El aumento de la esperanza de vida supone tener que asumir mayores gastos asociados a los cuidados y los servicios precisos que conlleva la tercera edad. Esta situación impulsa la consolidación de fórmulas innovadoras, como ResiRent, que abren nuevas líneas de financiación.
El invierno demográfico se acerca y no solo afectará al sistema de pensiones. El aumento de la esperanza de vida es una buena noticia fruto del progreso de la sociedad y de la sanidad españolas, pero implica al mismo tiempo retos importantes para el estado de bienestar. Inevitablemente, la sostenibilidad del sistema de pensiones está en el punto de mira y supone un reto de primera magnitud para el país y sus ciudadanos, que tendrán que asumir mayores gastos asociados a los cuidados y los servicios precisos que conlleva la tercera edad.
Según las últimas previsiones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE), si se mantienen las tendencias actuales, el 26% de la población tendrá 65 años o más dentro de 15 años. Para contextualizar la cifra, conviene resaltar que la población de estas edades suponía el 10,2% del total en 1975, el primero de los registros del INE, y que hoy supone el 19,6% de la población. Las previsiones implican que dentro de 15 años uno de cada cuatro españoles superará esa franja de edad.
Además, tal y como explica Miquel Perdiguer, CEO de Pensium, “en España la población está creciendo sobre todo por la parte alta de la pirámide”. El directivo de esta empresa centrada en este segmento de la población sabe de lo que habla, de hecho, se prevé que la población centenaria, compuesta por los ciudadanos con 100 años o más, se multiplique por tres en estos 15 años y pase de las 12.551 personas de la actualidad a 41.836 personas en 2035.
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Estos cambios suponen, en conjunto, un incremento de la esperanza de vida en el país, que en 2035 superará los 83 años en el caso de los hombres (tres años más que en 2020) y se acercará a los 88 años en el caso de las mujeres (dos años más que en 2020). Este aumento de la esperanza de vida va acompañado, en términos generales, de un incremento en la calidad de vida tras el retiro. Es decir, con toda probabilidad habrá muchas personas que llegarán a su jubilación en buenas condiciones físicas y mentales, pero no todas tendrán la misma suerte. Previsiblemente, un porcentaje importante de los jubilados de 2035 será dependiente.
Las cifras de la dependencia: 3.600 millones de euros hasta 2023
La dependencia es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones de edad, de enfermedad o de discapacidad necesitan de la atención de otra persona para poder realizar las actividades básicas de la vida diaria como comer, beber, vestirse o moverse, entre otras. También se consideran dependientes a las personas que necesitan apoyos para tener una vida autónoma, es decir, para tomar decisiones y llevar a cabo distintas actividades, debido a una discapacidad intelectual o a una enfermedad mental.
¿Qué implicaciones tiene esto para una sociedad? En primer lugar, supondrá nuevas previsiones para el sistema sanitario español, que garantiza la atención a todas las personas y persigue la superación de los desequilibrios territoriales y sociales. Además, exigirá a los gobiernos aumentar sus partidas destinadas a financiar la dependencia.
De hecho, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas aprobaron en enero el Plan de Choque de Dependencia, con una inyección de hasta 3.600 millones de euros hasta 2023. El objetivo de este nuevo plan pasa por reducir las listas de espera de la Dependencia y mejorar los servicios y las prestaciones para las personas dependientes.
¿Cómo se financia la dependencia?
El sistema de dependencia se financia, además de con las aportaciones particulares de los dependientes, mediante transferencias finalistas en tres fondos principales: un nivel mínimo, un nivel acordado y otras aportaciones adicionales voluntarias por parte de las propias comunidades autónomas. El Plan de Choque de Dependencia del Gobierno contempla, en concreto, más de 600 millones de euros en Dependencia en 2021: 283,2 millones del nivel acordado y el resto, del nivel mínimo. Además, en los Presupuestos de los dos próximos años se incluirán nuevos aumentos, por lo que la cifra total de la inversión en el Sistema de Dependencia durante estos años será de 3.600 millones de euros.
