A lo largo de los últimos años, las compañías han empezado a incorporar información en materia de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa en sus informes y memorias anuales, complementando de esta manera la propia información financiera. Esta necesidad ha venido motivada fundamentalmente por una mayor demanda de información transparente, comparable y precisa por parte de la sociedad en general y de los inversores y clientes de la compañía en particular.
La propia legislación española ha contribuido a impulsar esta nueva necesidad de información. Así, a finales de 2018 se aprobaba la Ley 11/2018, en materia de información no financiera y diversidad. Gracias a esta aplicación legislativa, España se ha convertido en un referente a nivel europeo en materia de divulgación de información no financiera y diversidad, elevando los niveles de exigencia en cuanto a transparencia y fiabilidad en el reporting de estos datos.
A qué empresas se aplica la Ley de Información No Financiera
Una de las principales novedades de la entrada en vigor de esta ley es la modificación en las condiciones que obligan a una sociedad a presentar un informe de información no financiera, ampliando el abanico de compañías que deben añadir estos informes en sus cuentas anuales e incluyendo a empresas de menor tamaño.
Según la Ley 11/2018, las empresas tienen obligación de elaborar y presentar el Estado de Información No Financiera (EINF) cuando concurran algunos de los siguientes requisitos:
- Que el número medio de trabajadores durante el ejercicio sea superior a 500. A partir de enero del 2021, el límite se fija en 250 trabajadores.
- Que, o bien tengan la consideración de entidades de interés público de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, o bien durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 1. Que el total de las partidas del activo sea superior a 20 millones de euros. 2. Que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros. 3. Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250.
En la práctica, las empresas cotizadas tienen la obligación de informar sobre estos aspectos. Según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, esto ha sido consecuencia de los avances en buen gobierno acontecidos en las dos últimas décadas en el seno de las organizaciones de más entidad. “La Ley incorpora empresas que estaban al margen del debate de la responsabilidad social”, afirma Jorge Capeans, secretario técnico del Registro de Economistas Contables del Consejo General de Economistas.
Por qué cuesta tanto que se cumpla
A pesar de ser una ley de obligado cumplimiento para las sociedades que cumplan con los requisitos, lo cierto es que, en la realidad, las empresas tienen verdaderas dificultades para proceder con la Ley de Información No Financiera.
Para Capeans, aunque las empresas ya venían publicando cierta información no financiera con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 11/2018, todavía queda un largo camino que recorrer en este sentido. “Por ahora, la obligación de elaborar el EINF solamente recae en las empresas de mayor tamaño. La mayoría de ellas quizás todavía ven tal requerimiento como una carga administrativa adicional que deben cumplir, sin poner en el otro lado de la balanza los posibles beneficios que les puede reportar a largo plazo”.
Uno de los principales problemas que encuentran los expertos puede ser la falta de un desarrollo normativo más extenso, que provoca que las empresas que no tenían una tradición en el reporte y publicación de información no financiera no dispongan de todos los datos sobre el detalle que deben suministrar a las administraciones.
Capeans afirma que esta circunstancia provoca problemas de comparabilidad entre los estados financieros y no financieros de estas compañías, pues puede darse la particularidad de que no se informe adecuadamente sobre todos los aspectos recogidos en la Ley 11/2018.
Sin embargo, cada vez parece más claro que la sociedad en general, y más tras una situación como la actual, marcada por una pandemia que ha paralizado la actividad económica internacional, siente cierto rechazo hacia empresas que no incluyen factores como la sostenibilidad o el respeto al medio ambiente en sus modelos de negocio, priorizando un enfoque más cortoplacista. Capeans cree que, sin lugar a duda, aquellas empresas que adquieran internamente tales valores positivos, y que estos sean informados en sus estados financieros y no financieros, estarán en una mejor situación competitiva que el resto.
Hoja de ruta para las grandes empresas
Alberto Castilla y Antonio Capella, socios de Ernst & Young (EY), han desarrollado un plan basado en cinco pasos dirigido especialmente a empresas que se enfrentan por primera vez al reto de elaborar y presentar el Estado de Información No Financiera (EINF):
- Diagnóstico: el primer paso debe ser la elaboración de un análisis con el fin de determinar el grado de cumplimiento con los requisitos de la Ley y determinar cuáles son los que faltan.
- Redacción de políticas y procedimientos: una vez realizado el diagnóstico, se debe determinar qué procesos o políticas se están implementando en la compañía con carácter informal para definirlos con carácter formal o a través de políticas a nivel operativo.
- Medición de resultados: es fundamental medir el progreso en indicadores de desempeño cualitativo (KPI, por sus siglas en inglés) y comparables en el tiempo. Si no están presentes, deben incluirse en el proceso de gestión de datos.
- Reporting: las empresas que estén obligadas a presentar el EINF tendrán que incluir también un informe de gestión. Si se omite cierta información, deberá hacerse con una nota de acuerdo con el principio de explicación y motivación, justificando las razones por las cuales un tema se califica de irrelevante.
- Verificación: este punto tiene como objetivo obtener evidencias de que el Estado de Información No Financiera está libre de cualquier error significativo y así, garantizar la fiabilidad.
En cualquier caso, conviene siempre contar con asesoramiento profesional para evitar problemas en el suministro de la información. “A estas empresas les recomendamos que se apoyen en las corporaciones de profesionales, como el Consejo General de Economistas de España, así como en sus miembros, pues desde hace tiempo venimos trabajando este campo y han sido varias las guías que hemos puesto a disposición de las compañías con el objeto de orientar sobre la elaboración y posterior revisión del EINF”, explica Capeans.
