España envejece. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la actualización de sus proyecciones demográficas en las que estima que, si se mantienen las tendencias actuales, el 26% de la población residente en España tendrá 65 años o más dentro de 15 años. Se trata de una cifra muy preocupante que evidencia el reto demográfico que tiene por delante el país y la presión que sufrirá el sistema de pensiones.
En España, las pensiones de jubilación y otras prestaciones están protegidas y reconocidas por el artículo 50 de la Constitución: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.
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El sistema de pensiones español es de reparto, lo que significa que las prestaciones que perciben los jubilados se financian con las cotizaciones que pagan las personas que están trabajando en ese mismo momento. Es un sistema que se basa en la solidaridad intergeneracional y que garantiza que todos los ciudadanos del Estado español tengan derecho a su pensión por jubilación, independientemente de la región en la que vivan. Los trabajadores financian las pensiones y confían en que las futuras generaciones financien las suyas.
Este sistema se basa en el principio de proporcionalidad contributiva, es decir, la cuantía de las prestaciones que se perciben en la jubilación guarda una relación directa con las cantidades que se han aportado a lo largo de años como trabajador. En cualquier caso, es un sistema universal que asegura también pensiones para cubrir las necesidades más básicas a los ciudadanos que no han contribuido lo suficiente durante su vida laboral.
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En España, este sistema se aplica desde los años 70 y ha funcionado relativamente bien hasta ahora. El problema es que se basa en la pirámide de población de un país y necesita una base amplia de trabajadores que lo financien. Las proyecciones del INE indican que la pirámide va a cambiar. La base de trabajadores va a ser mucho más pequeña en el futuro y, en cambio, aumentará considerablemente el número de pensionistas a los que habrá que sostener.
Las cifras evidencian el problema. La población de 65 años o más suponía el 10,2% del total en el año 1975, el primero de los registros del INE. Hoy en día supone el 19,6% de la población, prácticamente el doble, y en 2035 llegará al 26,5%. Eso significa que dentro de 15 años uno de cada cuatro españoles tendrá 65 años o más y será pensionista. Otro dato revelador: la población centenaria, es decir, los ciudadanos con 100 años o más, se multiplicará por tres en estos 15 años y pasará de las 12.551 personas en la actualidad a 41.836 personas en 2035.
Uno de los indicadores que mejor representa el problema del sistema de pensiones es la tasa de dependencia, que relaciona el número de jubilados con la población en edad de trabajar, que es la que financia las pensiones. Esta tasa apenas superaba el 10% en 1975. En 2020 se ha situado en el 30,2% y en 2035 será del 43,2%. En 2050 tocará un máximo de 56,9%, y supondrá que habrá dos personas trabajando en España por cada pensionista.
Esperanza de vida y tasa de natalidad
El aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad explican este fenómeno. Que los ciudadanos vivan más tiempo es sin duda una señal de progreso para cualquier sociedad, pero puede convertirse en una situación difícil de gestionar si se combina con una tasa de natalidad que lleva años en descenso.
Aunque la actual crisis de la COVID-19 va a suponer una disminución coyuntural de la esperanza de vida en 2020, el descenso se recuperará en 2021. Y posteriormente seguirá creciendo. En 2035, año que se ha fijado como referencia para este análisis, la esperanza de vida superará los 83 años en el caso de los hombres (tres años más que en 2020) y se acercará a los 88 años en el caso de las mujeres (dos años más que en 2020).
En cambio, el número de nacimientos seguirá cayendo hasta 2027, continuando con la tendencia iniciada en 2009. No obstante, a partir de 2028 los nacimientos comenzarán a aumentar debido a la llegada de generaciones más numerosas a las edades de mayor fecundidad. En concreto, las nacidas a partir de la segunda mitad de los años 90. Así, el número medio de hijos por mujer será de 1,31 en 2034, frente al 1,23 actual.
