Para contrarrestar el efecto de la crisis derivada de la COVID-19 se ha desarrollado un conjunto de medidas fiscales destinadas, esencialmente, a poder seguir financiando el Estado sin agravar la asfixia del tejido empresarial. Todo un ejercicio de funambulismo económico cuya verdadera eficacia solo podrá medirse con la perspectiva del tiempo. Los expertos, no obstante, coinciden, por el momento, en que podría desembocar en buenos resultados.
A finales del mes de julio apenas había recuperado una cierta normalidad el 53% de las más de 90.000 compañías que cerraron durante el confinamiento que paralizó casi por completo la actividad económica.
Puede interesarte: ¿Cuándo llegará realmente la recuperación económica?
A raíz de ello, el Gobierno ha activado una serie de estímulos tributarios destinados a amortiguar las cifras negativas de las empresas. Esta política, inevitablemente, ha redundado en perjuicio de la recaudación y ha abierto una brecha en las arcas públicas.
Según los cálculos de la Agencia Tributaria, las medidas puestas en marcha han supuesto un agujero de 2.840 millones de euros en los ingresos fiscales. De esta cantidad, 2.111 millones de euros son pérdidas como consecuencia de los aplazamientos concedidos a las empresas, a las compañías con deudas aduaneras y a los contribuyentes a la espera de financiación.
Rebajas, exenciones y plazos
La estrategia de desahogo fiscal ha tenido como principales beneficiarios a las pymes y los autónomos, que han sido y siguen siendo los más afectados por las restricciones. A continuación se destacan las medidas más importantes:
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): se ha establecido un tipo impositivo del 0% para las adquisiciones de material sanitario por parte de entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios. El tipo impositivo aplicado a las publicaciones digitales también se ha reducido al 4% e iguala al libro físico. Asimismo, se ha modificado el ingreso a cuenta de este impuesto de modo que los días naturales que coincidan con el decreto de estado de alarma no computen como días de ejercicio de la actividad. Además, se ha permitido el aplazamiento del pago a las personas o entidades con un volumen de operaciones no superior a seis millones de euros en el año 2019, siempre que la deuda aplazada no supere los 30.000 euros.
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): al igual que sucede con el IVA, el cómputo de los pagos fraccionados de este tributo no incluirá los días naturales en los que estuviera vigente el estado de alarma. También se ha extendido el plazo de presentación para quienes presenten un volumen de operaciones no superior a los 600.000 euros en 2019.
- Impuesto sobre Sociedades: se ha ampliado la fecha límite de la declaración de este impuesto hasta el 30 de noviembre para evitar la inseguridad jurídica de aquellas empresas que, a causa del estado de alarma, no hayan podido tener sus cuentas anuales listas a tiempo.
¿Cómo recaudar sin ahogar el tejido productivo?
Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), aplaude la aplicación de la fiscalidad de urgencia, aunque recuerda que el futuro sigue siendo incierto.
"Las medidas de aplazamiento han sido oportunas, especialmente en lo referente al impuesto sobre Sociedades, que es el área donde peores consecuencias ha tenido la COVID-19. Hay que tener en cuenta que las empresas que más han sufrido los efectos no verán gravados sus beneficios", concede Cruzado. "No obstante, hay que ver cómo evoluciona la situación y cómo se reacciona. Se pensaba que la pandemia estaba controlada y no ha sido así, así que habrá que diseñar iniciativas para lo que venga".
En cuanto a la caída en la recaudación fiscal, admite que "no se puede hablar de normalidad en estos momentos en el área impositiva". En su opinión, es difícil hacer un análisis sobre las pérdidas, tanto a nivel macroeconómico como de recaudación. "La caída del consumo por el desempleo está lastrando la recaudación también, por lo que resulta aventurado realizar un análisis certero sobre las pérdidas de las arcas públicas", explica.
El presidente de Gestha no duda en declarar que son las autonomías y los ayuntamientos sobre quienes recae ahora la responsabilidad de auxiliar al tejido empresarial: "Son los impuestos autonómicos y municipales los que tienen la ‘pelota en el tejado’ y deben ‘dar en la tecla’, pues recaudan impuestos que no tienen que ver con el beneficio".
Hay sectores, subraya Cruzado, que no han registrado pérdidas e incluso han aumentado sus beneficios en los últimos meses, como es el caso del digital, el tecnológico o el de los suministros. "La ley de tributación a los servicios digitales que se está tramitando, por ejemplo, puede aportar mucho", afirma. En el caso de la electrónica, por ejemplo, la evolución ha sido positiva en los últimos meses respecto al mismo periodo en 2019, según Pulso, la herramienta de Banco Sabadell que a través de las interacciones con Terminales de Punto de Venta (TPV) del banco permite analizar en tiempo real la evolución económica.
Fluidez y transparencia
"La fiscalidad del siglo XX no es viable en el siglo XXI". Esta es la premisa de la que parte Rober Gonpane, analista fiscal vinculado a la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC), que celebra las "políticas expansivas" con las que la Unión Europea ha respondido a los retos de la pandemia, "contrariamente a lo que ocurrió durante la crisis de 2008”, cuando se apostó por la austeridad.
Puede interesarte: Cómo aprovechar el Fondo de Recuperación Europeo
A su parecer, las medidas adoptadas hasta ahora han sido oportunas porque se ha inyectado dinero en la economía, por lo que la liquidez "fluye", alimentando la actividad empresarial y comercial. Eso sí, "tienen que hacerse realidad las promesas de inversiones estatales y comunitarias", puntualiza.
Gonpane es tajante en su respuesta a la pregunta de si es posible recaudar sin ahogar el tejido productivo: "Por supuesto", sentencia, "pero para eso hay que acabar con la economía sumergida y los paraísos fiscales". “Si pagaran todos los que no pagan, habría menos presión fiscal sobre las pymes y los autónomos", concluye.
