Las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 se dejan sentir en el ámbito sanitario, sin duda, pero también en el plano económico. El año 2020 rompió con siete años consecutivos de descensos del paro registrado y se convirtió en el peor ejercicio desde el año 2009 en términos de desempleo: se registraron 724.000 parados más y se destruyeron 360.000 puestos de trabajo.
Como resultado de esas variaciones, el volumen total de parados en España alcanzó la cifra de 3.888.137 desempleados en el conjunto del año 2020, mientras que la Seguridad Social acabó con 19.048.433 afiliados medios, 360.000 menos que un año antes.
Todos los sectores se han visto afectados por la pandemia, pero sin duda el sector servicios, uno de los grandes motores de la economía española, ha sufrido esta crisis con especial virulencia. Diez meses después del inicio de la crisis sanitaria muchos negocios en España siguen sin poder ejercer plenamente su actividad y muchos de ellos se han visto obligados a bajarla persiana de forma permanente.
Dentro del sector servicios, la hostelería ha sido sin duda la parcela de actividad más afectada, al perder 243.042 afiliados a la Seguridad Social en el conjunto del año, algo más del 19% respecto al ejercicio de 2019. La caída del turismo a causa de la COVID-19 ha sacudido también el sector Hoteles y Viajes, tal y como recoge Pulso, la herramienta de Banco Sabadell que permite analizar la evolución de la recuperación, en este mes de enero, la actividad económica representa un 19% respecto al mismo periodo de 2020.
Las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento también han sufrido un duro golpe, con un descenso del 16%. La industria y la construcción también destruyeron empleo.
Los sectores de la Administración Pública, la sanidad y la educación son los que han resistido mejor los embates de la crisis, como era de esperar, e incluso han sido capaces de crear empleo. La necesidad de contratar sanitarios para afrontar la lucha contra la pandemia y profesores para poder asegurar las nuevas necesidades de los centros educativos tiene su reflejo en las cifras de empleo del conjunto del año.
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Más allá del empleo
Pero el efecto del coronavirus en el Sistema de Seguridad Social no solo se nota en el empleo. Hay otro triste récord que además supone un cambio importante para el sistema: en 2020 España perdió medio millón de pensionistas, una cifra insólita para el sistema que demuestra el duro golpe que ha propiciado la pandemia a los más mayores.
Esto ha provocado una oleada de cancelaciones de pensiones de jubilación y de viudedad, los dos tipos de prestaciones de las que se benefician los ciudadanos de mayor edad, que son, al mismo tiempo, los más vulnerables a la COVID-19.
La cifra concreta de bajas es de 478.434 prestaciones, pero recoge solo las solicitadas hasta finales de diciembre, así que es probable que en el conjunto del año la cifra global supere el medio millón de personas. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que una misma persona podía estar cobrando una pensión de jubilación y una de viudedad a la vez, por lo que esta cifra no refleja exactamente el número de pensionistas que han dejado el sistema.
En paralelo, se han producido también muchas altas en el sistema, 490.928, que compensan las bajas, aunque la cifra es algo menor que las que se han conseguido en los ejercicios inmediatamente anteriores a la pandemia. Por ejemplo, en 2019 se acumularon 560.000 altas y en 2018 fueron más de 586.000.
Lo que es cierto es que los efectos de la pandemia se llevan notando en el sistema desde hace tiempo. En el mes de mayo, por ejemplo, se produjo el primer descenso en el gasto en pensiones de toda la serie histórica. En este caso, también conviene recordar que la cifra recoge, por un lado, el efecto de los decesos provocados por la COVID-19, pero también, por otro, el cierre de oficinas de atención al público por el confinamiento.
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Sin embargo, los datos hasta diciembre revelan que la nómina de las pensiones sigue creciendo, con 985,26 millones de euros al mes, un 2,31% más que en el mismo mes de 2019. Es decir, que la presión sobre el sistema de pensiones se mantiene. De hecho, el Gobierno trabaja ya en una nueva reforma sobre la base de los acuerdos cerrados en el Pacto de Toledo y aprobados por el Congreso de los Diputados.
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Mientras se aprueba o no la nueva reforma, sigue aplicándose la vigente desde 2011. De hecho, en 2021, las personas que quieran retirarse tendrán que tener al menos 66 años cumplidos si quieren cobrar el 100% de la prestación que les corresponde, o haber cotizado un mínimo de 37 años y 3 meses si quieren jubilarse con 65 años. En 2020, la edad legal de jubilación era algo menor, de 65 años y 10 meses, o eran necesarios 37 años de cotización para jubilarse a los 65 años.
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En la reforma de 2011 también se modificó el periodo de cotización que se usa para calcular la pensión de cada ciudadano. Antes de 2013, se utilizaban los últimos 15 años de la vida laboral de cada pensionista. Con la reforma la cifra empezó a aumentar de forma progresiva y en 2021 se utilizarán los últimos 24 años de la carrera profesional del afectado. El cambio culminará en 2022, cuando el periodo de cotización llegue a los 25 años.
Lo que no se cambió en la reforma aprobada en 2011 es el requisito de cotización mínima para poder acceder de forma general a la pensión de jubilación, que se mantuvo en al menos 15 años, dos de los cuales deben estar comprendidos en los 15 años anteriores a la jubilación.
Con estos cambios, se ha reducido ligeramente la generosidad del sistema, con una tasa de reemplazo (tasa que relaciona la primera pensión con el último sueldo de la vida activa) que roza el 80%, muy por encima de la media europea. La reforma de 2011 que hoy se sigue aplicando está moderando de forma muy progresiva esta tasa. Y los cambios que vendrán, también tendrán que hacerlo.
De hecho, la directora de Ahorro y Pensiones de BanSabadell Vida y Pensiones, Esther Pichardo, cree que la tasa de reemplazo puede reducirse de forma progresiva hasta converger a tasas más similares a las de los países europeos, cercanas al 65%. Por ello es muy importante empezar a prepararnos y poder determinar los impactos de cómo nos afectará individualmente esta reducción de las tasas de reemplazo. “Debemos anticiparnos y destinar una parte de nuestros ingresos mensuales al ahorro para la jubilación. Las decisiones que tomemos hoy determinarán directamente la calidad y el tipo de vida que tendremos tras la jubilación”, afirma.
Planificar es clave, de ahí la importancia de una de las medidas que sin duda serán de nuevo objeto de debate en los próximos meses, el envío de la famosa ‘carta naranja’ a los pensionistas, una carta en la que se informa a los trabajadores de la pensión que recibirán en función de lo que han ido cotizando para que sean conscientes de la jubilación que tendrán en el futuro. Es un sistema muy habitual en muchos países de la Unión Europea que ha vuelto a poner sobre la mesa el Pacto de Toledo.
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