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Aun así, los nacimientos siempre estarán por debajo de las defunciones. De hecho, el INE estima que en España habrá más defunciones que nacimientos durante los 15 próximos años, es decir un saldo vegetativo negativo. Este saldo vegetativo alcanzará el valor más bajo en torno a 2060, y se prevé que se irá recuperando levemente a partir de entonces.
A pesar de este saldo vegetativo, la población de España aumentará casi un millón de habitantes en 15 años. ¿Por qué? Por la inmigración, otro fenómeno que resulta crucial para la evolución demográfica de un país. La llegada de inmigrantes se mantendrá y hará que España supere los 48 millones de personas en 2035 y los 50 millones en 2070. Se verá ligeramente afectada en 2020 y 2021 por la COVID-19, pero volverá a coger ritmos importantes de crecimiento cuando finalice la crisis sanitaria. La inmigración hará que España siga ganando población, pero no resolverá el problema del envejecimiento, ni la presión a la que se verá sometido el sistema de pensiones.
Complementar la pensión pública
Como ya se ha comentado, la pensión que percibe cada ciudadano guarda una relación directa con las cantidades que se han aportado a lo largo de años como trabajador. Aunque las pensiones en España son comparativamente generosas, las reformas paramétricas de los últimos años han tendido a contener el gasto moderando las prestaciones para asegurar la viabilidad del sistema.
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Para complementar la pensión de cara a la jubilación y mantener el nivel de ingresos previo al momento de retiro, existen otros dos pilares en el sistema, al margen del público o estatal: los planes de empleo y los planes de pensiones individuales. Ambos son considerados los pilares de la previsión social complementaria, puesto que sirven para complementar al sistema público sin sustituirlo. Son voluntarios, su gestión es privada y se basan en un sistema de capitalización y no de reparto, es decir, que el complemento se contribuye mediante las contribuciones que se hacen.
Los planes de empleo están poco extendidos en España. Son instrumentos de ahorro a largo plazo promovidos por las empresas y a los que los trabajadores se pueden adherir voluntariamente. Se nutren de las aportaciones de empresas y trabajadores.
Los fondos o planes de pensiones individuales son más populares que los planes de empleo y están mucho más extendidos en España. Son instrumentos que contrata el ciudadano con las aseguradoras, bancos, mutualidades o compañías gestoras de fondos de pensiones que los ofertan. Están regulados por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que depende del Ministerio de Economía.
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Son instrumentos pensados para ahorrar a largo plazo. De hecho, no se pueden rescatar hasta el momento de la jubilación, salvo casos excepcionales. Sin embargo, en los últimos meses se introdujeron cambios para flexibilizar el rescate durante un tiempo, por la crisis de la COVID-19. Así, al igual que en la crisis de 2008, cuando hubo problemas de liquidez, los planes se pudieron utilizar para hacer frente a pagos de la cuota de hipotecas, “entre abril y septiembre los planes de pensiones también colaboraron con el bien general permitiendo complementar los ingresos de autónomos y empleados que habían visto reducida su facturación por la crisis de la COVID-19”, afirma Esther Pichardo, Directora de Ahorro y Pensiones de BanSabadell Vida y Pensiones.
Además, los planes de pensiones se diferencian de otros productos de ahorro porque cuentan con una ventaja fiscal importante: las aportaciones se pueden deducir en el IRPF, lo que permite reducir la factura fiscal con Hacienda. Los planes no son los únicos productos para el ahorro a largo plazo, pero quizá sí los más conocidos.
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Lo cierto es que parece que la sociedad está cada vez más concienciada sobre la necesidad de ahorrar para mantener el nivel de vida tras la jubilación, aunque son muchos los estudios que aseguran que los españoles son los que menos ahorran en Europa. Por ejemplo, de acuerdo al informe de McKinsey & Company ‘The social contract in the 21st century’, tres de cada cuatro personas en España siguen sin ahorrar un solo euro para su jubilación.
