello pasa –dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado y en línea con lo acordado en el Pacto de Toledo– por varios puntos:
- Rebajar el número de jubilaciones anticipadas penalizando dicha modalidad.
- Fomentar el retraso en la fecha de jubilación (buscando mantener al alza la cifra de trabajadores que coticen), a través de incentivos del 4% por cada año de retraso, que se podrían traducir hasta en 12.060 euros anuales. Se trata de un aspecto que se buscará potenciar también en el entorno empresarial, con beneficios para aquellas compañías que mantengan en activo a los empleados más senior.
- Ajustar, sobre una base de cálculo vinculada al IPC, un nuevo índice de revalorización de las pensiones que garantice el poder adquisitivo del jubilado. El objetivo es que, al margen de cualquier inflación negativa, las pensiones nunca bajen.
- Incrementar el periodo de cotización para el cálculo de las pensiones más allá de los 25 años ya previstos el año próximo. Eso sí, se podrán seleccionar los años que se incluyan en el cómputo final.
- Poner en marcha un sistema de cotización de autónomos (actualmente, casi el 85% de los autónomos cotiza por el mínimo) más acorde a los ingresos reales del trabajador y nuevas condiciones para solicitar ayudas.
- Revisar al alza las bases mínimas de cotización para esquivar el tope de 4.070 euros al mes (el trabajador no cotiza por el montante que quede por encima de esa cifra), para incrementar los ingresos de la Seguridad Social.
- Por otro lado, se estima recuperar con impuestos, a partir de 2023, unos 20.000 millones de euros de cargas asumidas por la Seguridad Social que no corresponden a la misma por no tener relación con las pensiones contributivas.
Por lo pronto, para el actual año 2021, la prevista revalorización de las pensiones del 0,9% parece desdecir la inicial propuesta del ministerio de recorte de las pensiones en los años posteriores a una deflación. Algo ya más en línea con las medidas presentadas ante Bruselas y que, en todo momento, buscan garantizar el poder adquisitivo del pensionista. Si el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General (TGSS), como garantes del sistema, pretenden salvaguardar su salud financiera, las nuevas medidas para fomentar la sostenibilidad y solidaridad entre distintas generaciones podrían resultar claves.
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Con todo, el aumento de la esperanza de vida implica que los ciudadanos disfrutarán más años de la prestación pública, por lo que es evidente que “se avecinan cambios y, no nos engañemos, serán para reducir la cuantía de pensión porque hay que bajar el gasto del sistema”, señala Domínguez.
En este sentido, la experta hace hincapié en la necesidad de informar a los ciudadanos de forma correcta para que puedan planificar con tiempo su jubilación. Domínguez cree que en España falta información al respecto, ya que la mayoría de los ciudadanos sabe que recibirá una pensión cuando llegue el momento del retiro, pero desconoce cómo se calcula y a qué nivel puede llegar.
En cualquier caso, aún queda camino por recorrer en las negociaciones del Gobierno con los agentes sociales, con dos obstáculos principales. Por un lado está la cuestión de la penalización para las jubilaciones anticipadas, que el Gobierno quiere endurecer para las rentas altas buscando suprimir la regresividad actual. Por otro lado, se perfila el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones, de cara a evitar que todo el coste recaiga sobre los jóvenes, algo que pretende abordarse a través de mayores impuestos y cotizaciones.
El desafío es complejo, porque la última cesión del Gobierno ante las exigencias de los sindicatos supone, justamente, un incremento estructural del gasto en pensiones que afectará a la sostenibilidad de las cuentas públicas. Y esta cuestión es una de las demandas básicas de la Comisión Europea para aceptar el reparto de los fondos europeos.