Andalucía (52,2 millones de euros), Cataluña (46,6 millones) y la Comunidad de Madrid (36,1 millones) son las regiones que más dinero recibirán del reparto del nivel acordado. Entre las tres autonomías, recibirán del Estado 135 millones de euros, casi la mitad del reparto del nivel acordado (283,2 millones de euros).
Además del Plan de Choque, el Gobierno quiere aprobar también un plan específico para la reducción de la lista de espera, y regulará la figura del Asistente Personal a domicilio.
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Asimismo, pretende que a finales de 2022, todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tengan acceso al servicio de teleasistencia y apuesta por reforzar la calidad de los servicios y las condiciones laborales de las personas que trabajan en residencias.
El papel de las residencias
Y es que, en este contexto, las residencias se han convertido en un recurso esencial para toda sociedad avanzada. “Y en el caso de las personas con dependencia es aún un recurso más necesario”, señala Miquel Perdiguer. Explica que cuando una persona mayor entra en dependencia, inicialmente es la propia familia la que intenta ayudar para que su vida cambie lo menos posible. Pero cuando esta dependencia empieza a ser más importante y la persona mayor tiene dificultades de movilidad, de coordinación o empieza a mostrar pérdida de facultades cognitivas, se necesita ayuda profesional. “Y en este caso, la residencia es la mejor solución”, añade.
A su parecer, las residencias aportan “ventajas” en el cuidado de personas dependientes, como la garantía de cuidado 24 horas al día y el factor de socialización. En un centro residencial la persona mayor convive con otras personas con las que comparte actividades, conversaciones y paseos, entre otras cosas. “Esto ayuda muchísimo a las personas a mantenerse activas y favorece que su estado físico y cognitivo no empeore”, señala.
Además, muchas veces no se piensa en lo difícil que puede resultar para la familia atender a una persona dependiente y cómo puede incluso repercutir en la salud del cuidador. Según Perdiguer, las personas cuidadoras son mayoritariamente mujeres con una edad media de 55- 56 años y que dedican entre 8 y 12 horas al día al cuidado de su familiar. Y esto repercute en su salud actual y futura, y en muchos casos también en su economía, ya que no pueden trabajar porque se dedican al cuidado de su familiar mayor.
A pesar de que es indudable el valor que aportan las residencias tanto a la persona dependiente como al resto de su familia, lo cierto es que sigue habiendo muchas dificultades para acceder a este servicio. Una de las más importantes, tal y como explica Perdiguer, es que el número de plazas que hay disponibles en España es insuficiente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65. Sin embargo, tal y como señala el CEO de Pensium, en España la ratio es de 4,21 y hace nueve años era de 4,56. “Casi no ha variado a pesar del progresivo envejecimiento de la sociedad española”, sostiene. A su parecer, en estos momentos habría que crear unas 70.000 plazas para cumplir con la recomendación de la OMS, un 18,4% más que las 381.158 actuales.
Para Perdiguer, es necesario aumentar el número de plazas públicas, pero, al mismo tiempo, hay que buscar soluciones que permitan a los ciudadanos asumir el coste de una plaza privada. En este contexto, el CEO de Pensium habla de ResiRent, un servicio que permite obtener recursos de la vivienda en propiedad del ciudadano gracias al anticipo de los alquileres, sin poner en peligro su propiedad y sin necesidad de hacer ningún tipo de hipoteca ni aval. De esta forma, la vivienda ‘trabaja’ para el pago de los recursos que precisa la persona mayor, lo que permite financiar sus necesidades asistenciales.
Y es que solo el 27% de las plazas que se crearán son públicas; Esto implica que tres de cada cuatro personas que están en una residencia tienen que asumir su coste, que supone un desembolso medio de unos 2.000 euros al mes, un gasto importante que muchas familias no pueden asumir. “Aquí tenemos un desequilibrio difícil de solventar, ya que los recursos públicos son limitados. Y la solución no es exclusivamente incrementar la disponibilidad de plazas públicas, sino que es también facilitar que las familias puedan acceder a las plazas privadas, buscando nuevas maneras de asumir este coste”, concluye.
