A día de hoy, la incertidumbre en torno a las previsiones demográficas y macroeconómicas es elevada, lo que genera un abanico de escenarios de riesgo. Algunos de ellos ponen en cuestión la sostenibilidad del sistema de pensiones. “La demografía es inexorable: en 2035, una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años, por lo que no podemos pretender que el Estado se encargue de todo”, asegura Miquel Perdiguer, CEO de Pensium, en el Podcast de Banco Sabadell.
No obstante, eso no significa que el sistema de pensiones no sea sostenible; simplemente, se tendrá que repartir el dinero entre más personas y la jubilación se demorará unos años.
En esta misma línea, el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) plantea un aumento del gasto en pensiones superior al contemplado en años anteriores. Estos datos proyectados podrían verse afectados por tres factores principales: un descenso del flujo migratorio que provocaría una disminución de la población en edad de trabajar; un menor dinamismo del mercado laboral; y los efectos de la COVID-19, que podrían provocar una caída del 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB), en lugar del crecimiento estimado del 1,6%.
La previsiones para 2050
El escenario central que plantea la AIReF considera un nivel bajo de dinamismo laboral, por el que el paro estructural volvería a las cifras previas a la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, en torno a un 7%. Pero estos números solo se alcanzarían mediante una serie de reformas del mercado de trabajo.
Si a esta proyección le añadimos un aumento del desempleo de hasta el 10%, la tasa de actividad (la relación entre la población activa y la población en edad de trabajar) perdería dinamismo y ascendería solo un 1% entre 2019 y 2050. Este escenario lleva a un aumento del gasto en pensiones de 1,2 puntos, hasta suponer el 15,4% del PIB en 2050, y a un incremento de la tasa de sustitución (obtenida al dividir la cuantía de la pensión y el último salario recibido) de hasta el 54,6%.
A largo plazo, la AIReF asume en su escenario principal que la crisis de la COVID-19 no tendría efectos estructurales. En cuanto a la productividad, las consecuencias de la pandemia retrasarían el crecimiento del 1,1% hasta 2050, en vez de producirse en 2035, cuando se tenía previsto. En este contexto, el gasto en pensiones aumentaría en 0,7 puntos, hasta el 14,9%, y también crecería la tasa de sustitución hasta el 55,2%.
Necesidad de la iniciativa pública y de la privad
“La situación actual se agravará en los próximos años, por lo que, con seguridad, deberán tomarse medidas estructurales que den sostenibilidad al sistema. La confianza en el futuro es la clave para la prosperidad de cualquier sociedad y su economía, y las pensiones forman parte ineludible de esa confianza”, opina Ignasi Puigdollers, socio de Mercer.
La consultora ha publicado el índice Mercer CFA Global Pension Index, en el que se analizan 39 sistemas de pensiones a nivel mundial. España ocupa la posición 22 y la peor puntuación la obtiene en la subcategoría que trata sobre la sostenibilidad del sistema.
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Puigdollers explica que estas medidas estructurales son una cuenta pendiente histórica y, en este sentido, indica que el fondo público de pensiones, que busca facilitar la adhesión de los trabajadores a los planes de ahorro a largo plazo para elevar el nivel de cobertura de la previsión social complementaria, especialmente entre autónomos, es una noticia positiva porque significa que “se está construyendo en esta dirección”.
“Para evitar decisiones que puedan suponer un cierto ‘tacticismo’, es necesaria una visión a largo plazo. La diferencia con otras crisis es que ésta además coincide con la llamada revolución tecnológica, acelerando sus efectos en aspectos de tremendo calado en los tejidos económicos y, en consecuencia, en muchos comportamientos sociales”, expone.
Para Puigdollers, esta aceleración digital aumentará el acceso a las posibilidades de canalización del ahorro, lo que facilitará la adecuación a cada caso. Además, esto dotaría al sistema de pensiones de mayor flexibilidad e impulsaría la educación ciudadana en materia financiera.
Las recomendaciones de la consultora Mercer apuntan también a un crecimiento de la cobertura de empleados con planes de pensiones de empleo mediante adhesión automática, lo que incrementaría el nivel de aportaciones y activos, y aumentaría el grado de participación de la fuerza laboral de edades avanzadas, dado que la esperanza de vida está aumentando.
“Los planes privados, tanto los individuales como los sistemas de empleo promovidos por las empresas, deben jugar un papel determinante. La prosperidad y el equilibrio social dependerán en gran medida de la salud financiera de todos los estratos, tanto por la contribución pública, cuyo alcance no es ilimitado, como por la privada. No solo por la cantidad, sino también por la decisión individual de construirla o no”, concluye Puigdollers.
Reformas pendientes
A corto plazo, la AIReF señala que sería conveniente cerrar el déficit estructural de la Seguridad Social y trasladarlo a aquellas partes de la Administración con herramientas suficientes para reducirlo. De hecho, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró recientemente que esto se producirá en 2023, dado que en estos momentos el sistema de Seguridad Social está soportando varios gastos cíclicos asociados a la COVID-19.
Sin embargo, esta previsión no debe distraer la atención de la necesidad de afrontar los retos a largo plazo. Por ello, AIReF también propone una profundización de las reformas para contener el incremento previsto del gasto en pensiones derivado del envejecimiento de la población.
Una de ellas es el retraso de la edad efectiva de jubilación en dos años, que reduciría el gasto en 0,8 puntos en 2050 y mejoraría la tasa de sustitución en 1,6 puntos. Según informa AIReF, en 2019 la edad efectiva de jubilación (definida como el momento en el que se abandona el mercado laboral) se situó en los 62,6 años, frente a la edad legal de 65 años. Se espera que la edad efectiva se sitúe en los 64,1 años en 2027, cuando la edad ordinaria será de 67 años.
Otra de las propuestas de AIReF consiste en aumentar el periodo de cómputo para la jubilación hasta los 35 años en 2027, lo que disminuiría el gasto en 0,6 puntos. Al realizar una comparativa internacional, existe margen en el aumento del número de años de carrera de cotización, que en España es relativamente bajo en comparación con países del entorno.
