La sostenibilidad y las energías renovables están de moda. Las economías basadas en el carbono son cada día más inestables, habida cuenta de unas necesidades de consumo creciente, que impide que sigan aumentando en la misma proporción los niveles de contaminación. Sin embargo, en los últimos años las cosas están cambiando con mucha celeridad. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), en las dos últimas décadas, las inversiones globales en energías renovables se han multiplicado por ocho, hasta superar los 300.000 millones de dólares anuales, batiendo, con mucho, las realizadas en los combustibles fósiles. Mientras, desde otras entidades como McKinsey & Company, se afirma que, en el año 2050, casi el 80% de la generación eléctrica del planeta provendrá de la energía eólica y solar.
Todo esto ha generado un interés inversor por los activos relacionados con la sostenibilidad, el cambio climático y las energías renovables. En la actualidad, es posible encontrar en el mercado una amplia oferta de productos financieros verdes, que abarcan desde acciones de compañías que trabajan directa o indirectamente en su cadena de valor, hasta renta fija o fondos de inversión, tanto de gestión activa como indexados.
Financiar la sostenibilidad
Entre todas estas opciones, una de las más populares es la de los denominados bonos verdes, un activo con un perfil eminentemente conservador que permite a los ahorradores con una menor tolerancia hacia el riesgo incorporar la sostenibilidad en sus carteras. Además, estarán optando a recibir intereses de manera periódica, mejorando la liquidez de su patrimonio.
Con carácter general, los bonos son una clase de instrumento financiero que da la posibilidad a las empresas privadas y a las administraciones públicas de obtener financiación contrayendo una deuda con sus inversores a cambio de ofrecerles rentabilidad. En realidad, un bono verde solo se diferencia de un bono ‘convencional’ en que se centra en la financiación de proyectos relacionados con la sostenibilidad. En los últimos años, se han producido muchas emisiones centradas en la eficiencia energética o en la mejora en el uso de las renovables, si bien, pueden tener también como foco otros ámbitos, como la economía circular, el reciclaje, la gestión eficiente de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad terrestre y acuática, la movilidad sostenible, la gestión sostenible del agua o el control en la emisión de gases de efecto invernadero.
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Sin embargo, todos ellos deben compartir, al menos, un punto en común, que es el de estar plenamente alineados con los Green Bonds Principles (GBP) que publica The International Capital Market Association (ICMA). Se trata de unos estándares globales que velan por la transparencia y la integridad de los bonos verdes a través de una serie de parámetros aceptados y avalados por la comunidad financiera internacional. Entre otros hitos, los GBP obligan a las entidades emisoras a publicar informes periódicamente para garantizar que se están cumpliendo con los compromisos que justificaron la emisión de dichos bonos, aportando con ello seguridad a los inversores.
Un segmento en continua expansión
A pesar de que pueda parecer más joven, el mercado de bonos verdes nació en 2007 con una primera emisión liderada, principalmente, por algunas entidades supranacionales como el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Unos años después, en 2014, la empresa inmobiliaria sueca Vasakronan emitió el primer bono verde corporativo. Desde entonces, estos activos no han dejado de crecer de manera exponencial, espoleados por hitos tan importantes como el Acuerdo de París, por el que un amplio número de países se comprometieron a trabajar activamente en limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados.
De acuerdo a la Climate Bonds Initiative, el mercado mundial de bonos y de préstamos ecológicos superó los 200.000 millones de dólares en 2020, de los que alrededor de la cuarta parte correspondió a bonos que contaban con la certificación GBP. Empresas de Estados Unidos, Alemania o Francia fueron las que lideraron la emisión de bonos verdes, aunque fueron las entidades chinas las que, proporcionalmente, mayor crecimiento experimentaron con respecto al año anterior.
Rentabilidad y compromiso
De acuerdo a Morningstar, en la actualidad, los inversores europeos tienen a su disposición más de 50 fondos de inversión y otros cinco fondos cotizados (ETF) especializados en bonos verdes. A finales de 2020, todos ellos gestionaban conjuntamente un volumen de activos de alrededor de 15.000 millones de euros. Por su parte, Bloomberg afirma que hay 223.000 millones de euros en deuda de bonos verdes corporativos denominada en euros. En 2020, ofrecieron una rentabilidad media del 3,4% existiendo algunos con un vencimiento previsto para el año 3020, es decir, en un milenio.
Sin embargo, más allá del retorno que ofrecen, los bonos verdes se han configurado como una herramienta clave para que tanto desde el ámbito público como desde la esfera corporativa se puedan financiar iniciativas globales en favor de una economía sostenible. Las entidades emisoras, además de reafirmar su compromiso con el planeta, demuestran el éxito en su estrategia de transición hacia un nuevo modelo de economía sostenible, a través de proyectos tangibles, transparentes y medibles. De hecho, hoy, contar con este tipo de activos es ya considerado como una ventaja competitiva para muchas empresas, configurándose como potenciales campeones del mañana.
Desde el lado del inversor, apostar por los bonos verdes permite optar a un rentabilidad mayor que la que ofrecen otros productos similares en el mercado mientras que, a la vez, obtienen, por regla general, un mayor nivel de información por parte de las empresas, debido a los estándares a los que están obligadas por los GBP. Y, todo ello, por supuesto, mientras se incorporan a proyectos sostenibles con el medioambiente que mejoran la situación presente y futura de la sociedad en su conjunto.
Quizá el único riesgo relevante, a día de hoy, es la amenaza del greenwashing, la práctica que abarca a todas aquellas empresas que intentan vender al mercado una estrategia basada en la sostenibilidad que, en realidad, no es tal. Sin embargo, los esfuerzos de la comunidad internacional en pro de una mayor transparencia están reduciendo progresivamente esta amenaza. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, se ha trabajado mucho en los últimos años para conseguir unos estándares técnicos (RTS, por sus siglas en inglés) de la taxonomía sobre sostenibilidad. Además, ya está en vigor la normativa que obliga a las entidades financieras a comunicar y a divulgar entre sus clientes todo lo que hacen en relación a temas de sostenibilidad.
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