La pandemia de la COVID-19 ha supuesto un punto de inflexión en el camino hacia la descarbonización de las economías. Si bien la llegada del coronavirus provocó una reducción sin precedentes de las emisiones mundiales durante todo el 2020, estas repuntaron rápidamente a medida que las sociedades comenzaron a reactivarse. Por ello, la vuelta a la situación anterior tampoco es la respuesta para alcanzar el objetivo establecido por la Comisión Europea de reducir, al menos, en un 55% las emisiones de CO2 de aquí a 2030, para lo que se necesitaría lograr una tasa de descarbonización global del 11,7% anual, según el informe ‘Net Zero Economy Index 2020: The Pivotal Decade’, elaborado por PwC.
Este objetivo está muy por debajo de la tasa registrada en 2019, que se situaba en un 2,4%, según el citado documento. Dicho estudio concluye, además, que la década de 2020 es fundamental para la acción climática y que se requerirá una transformación a gran escala de todos los sectores de la economía mundial, lo que supondrá una oportunidad a las empresas y a los gobiernos para tomar decisiones encaminadas a este objetivo.
En este sentido, los gobiernos y las empresas han ido interiorizando que deben tomar parte en esta lucha y ya más de 320 compañías de todo el mundo han hecho lo que se denomina compromisos de ‘cero emisiones netas antes de 2050’ desde 2019, y más de 1.000 han establecido objetivos climáticos basados en la ciencia. Lo han hecho impulsadas por la presión para tomar el camino de la sostenibilidad, que ya llega tanto desde el lado de los inversores, los clientes y los reguladores como de los consumidores y los empleados por igual, por lo que los consejos de administración están reconociendo cada vez más el imperativo de actuar.
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La responsabilidad de la acción climática se desplaza hacia las instituciones financieras
Aunque los gobiernos tienen un papel importante que desempeñar en la lucha contra el calentamiento global, la responsabilidad de la acción climática está empezando a girar hacia las empresas y las instituciones financieras. Y es que las inversiones con criterios sostenibles han demostrado ser más rentables que otras y, además, presentan menos volatilidad, según el Institutional Shareholder Services (ISS Governance), precisamente porque están en sintonía con las demandas tanto sociales como económicas de hacia dónde debe girar el mundo y nuestro compromiso con él.
Así lo perciben los propios inversores, que reconocen cada vez más las implicaciones de este tipo de acciones en el rendimiento de las inversiones y en la creación de valor que acarrean. Sin ir más lejos, más de 45 billones de dólares -casi la mitad del total de activos gestionados- están en manos de inversores que se han comprometido a impulsar la acción climática, según se desprende del citado informe.
Lo cierto es que existe una gran oportunidad de creación de valor en torno a productos y servicios que estén estratégicamente alineados con un futuro de cero emisiones y que la falta de respuesta en torno a la problemática del cambio climático acabará erosionando el valor a largo plazo, principalmente, de los grandes emisores.
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Hoja de ruta para alcanzar los objetivos de descarbonización
Sin embargo, aún queda mucho por hacer: según Deloitte, las medidas necesarias para que España cumpla con los objetivos de reducción de CO2 establecidos por la Unión Europea para 2050 requieren llevar a cabo inversiones por valor de entre 330.000 y 385.000 millones de euros, lo que supone una media de 10 millones de euros al año.
La auditoría también destaca que, para alcanzar esa meta, es imprescindible la implicación de todas las administraciones públicas, de las empresas, de los inversores y de los propios ciudadanos. Precisamente esta conclusión también ha sido a la que han llegado diversos expertos en los últimos debates virtuales que han tenido lugar en el Foro Económico Mundial: que la cantidad que se necesita invertir para alcanzar el objetivo de descarbonización global no la pueden asumir por sí solos ni el sector público ni las empresas.
