El sistema público de pensiones se encuentra ante el reto de adaptarse al envejecimiento de la población, al aumento de la esperanza de vida, al paro y a los bajos salarios. Los planes de pensiones privados ofrecen un complemento a la ayuda pública que conviene poner en marcha lo antes posible.
La incertidumbre sobre el futuro de las pensiones públicas preocupa a la sociedad. Y, precisamente, la pandemia ha hecho aumentar este sentimiento haciendo que la población se replantee su futuro y busque la mejor vía para asegurarse un retiro sin sobresaltos.
Esta inquietud in crescendo se ha visto reflejada en las búsquedas que los usuarios españoles han realizado en Google. Lucy Sinclair, su directora de datos en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), explica en Think With Google que las búsquedas relacionadas con los términos “pensión de jubilación” han tenido un pico en el interés con la COVID-19.
Los españoles, especialmente los más jóvenes, se llegan a plantear si, cuando lleguen a la edad de jubilación, podrán disponer de una pensión de jubilación. Sin embargo, expertos como Miquel Perdiguer, cofundador y consejero delegado de Pensium, afirman que sí que habrá pensiones; “Lo que pasa es que éstas serán menos cuantiosas y llegarán de forma más tardía”, asegura en el Podcast de Banco Sabadell.
La razón es que algo positivo como el aumento de la esperanza de vida, unido al descenso de la natalidad, pone a prueba el sistema de pensiones, ya que se reduce el número de cotizantes que mantienen las pensiones, en relación a la cantidad de jubilados que las reciben.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde el año 2009, la cifra de nacimientos ha descendido un 27,3%. 2019 marcó el récord de la cifra más baja de nacimientos y, además, el crecimiento vegetativo de la población —la diferencia entre los que nacen y los que fallecen— ofreció el pasado año un saldo negativo de 57.146 personas. Por tercer año consecutivo, en España murieron más personas de las que nacieron.
Esto supone un cambio enorme en la estructura de la pirámide poblacional y, con esta transformación, el zarandeo de un sistema de pensiones como el español, basado en un método de reparto. Los actuales trabajadores pagan, mediante sus cotizaciones, las pensiones presentes. “Es un sistema que funciona si el esquema es que muchas personas pagan a pocas”, comentó Inmaculada Domínguez Fabián, profesora y directora del grupo de investigación de Pensiones y Protección Social de la Universidad de Extremadura (UEX), en el webinar Y tú, ¿cómo preparas hoy, tu mañana? organizado por Banco Sabadell.
Visualiza el webinar Y tú, ¿cómo preparas hoy, tu mañana? organizado por Banco Sabadell:
Y no es el único reto. El desempleo en España es un problema sistémico; la tasa de paro promedio entre 1980 y 2010 fue de 16,6%, la más alta de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es decir, los cotizantes que pagan las pensiones en cada momento son aún menos. Pero es que, además, los salarios de estos, aunque aumentan, no lo hacen al mismo ritmo. El salario más habitual en España en 2018 —el último año del que el INE ofrece datos— fue de 18.468,93 euros anuales brutos, es decir, unos 1.275 euros netos al mes, mientras que la pensión de jubilación media en 2019 era de 1.338,43 euros netos al mes. El jubilado medio cobra más que el empleado con el salario más habitual en España.
“La demografía es inexorable: en 2035, una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años, por lo que no podemos pretender que el Estado se encargue de todo”, asegura Perdiguer. Pero esto no significa que el sistema vaya a desaparecer, sino que va a sufrir cambios.
La edad de jubilación hoy se sitúa en 65 años para aquellos que hayan cotizado 37 años o más y 65 y 10 meses para los demás, e irá retrasándose progresivamente hasta que, en 2027, la edad será de 65 para los que acumulen 38 años y seis meses de cotización como mínimo y de 67 años para el resto. “La relación entre la primera pensión pública y el último salario se estima que será en torno a un 75%; es decir, alguien que perciba un salario de 1.500 euros justo antes de jubilarse tendrá una pensión pública de 1.125 euros”, explica Domínguez Fabián. Concretamente, según el estudio Pensions and Glance 2019 de la OCDE, la tasa de reemplazo —esta relación entre la primera pensión y la última nómina—es del 72,3% en España.
Este cómputo, advierte la profesora de la UEX, no tiene en cuenta el factor de sostenibilidad, un método para calcular la cantidad que se percibirá tras la jubilación que incluirá un elemento que ahora no se está valorando, la esperanza de vida, que se empezaría a aplicar en 2023.
Este cálculo permitirá adecuar las cuantías que se otorgan a los pensionistas al número de años que se espera que se extienda su vida como jubilados. Esto supondrá un recorte de la expectativa actual de pensión. Es ahí donde, según los expertos, podría radicar el problema de las pensiones, en que cada vez sea más difícil mantener un nivel de vida similar al de la vida activa.
¿Cómo se puede complementar la pensión pública?
En el mercado existe una variedad de productos creados para disponer de capital que permita complementar la pensión pública. Algunos cuentan con desgravaciones fiscales en la declaración de la renta por las aportaciones que se realicen. El límite de estas se vería reducido en 2021 (para el ejercicio de 2020): mientras que hasta el momento se podían destinar hasta 8.000 euros anuales en el conjunto de productos de previsión social, incluidos los planes de pensiones individuales y de empresa, a partir de 2021, el límite para los planes individuales será de 2.000 euros y para los de empresa, de 10.000 euros.
Otros no tienen esas ventajas en el corto plazo, pero sí en el momento de recuperar los ahorros, como los planes individuales de ahorro sistemáticos (PIAS) cuyos rendimientos disfrutan de un 100% de exención si se cobran en forma de renta vitalicia. Es decir, no habría deducciones con las aportaciones, pero, al recibir los ahorros, tampoco habría que pagar impuestos por los rendimientos obtenidos. Y los seguros individuales de ahorro a largo plazo (SIALP), con una rentabilidad garantizada del 85% a vencimiento, y que gozan de estas ventajas fiscales al cabo de cinco años.
Esther Pichardo, directora de Ahorro y Pensiones de BanSabadell Vida y Pensiones, aconseja comenzar a ahorrar a través de un plan lo más pronto posible. “Cuanto antes se empiece, más capital se podrá generar debido a elementos como el interés compuesto”.
Además de estudiar la fiscalidad y empezar lo antes posible, hay que valorar otras cuestiones, como la esperanza de vida. “Desde la jubilación, hay una esperanza media de al menos 20 años y durante ese tiempo no siempre vamos a tener la misma necesidad de ingresos. Seguramente los primeros años gozaremos de buena salud, podremos ser más autosuficientes y hacia la parte final, quizás podamos necesitar ayuda en el domicilio o tener que ir a una residencia. Por eso, también es importante adaptar esos ahorros a la estructura esperada de gastos que podamos tener a partir de la jubilación”, explica Pichardo. “Ese ahorro nos tiene que durar entre 20 y 25 años”, sentencia.
Ante la duda, buscar un buen asesoramiento puede marcar la diferencia. “El hábito de ahorrar es muy parecido al de ir al gimnasio”, asegura Xavier Blanquet, director de Soluciones de Ahorro de Banco Sabadell, en el webinar mencionado. “Pues un asesor es como un entrenador personal que te plantea de forma objetiva cuál es el punto de partida, te hace reflexionar sobre cuáles son tus objetivos, con el que fijas un plan y con el que te comprometes a seguirlo”.
