La inversión sostenible sigue creciendo con fuerza en Europa. De acuerdo con las estimaciones de la Asociación Europea de Fondos de Inversión y Gestión de Activos (EFAMA), los activos de fondos de inversión que operan en el continente bajo criterios ESG (Environmental, Social, y Governance, por sus siglas en inglés), aumentaron en 2020 un 37,1%, hasta los 1,2 billones de euros (desde 2016, los fondos de renta variable sostenible se han disparado un 197%). La cifra es, incluso, más llamativa, si se compara con la evolución de los fondos no ESG, que avanzaron un 4,8%. En los últimos cinco años, el número de fondos sostenibles ha crecido a un ritmo dos veces mayor que el de los fondos no ESG.
Según esta entidad, este tipo de activos aporta a los partícipes inversiones duraderas, amparadas por estímulos legales y jurídicos que se implementan desde las administraciones para fomentar los productos que favorecen el medioambiente. Además, su menor exposición a los sectores más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia aumenta su atractivo para diversificar el riesgo dentro de las carteras.
En esta línea, el pasado 10 de marzo, la Unión Europea (UE) puso en marcha el Reglamento Europeo sobre Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, según sus siglas en inglés), que pretende establecer en el mercado una información más transparente sobre los criterios ESG, contribuyendo a que, especialmente, los pequeños inversores, aumenten su confianza sobre estos activos, propiciando, a su vez, un mayor crecimiento. Este reglamento establece normas armonizadas para las entidades que participen en el mercado sobre la integración de los riesgos de sostenibilidad o sobre el análisis de los impactos, positivos y adversos, de la inclusión de la sostenibilidad en sus procesos.
Objetivos de largo plazo
La UE cuenta con un Plan de Acción sobre Finanzas Sostesnibles, que fue presentado por la Comisión Europea en marzo de 2018 como parte de los esfuerzos de la Unión de los Mercados de Capitales (UMC) para potenciar el papel de las finanzas en la construcción de una economía que permita alcanzar los retos fijados en el Acuerdo de París y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU). Dentro de este plan, uno de los puntos fundamentales es la taxonomía de las finanzas sostenibles, que tiene como palanca esencial servir de ayuda a las empresas y a los agentes del mercado financiero a definir qué actividades son consideradas sostenibles. Esta taxonomía se fundamenta en los estándares de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales y en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU.
Desde una óptica financiera, la Comisión Europea se ha fijado como objetivos la ampliación de la taxonomía sobre sostenibilidad a todas las industrias y los sectores económicos, la elaboración de una clasificación que identifique a las actividades que mayor impacto negativo generan para el planeta, la actualización de la directiva de información no financiera para aumentar la transparencia y el desarrollo de pruebas de resistencia que consideren los riesgos derivados del cambio climático.
Con estos objetivos encima de la mesa, de los que el nuevo SFDR es un paso más, la UE quiere que se reorienten los flujos de capitales hacia las actividades que generen menos emisiones, con dos hitos climáticos clave para el largo plazo: cumplir con los objetivos de reducción de CO2 para 2030 y conseguir, en 2050, que se eliminen por completo las emisiones netas de gases de efecto invernadero en el continente. Las primeras divulgaciones sobre los objetivos de mitigación del cambio climático y de adaptación al cambio climático deben hacerse antes de 2022.
Efectos en los fondos de inversión
De este modo, los gestores de los fondos de inversión centrados en sostenibilidad podrán comunicar el porcentaje de la cartera destinado a activos ESG, aunque, por el momento, el nuevo Reglamento no establece el mínimo que deberán soportar para ser considerados o no como sostenibles. Además, la legislación incorpora la obligación de establecer un mayor nivel de detalle para evaluar las actividades, según criterios técnicos de selección. De hecho, la Comisión Europea también está valorando la creación de una plataforma digital para toda la UE para favorecer el acceso gratuito a la información financiera y no financiera de las empresas para los inversores minoristas.
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En virtud de todo ello, las gestoras que promuevan inversiones sostenibles tienen que incluir en su web y en la documentación contractual la información prevista en el reglamento, actualizando los folletos de sus fondos de inversión para adaptarlos a los nuevos riesgos de sostenibilidad. Para facilitar el proceso, desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se ha desarrollado un procedimiento simplificado con el objetivo de propiciar una incorporación más ágil de la información a los folletos que ya se encuentran registrados.
La meta final es que se termine desarrollando, a medio plazo, una ecoetiqueta europea para fondos de inversión minoristas, que ya se encuentra en fase de desarrollo. El ejemplo a seguir es el del informe sobre el Estándar de Bonos Verdes, que, en 2020, publicó el Grupo de Expertos Técnicos de la UE en Finanzas Sostenibles, y que establece diferentes recomendaciones para el establecimiento de un plan de certificación voluntaria por parte de las entidades.
El Reglamento, de hecho, identifica como participantes del mercado no solo a las gestoras y a las empresas cotizadas, sino a otras entidades como las empresas de servicios de inversión, los fondos de pensiones de empleo o las aseguradoras que ofrezcan productos de inversión basados en seguros. De hecho, en el caso concreto de los asesores financieros, estos tendrán que revelar a los consumidores información sobre ESG, comunicando a sus clientes si integran estos riesgos en su proceso de asesoramiento sobre las inversiones que aconsejan.
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