Empresarios, directivos y expertos de universidades y centros de investigación económica españoles consideran crucial la colaboración entre la Administración y las empresas para que España sea capaz de sacar el máximo provecho de estas ayudas, pero temen la falta de información sobre qué proyectos son financiables por ellas.
“Reformar nuestras economías y remodelar nuestras sociedades”, así resumía el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, cómo debía ser la recuperación del daño causado por la COVID-19 en la Unión Europea (UE). Y, con esos preceptos vio la luz el pasado 21 de julio el inédito Fondo de Recuperación Europeo, del que España recibirá unos 140.000 millones de euros y, de los cuales, 72.000 millones se darán en ayudas directas. Pero, ¿cómo se piden y se reparten estos fondos que la UE prevé movilizar entre 2021 y 2023?
Los Gobiernos disponen de menos de un mes, hasta el 15 de octubre, para enviar a Bruselas sus planes nacionales de recuperación y así optar al desembolso de las ayudas, que comenzará a partir de principios de 2021. En concreto, se valorarán positivamente programas relacionados con la digitalización y la transición ecológica, así como aquellos que persigan el fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del país.
¿Y qué se tendrá en cuenta para evaluar los planes que España presente en Bruselas? Los programas con las reformas e inversiones que cada país proponga deben seguir las recomendaciones específicas (CSR, por sus siglas en inglés) que emite la Comisión Europea. Unas sugerencias que, en el caso de España, exigen reformas relacionadas con la educación para evitar el abandono escolar y fomentar la Formación Profesional, así como más prestaciones sociales a las familias vulnerables, e incluyen también advertencias sobre la viabilidad del sistema de pensiones o destacan posibles cambios en la reforma laboral.
A partir de su recepción, la Comisión los analizará durante un periodo de dos semanas, y será en las cuatro semanas posteriores a la superación de ese análisis cuando el Consejo deberá aprobarlo por mayoría cualificada, es decir, el voto positivo de 15 Estados miembros que sumen el 65% de la población de la UE. No obstante, existe la figura del ‘freno de emergencia’, a través del cual uno o varios estados miembros podrían exigir la revisión de alguno de los programas, si consideran que no está en línea con lo negociado. En este caso, será el Consejo Europeo el encargado de decidir si el programa continúa o no.
Dicho lo cual, aquellos países que consigan adaptar o enfocar sus estrategias hacia esos requisitos evaluables por la Comisión, tendrán más oportunidades de ser receptores de los fondos.
Algunos países, como Francia, ya han aprobado su programa de inversión, explicitando la parte que se financiará con ayudas europeas y cómo se articulará el programa con los presupuestos generales, algo que en el caso de España, se retrasará hasta que no exista un acuerdo con respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Si este borrador se retrasara, también lo haría el acceso a los fondos, teniendo en cuenta también el periodo que necesita la Comisión Europea para examinar las peticiones y el Consejo para aprobarlas.
En este contexto, la pregunta que sobrevuela entre directivos y expertos españoles es a dónde van a ir destinadas estas ayudas y cómo se puede uno acoger a ellas. En este sentido, empresarios, directivos y expertos de universidades y centros de investigación económica españoles consideran crucial la colaboración entre la Administración y las empresas para que España sea capaz de sacar el máximo provecho de estas ayudas, según una encuesta realizada por PwC sobre el Fondo Europeo de Recuperación. Concretamente, el 44,2% de los encuestados cree que sería necesaria la creación de un grupo de trabajo, coordinado por la Presidencia de Gobierno, que se ocupe de preparar los proyectos en colaboración con las empresas españolas y con las comunidades autónomas.
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La falta de información acerca de las ayudas, la mayor preocupación de los empresarios
Los expertos, directivos y empresarios que han participado en el estudio no las tienen todas consigo y temen que la falta de información no permita a las empresas españolas beneficiarse de los fondos. Solo el 9,6% de los encuestados asegura que el sector privado es plenamente consciente de su existencia y de cuáles son los procedimientos para poder acceder a los mismos, mientras que un 37,5% cree que hay un enorme desconocimiento por parte de las empresas sobre cómo plantear propuestas viables y de qué tipo de proyectos serán financiados por el programa de recuperación. Por ello, para dar apoyo técnico a las compañías y aprovechar eficazmente los recursos procedentes del Fondo Europeo de Recuperación, se ha creado una Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos, de la mano de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y PwC.
Las grandes reformas que necesita España
El Fondo de Recuperación Europeo tiene como grandes objetivos la transformación digital, verde e inclusiva, y la intención es que sean estos proyectos los que aglutinen un mayor apoyo económico. Sin embargo, al preguntar a los directivos y los empresarios sobre si estas prioridades responden a las necesidades de la economía española, no hay una opinión claramente definida, aunque el 40% considera que estos objetivos son lo suficientemente genéricos como para poder incluir bajo cada uno de ellos las grandes inversiones que necesita el país. Otro 38,7% cree, sin embargo, que estos ejes no coinciden con las prioridades del país.
La opinión de los encuestados es más evidente al ser preguntados por las que deberían ser las grandes reformas estructurales que necesita España. En este caso, el 68,6% opina que la reforma más importante sería la educativa, seguida de la del mercado laboral, con un 50,4% de las opiniones, de las pensiones (47,6%) y por una reorganización de la fiscalidad (40%).
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En general, existe una falta de certidumbre entre los entrevistados sobre si España conseguirá aprovechar los fondos europeos para transformar la economía, ponerla al nivel económico de los países del norte de Europa y tener más influencia en la Unión Europea.
Para ello, una reforma crucial es la de la prevención del riesgo de insolvencia de una gran parte del aparato productivo, señala el estudio. Después de meses de parálisis o de actividad reducida, muchas empresas están al borde de la quiebra pese a ser viables. Los sectores de la hostelería, de la restauración, del transporte, de las actividades culturales y de otros servicios que se basan en el contacto humano son los más afectados.
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En este sentido, se necesita identificar cuáles son los negocios que tienen una probabilidad razonable de ser viables a medio plazo, pero que necesitan inyecciones de capital. Para conseguirlo, Alemania ha ampliado las competencias de su agencia de garantías de crédito (la KfW) y Francia se dispone a adoptar medidas dentro del plan nacional de recuperación.
La gestión de los fondos europeos será otra de las mejoras necesarias para reforzar la credibilidad del plan. España apenas ha gastado poco más de uno de cada tres euros asignados para el periodo presupuestario europeo 2014- 2020, el porcentaje más bajo en la Unión Europea, después de Grecia y Eslovaquia. En definitiva, las ayudas europeas deben ir acompañadas de nuevas reformas que respondan a la gravedad de la crisis, así como de la elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado coherentes.
