En unos meses, la revisión de la principal Directiva sobre Instrumentos Financieros traerá consigo importantes cambios para los inversores, aunque falta por determinar cómo se mantendrá el nivel de seguridad mientras se flexibiliza la contratación de productos.
Allá por 2007, la Unión Europea dio luz verde a la Markets in Financial Instruments Directive, más conocida como MiFID, una Directiva que armonizaba la regulación de los mercados de valores, así como los instrumentos que allí se negocian y la relación de los clientes con las entidades financieras. Una década después, en enero de 2018, comenzaba la aplicación real de MiFID II , que, desde entonces, ha favorecido que la industria bancaria europea sea más transparente, más segura y más eficaz, y que los ahorradores dispongan de una mayor protección a la hora de invertir.
En qué ha mejorado MiFID II la situación del inversor
MiFID II nació, entre otras cosas, para mejorar, ampliar y adaptar a la nueva realidad tecnológica algunos de los preceptos clave de su predecesora, mediante, por ejemplo, el impulso de la negociación en los mercados regulados y organizados (frente a los llamados over the counter u OTC, que no están supervisados), el aumento de la transparencia en las operaciones para un correcto funcionamiento en la formación de precios, incrementando la regulación de algunos productos financieros complejos (como los derivados), o reforzando y armonizando la supervisión y las sanciones por parte de las autoridades competentes. La premisa fundamental fue la de aumentar aún más las garantías para el inversor, por lo que se apostó especialmente por regular el asesoramiento en la comercialización de productos financieros y en sus incentivos.
Uno de los grandes cambios que trajo consigo MiFID II es que se garantiza en los mercados financieros un tratamiento homogéneo para todos los usuarios, sean inversores institucionales o minoristas. Las entidades que comercializan los productos financieros ya no se deben limitar a ofrecer al inversor los productos adecuados a su perfil, sino que deben poner a su disposición toda la información pertinente de cara a que pueda valorar previamente la idoneidad de su contratación. En esta línea, también están obligadas a remitir por escrito el coste real que supone la prestación de los servicios, incluyendo todo lo referente a cobros y comisiones. Además, deben comunicar al cliente si son agentes dependientes o independientes, así como acreditar su cualificación profesional.
Los problemas que debe afrontar MiFID III
A pesar de todos estos beneficios para los inversores, desde la Comisión Europea se lleva trabajando desde hace tiempo en la revisión de esta Directiva. El primer paso fue la consulta a los organismos supervisores de los diferentes Estados miembros. Entre los problemas revelados, hay uno que se repite constantemente, y es el de la caída en el número de informes sobre empresas pequeñas y medianas cotizadas por partes de los intermediarios, lo que limita, en definitiva, sus posibilidades de financiación.
Esto ocurre porque, desde la entrada en vigor de MiFID II, muchos intermediarios han separado lo que cobran a sus clientes por los servicios que les prestan (como la ejecución de órdenes) de la elaboración de los informes de análisis (práctica que, técnicamente se denomina unbundling), algo que antes formaba un paquete completo con un único precio. De este modo, se ha desincentivado el seguimiento de las empresas cotizadas más modestas por parte de los analistas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es partidaria de ser más flexible y relajar la obligación de separar los costes de ejecución y los de análisis para que las entidades de menor tamaño vuelvan a captar la atención de los inversores, pero siempre que se mantengan las garantías de protección sobre ellos.
Precisamente, esta aparente sobreprotección es otro de los debates abiertos para la futura MiFID III, ya que se han disparado en los últimos años los litigios sobre la contratación de productos financieros, lo que, en muchos casos, está saturando las instancias judiciales. La clave estriba en si los inversores minoristas son plenamente conscientes de los riesgos que conlleva dar su consentimiento a la hora de formalizar su contratación, por lo que se está trabajando en establecer nuevos mecanismos para que las entidades sepan implementar medidas de responsabilidad objetiva, de manera que los clientes no puedan sentirse desinformados a posteriori.
Una de las soluciones que parece tener un mayor número de adeptos en Bruselas es la de la creación de nuevas categorías de clientes, como, por ejemplo, la del inversor semiprofesional, que estaría a medio camino entre el minorista y el profesional, pudiendo tener acceso a productos complejos, pero con un mayor rango de garantías de protección que en el caso de los inversores institucionales. De este modo, también se podrían relajar los requerimientos para este perfil de clientes, con un, en teoría, mayor conocimiento del mercado y de los riesgos que entrañan los diferentes productos.
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Otra posibilidad es la de crear una base de datos europea que permita comparar los distintos productos financieros, categorizándolos según los perfiles de clientes a los que van dirigidos. En esta línea, también se está trabajando en la confección de una herramienta europea que permita analizar los precios de trading y aumente su nivel de transparencia y de conocimiento para los inversores (bajo el nombre técnico de EU consolidated tape).
En cuanto a los incentivos en servicios distintos de la gestión de carteras y del asesoramiento independiente, uno de los debates más polémicos en la industria financiera europea, parece cada día más probable que se abogue por su prohibición total, dado que diversas asociaciones de consumidores estiman que las actuales reglas sobre incentivos no están sirviendo para prevenir conflictos de interés dentro del sector.
Además, es bastante factible que se implementen cambios en las competencias y las habilidades profesionales para la figura del asesor financiero, de cara tanto a relajar el exceso de documentación que debe revisar el cliente antes de firmar un contrato como para mejorar la calidad en el servicio de recomendación de un producto o servicio.
