La revalorización de las pensiones incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se empieza a notar en las nóminas de los beneficiarios. La pensión media del conjunto del sistema en todas sus modalidades, que incluye la de jubilación, la de incapacidad permanente, la de orfandad y la de a favor de familiares, sobrepasó en febrero por primera vez en la historia la cota de los 1.000 euros mensuales. En concreto, se elevó a 1.006,85 euros, un 2,2% más que hace un año, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Si se observan los datos por clase de pensión, se ve que la pensión media más alta, sin duda, es la de jubilación, con 1.156,26 euros al mes. El resto de prestaciones de la Seguridad Social quedan por debajo de ese listón de 1.000 euros. La de incapacidad se sitúa en los 986,3 euros; la de viudedad, en 722,65 euros al mes; la de favor de familiares, en 586,03 euros; y la de orfandad, en 409,63 euros. En total, en febrero de este año, la Seguridad Social pagó algo más de 9,8 millones de prestaciones, con un coste total de 9.872,32 millones de euros, un 3,23% más que en febrero de 2020.
Lo cierto es que la factura mensual que tiene que abonar el Ministerio no para de aumentar y no solo por los incrementos que cada año aprueba el Gobierno. Un elemento que influye mucho en el sistema es el llamado efecto sustitución, que consiste en el acceso al sistema de nuevos beneficiarios con mejores carreras de cotización y derecho, por tanto, a una prestación más elevada. Mientras que los nuevos pensionistas cobran una pensión de 1.380 euros de media, las prestaciones de quienes fallecen y salen del sistema apenas llegan a los 1.000 euros.
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Además, hay otro elemento que añade presión al sistema: el cambio demográfico que se ha producido en España en el último siglo por el progresivo envejecimiento de la población. Cada vez son más los pensionistas que se incorporan al sistema y, además, cobran durante más tiempo las prestaciones porque viven más años. El aumento de la esperanza de vida es una buena noticia que demuestra que la sociedad avanza y mejora, pero tiene consecuencias que no deben perderse de vista en cualquier estado de bienestar, al suponer una mayor carga económica.
En 1960 la población de más de 65 años en España suponía el 8,2% del total, mientras que en 2020 ha llegado al 22,9%. Y lo más importante es que el proceso de envejecimiento, lejos de frenarse, continúa de forma intensa. Las últimas previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que en el año 2050 el 31,4% de la población tendrá más de 65 años y el 11,6% tendrá más de 80 años. Estas previsiones muestran cómo España va a pasar de empezar el siglo XXI siendo un país relativamente joven y con una tasa de dependencia inferior a la media de la Unión Europea (UE), a ser uno de los países más envejecidos de Europa en el año 2050.
El cambio demográfico
Hay tres factores que explican los cambios demográficos que ha vivido España durante los últimos años y que seguirá viviendo en el futuro: la evolución de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida y los flujos migratorios. La fecundidad se ha reducido de forma considerable desde el año 1900 al pasar de 4,7 hijos por mujer a 1,23 en 2019. Estos valores sitúan a España entre los países industrializados con una tasa de fecundidad más baja. En paralelo, la edad media a la que se tiene el primer hijo ha pasado de 25,3 años en 1975 a 31,1 años en 2019, lo que supone casi seis años de diferencia.
Además, en España, se vive durante más tiempo que en otros países. En 2018, era el país con mayor esperanza de vida al nacer de la UE, el único que superaba los 83 años gracias a las mujeres españolas, campeonas en longevidad con una expectativa al nacer de 86,1 años. Por su parte, la inmigración provocó un importante aumento de la población en España en el período 2000- 2009, lo que contribuyó al rejuvenecimiento demográfico.
Gracias a estas variables (natalidad, esperanza de vida e inmigración), se ha transformado significativamente la pirámide de población española respecto a la que había hace más de 100 años. Se ha estrechado la base, se ha ampliado la parte central (población de entre 35 y 59 años) y ha aumentado el peso de los mayores. En el futuro, esta famosa pirámide seguirá cambiando hasta que la forma se invierta casi por completo.
El progreso económico y social de las últimas décadas explica que los ciudadanos vivan cada vez más y en mejores condiciones. Sin embargo, es importante que los individuos entiendan estos cambios y adapten sus decisiones a la nueva realidad demográfica, puesto que se avecinan importantes retos para la economía y el estado de bienestar en las próximas décadas. Tanto el sistema sanitario, como el de pensiones y la dependencia tendrán que adaptarse para poder asegurar la atención a todos los ciudadanos.
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Y junto a las reformas, será necesario fomentar una mayor cultura del ahorro en los ciudadanos para ayudarles a planificar con tiempo su etapa final de la vida. El CEO de Pensium, Miquel Perdiguer, explica en el Podcast de Banco Sabadell la importancia de empezar a planificar y ahorrar para la jubilación cuanto antes. A su parecer, dentro de 20 años, las personas se jubilarán algo más tarde y tendrán “menos dinero en el bolsillo”.
Los españoles ahorran poco
Los españoles son de los europeos que menos ahorran pensando en el futuro y resulta vital insistir en este mensaje para que el día de mañana puedan complementar su pensión o financiar el pago de una residencia si lo necesitan. Habrá muchas personas que lleguen a su jubilación en buenas condiciones físicas y mentales, pero no todas tendrán la misma suerte. Previsiblemente, un porcentaje importante de los jubilados de 2035 será dependiente.
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¿Cuándo hay que empezar a ahorrar? La respuesta es sencilla, cuanto antes, mejor. La diferencia entre iniciar el ahorro a los 32 años o a los 45 años es muy notable. Una persona que empiece a ahorrar con 32 años obtendrá el doble de lo que hubiera obtenido de empezar con 45 años. Y ¿qué se puede hacer para incentivar el ahorro? Es necesario transmitir mensajes institucionales claros, implantar la educación en los colegios y facilitar una mayor información y transparencia sobre las pensiones públicas y privadas. Además, se requiere una estabilidad normativa, sobre todo, en el marco fiscal.
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