Nueva fumata blanca sobre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Patronal, sindicatos y Gobierno acordaron el pasado 18 de enero la tercera renovación del Real Decreto Ley 30/2020 que tendrá el próximo 31 de mayo como siguiente fecha de caducidad. El acuerdo de diálogo social contempla la prórroga de todos los ERTE, sin necesidad de nuevas autorizaciones administrativas, y mantiene intacto el modelo actual, con las mismas tipologías de expedientes reguladores temporales de empleo e igual lista de exoneraciones. También preserva la llamada cláusula de salvaguarda, que prohíbe despedir a las empresas acogidas a esta modalidad legislativa y que se ha convertido en un escudo social en la gestión de la COVID-19. Con todo, la nueva prórroga incluye cambios mínimos, manteniendo las prestaciones y simplificando la tramitación.
A partir de febrero se dio inicio a la prolongación normativa, las empresas afectadas por restricciones podrán solicitar ante la Autoridad Laboral un ERTE de limitación (con una exoneración del pago de las cuotas a la Seguridad Social de un 90% o de un 100%, según tengan más o menos de 50 trabajadores, respectivamente) o ERTE de impedimento (con exoneraciones decrecientes según el tiempo de duración y que también llegan al 100% en algunos casos) con una simple comunicación.
También se mantienen las exoneraciones para sectores ultraprotegidos que incluyen, según sus plantillas y el grado de afectación a sus cadenas de valor, una del 85% para las de menos de 50 trabajadores y del 75% para firmas de más de 50 empleados, que se aplican tanto a trabajadores suspendidos, como a los que se hayan reincorporado a su puesto. En este caso, estarían incluidas también las empresas que no hayan recuperado más de un 70% de su actividad y que tengan a más del 15% de trabajadores en ERTE.
La prórroga, igualmente, mantiene el impedimento al reparto de dividendos y a la realización de horas extraordinarias. Porque las perspectivas hablan de que más de la mitad de las compañías con ERTE no podrán recuperar la totalidad de la plantilla.
En la prórroga aprobada hasta el 31 de mayo la novedad es la simplificación de los trámites, por ejemplo, pudiendo realizar un cambio de un ERTE de impedimento a uno de limitación, o viceversa, sin que sea necesario tramitar un nuevo expediente. En esta misma línea, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) garantizará el acceso a toda su oferta de trámites y servicios a través de su sede electrónica y que la Inspección de Trabajo pueda extender actas de infracción automatizadas sin intervención directa de un funcionario.
De las actuales 704.000 personas en ERTE, 450.000 están en alguna de las modalidades que conllevan exoneraciones a la Seguridad Social y algo más de 193.000 pertenecen a sectores ultraprotegidos, mientras que otros 49.800 asociados a sus cadenas de valor se encontraban bajo resguardo de este mecanismo. En situación de ERTE de impedimento hay 32.000 personas protegidas y otras 175.000 personas estaban, a 18 de enero, a cobijo de la figura del ERTE de limitación.
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El coste de los ERTE para las arcas públicas
En torno a los ERTE parece existir un consenso de los expertos modulado sobre dos premisas. La primera, que los ERTE son un mecanismo que ha evitado una más intensa desaparición de empresas, ha diluido la percepción de los efectos económicos de la recesión y atenúa la incertidumbre sobre el despegue de la actividad en materia de empleo. Motivo que justificaría la tercera prórroga de los mismos. Y la segunda, que prolongar esta modalidad supone un coste elevado para las arcas públicas. De hecho, hasta finales de 2020, la factura de los ERTE ascendía a 35.000 millones de euros. A razón de unos 4.000 millones mensuales, tal y como aseguró en el Senado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cifra que contabiliza los desembolsos del trimestre de confinamiento social de la pasada primavera, en el que la economía entró en hibernación.
El impedimento de despido laboral a las compañías que solicitan estos expedientes regulatorios, en cualquier caso, quedará a la interpretación de “los funcionarios y jueces”, como reconoció la titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Es uno de los puntos conflictivos de su normativa; pero, a la vez, una condición sine qua non, para que las sociedades mercantiles se acojan a ellos. El Gobierno ha venido incidiendo en que su ampliación en el tiempo queda “a expensas de la situación sanitaria y del número de empresas afectadas por ajustes laborales” y confía en que los gastos se reduzcan por debajo de los 3.000 millones mensuales a partir de esta prórroga, a pesar del impacto que está ocasionando la entrada en la tercera oleada de contagios, y de que, el Ministerio de Trabajo y Economía Social va a mantener el pago del 70% de la base reguladora del salario a partir del sexto mes, y no del 50% como preveía la norma.
Los sindicatos, que mostraron su recelo por la pérdida de derechos laborales durante la fase de negociación, dieron por buena la explicación de Díaz de que la prórroga los conservaría, incluso los del “colectivo de fijos- discontinuos”, donde -explicó la ministra- “se generó cierta confusión”. Por su parte, las patronales CEOE y Cepyme concedieron su apoyo pese a que no lograron retirar la prohibición de despido que persiguieron en los encuentros con sus interlocutores sociales y el Ejecutivo, al valorar los ERTE como “una herramienta irrenunciable” en sectores gravemente dañados por esta crisis, entre los que su comunicado conjunto citaba al comercio, la hostelería, el turismo y el transporte, “conformados mayoritariamente por pymes”. Al mismo tiempo, reiteran la necesidad de aprobar un paquete de ayudas que acompañen a los ERTE “para evitar la desaparición de miles de pequeñas empresas”.
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