La Política Agrícola Común (PAC) es una de las políticas más antiguas de la Unión Europea (UE). Nació hace casi 60 años, en 1962, en un contexto marcado por la posguerra. Su principal objetivo fue conseguir un suministro estable y suficiente de alimentos con precios asequibles para los ciudadanos europeos y, para ello, se estableció un sistema de precios garantizados al que la Comunidad Económica Europea (CEE) destinó casi el 50% de su presupuesto total. Desde entonces ha pasado por varias reformas: la llamada McSharry en 1992, la conocida como Agenda 2000, el Pago Único de 2003, el Chequeo Médico de 2008 y la PAC hacia 2020, la última que se produjo y que está a punto de concluir. Por ese motivo, desde hace varios años se encuentra inmersa en negociaciones y, precisamente, hace unas semanas, el Parlamento Europeo terminó de votar las enmiendas presentadas a la reforma de las directrices que regularán el campo europeo entre 2023 y 2027.
Una de las primeras dudas que se ha despejado es el presupuesto que se va a destinar a partir del próximo año. La partida europea estará dotada con 290.000 millones de euros, de los cuales unos 47.700 millones de euros irán destinados a España, pero que se regularán según la anterior PAC hasta 2023. “La respuesta ‘global’ de los actores principales españoles del sector es que se sienten cómodos con el presupuesto asignado”. Lo que relativamente cambia es el objetivo al que tiene que ir destinado ese importe, pues “debe ser un gran empuje para transformar el sector productor en verde, digital y resiliente”, afirma José Antonio Morante, Director del Segmento Agrario de Banco Sabadell. “Esos tres pilares complementan el objetivo común de Europa de modernizar el sector agrario a través del conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas rurales”.
Con el acuerdo adoptado para los próximos siete años, España podrá destinar el 60% del presupuesto de pagos directos a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de los productores. Esto también se valora “positivamente”, aunque todavía quedan pendientes “diversas problemáticas” en torno al sector agroalimentario español, según José Antonio Morante. Entre otros asuntos, el directivo de Banco Sabadell señala una mayor transparencia en la denominada cadena alimentaria y eliminar los abusos en la misma, al tiempo que anima a realizar una reflexión sobre las ayudas permanentes.
Los eco- esquemas, protagonistas en la nueva PAC
Una de las grandes novedades de esta reforma de la PAC son los llamados eco- esquemas. A ellos se va a destinar otro 20% de las ayudas directas, tal y como acordaron los ministros de Agricultura de los Estados miembro, aunque los eurodiputados son partidarios de que cuenten con una dotación mínima del 30% del presupuesto, por lo que habrá que esperar hasta la negociación definitiva de la PAC entre la Eurocámara y el Consejo Europeo. Este punto tiene especial interés, ya que se trata de una ayuda adicional que los Estados miembros tendrán que pagar a los agricultores y a los ganaderos que, voluntariamente, quieran ir más allá de los requisitos ‘verdes’ obligatorios. En definitiva, una parte de los fondos de la PAC estará ligada a intervenciones medioambientales que aseguren la viabilidad a largo plazo de las explotaciones y sus entornos, lo que supone “la obligación de volvernos más ‘eco’ para poder acceder a estos fondos”, explica Morante.
Los eco- esquemas vienen a ocupar, de alguna manera, el espacio de los actuales pagos verdes y “deben ser una propuesta equilibrada y que responda a las distintas sensibilidades existentes en la UE”. Para ello, el Ministerio de Agricultura español, las comunidades autónomas (CCAA) y el sector debaten desde hace meses la propuesta para definir esta medida y su aplicación. Además, hay que tener en cuenta el hecho de que deben ser “lo suficientemente atractivas y que puedan tener un grado de penetración importante, es decir, que puedan ser asumidas por el mayor número posible de subsectores y que su control no sea complejo”. De esta manera se podrá evitar el riesgo de que los agricultores y los ganaderos no se acojan a los eco- esquemas al ser voluntario para ellos.
El Gobierno ya ha remitido a las CCAA y al sector una propuesta con ocho eco- programas, aunque todavía no son los definitivos. Entre ellos se encuentran el pastoreo extensivo; la implementación y la conservación de márgenes con corredores o islas de vegetación; el fomento de las rotaciones con cultivos que mejoran el suelo; la aplicación de planes individuales de fertilización o de usos sostenibles de productos fitosanitarios; la implantación y el mantenimiento de la cobertura vegetal viva en los cultivos; la incorporación al suelo de restos de poda en cultivos leñosos, etc.
¿A qué retos se enfrenta el sector para mantener su competitividad?
Hoy en día, el sector agroalimentario es uno de los más relevantes para la economía nacional por su capacidad productiva, su contribución a la seguridad alimentaria debido al suministro de alimentos saludables y de calidad y por su capacidad de generar empleo. En concreto, representa casi el 11% del Producto Interior Bruto (PIB) y España se sitúa como el cuarto país productor europeo, por detrás de Francia, Alemania e Italia. En suma, este sector realiza unas exportaciones superiores a los 50.000 millones de euros y consigue una balanza comercial positiva superior a los 12.000 millones de euros.
Sin embargo, si se quiere mantener su competitividad actual, es necesario que el sector afronte algunos retos de transformación. Estos, tal y como afirma José Antonio Morante, son los siguientes:
- Tecnología e innovación: el sector agroalimentario debe incorporar estos dos conceptos de manera creciente, desde la agricultura de precisión hasta la sensorización y la robotización, para lograr una mayor y mejor producción. Incluso, la tecnología puede jugar un papel fundamental para la transformación de la imagen tradicional que se tiene del sector.
- Clima y medioambiente: la sostenibilidad es imprescindible para seguir siendo competitivos. Para ello, es necesario reducir la emisión de gases CO2, aplicar actividades sustitutivas a las tradicionales para seguir en la línea de la economía circular, etc.
- Nuevas demandas de la sociedad: la población cada vez se preocupa más por aspectos relacionados con la salud, el bienestar y por el cómo se producen los alimentos. Por ello, cada vez cobran más importancia cuestiones claves como la huella de carbono o el comercio de proximidad.
- El ‘valor’, la asignatura pendiente: el sistema agroalimentario español presenta un déficit respecto a otros países vecinos, el valor tanto de los productos como de la cadena alimentaria en su conjunto. Por tanto, hay que lograr obtener más valor con los productos, por ejemplo eludiendo commodities, y hay que conseguir una mayor potencia de marca y una mejor promoción de los productos, destacando sus cualidades.
- Relevo generacional y la mujer: el envejecimiento afecta a España y es algo que impacta en gran medida en el ámbito agroalimentario. Los jóvenes deben tener más protagonismo y se debe dar mayor visibilidad a las mujeres en el sector.
