Tras años sin avances, el Pacto de Toledo ha sido capaz de renovar las recomendaciones que deben convertirse en la base para las futuras reformas del sistema público de pensiones. Y el Congreso ya las ha aprobado. El siguiente paso corresponde al Gobierno, que tendrá que convertir esas recomendaciones generales en propuestas concretas capaces de resolver los retos a los que se enfrenta el sistema de pensiones, uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar español.
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¿Qué es y qué finalidad persigue el Pacto de Toledo?
Es una Comisión parlamentaria que se creó en el año 1995 con un objetivo claro: analizar la situación del sistema y proponer medidas de mejora basadas en el consenso. La Comisión está formada por representantes de todos los partidos y, con su creación, se pretendía retirar el sistema de pensiones de la disputa política y llevarlo a un debate más sosegado y profundo, capaz de facilitar acuerdos y reformas que perduren en el tiempo.
En 1995, el mismo año de su creación, el Pacto de Toledo publicó un primer documento en el que se analizaba la situación de las pensiones y se realizaron 15 recomendaciones para asegurar la sostenibilidad del sistema en el futuro. A lo largo de estos años, tanto el análisis como las recomendaciones se han ido revisando en momentos concretos, adaptándose a la realidad del sistema.
Además, estas actualizaciones han servido de base a diferentes Gobiernos para plantear reformas. Las últimas se hicieron en 2011 y 2013, pero no siempre con consenso. De hecho, la reforma de 2013, que incluía un índice automático de revalorización y el factor de sostenibilidad, que ajusta el sistema a la esperanza de vida, ha quedado prácticamente en suspenso.
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En el año 2016, el Pacto de Toledo inició de nuevo el proceso hacia una actualización de sus recomendaciones como punto de partida para una nueva reforma capaz de cosechar mayores acuerdos y avanzar un poco más en la sostenibilidad. Cuatro años han hecho falta para que los partidos volvieran a ponerse de acuerdo. A finales de octubre, llegó el nuevo Pacto y hace solo unas semanas recibió el visto bueno por parte del Congreso.
Del Pacto salen un total de 20 recomendaciones que tocan muchas de las áreas del sistema, como la financiación, las condiciones de jubilación, la actualización de las prestaciones, la contributividad, el papel de las mutuas, las jubilaciones anticipadas, la viudedad y la orfandad, los autónomos y el control parlamentario, entre otras cosas. Además, el Pacto incluye esta vez una recomendación de partida, la número cero, en la que los partidos se comprometen a mantener, mejorar y adaptar el sistema público y se oponen a una reforma radical del mismo que rompa con la solidaridad, la suficiencia y la equidad que le caracteriza.
La directora de Ahorro y Pensiones de BanSabadell Vida y Pensiones, Esther Pichardo, valora el acuerdo de manera “positiva”, puesto que incluye medidas para reducir la brecha entre los costes y los ingresos del sistema para “hacerlo más sostenible”, aunque “insuficientes” para mantener la tasa actual de sustitución del sistema, el porcentaje que representa la pensión en relación con el último sueldo percibido, que actualmente ronda el 80% de media en España, muy por encima de los niveles de otros países europeos.
Pichardo ve bien la primera recomendación, que hace referencia a la separación de fuentes y en la que se propone que los gastos impropios del sistema, como las prestaciones no contributivas o las políticas activas de empleo, se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y no desde las cuentas de la Seguridad Social.
Pichardo considera también “muy necesaria” la recomendación número 12, en la que se señala que la edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse tanto como sea posible a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida, fijada en 67 años. “Con las cotizaciones que se realizan durante toda una vida laboral de 38,5 años se cubre aproximadamente la pensión pública de 11 años. Sin embargo, una vez jubilados vivimos unos 20 años de media, lo que representa que hay nueve años de pensiones que no han sido costeados por nosotros. Todas las medidas que ayuden a incrementar el periodo de cotización y a reducir el periodo de jubilación reducirán este gap y mejorarán la sostenibilidad del sistema”, señala.
Además, la experta celebra que el Pacto pida al Gobierno que envíe la llamada ‘carta naranja’ de las pensiones, en la que se informaría a cada ciudadano de la pensión aproximada que percibirá cuando se jubile para poder decidir, con conocimiento pleno, cómo quiere afrontar su jubilación.
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La directora de Ahorro y Pensiones de BanSabadell Vida y Pensiones también valora positivamente la recomendación 16, en la que la Comisión apuesta por fomentar el ahorro privado a través de los planes complementarios. Esta recomendación pone el énfasis en los planes de trabajo (segundo pilar de las pensiones), que negocian empresas y trabajadores. Eso supone una buena noticia, según Pichardo, pero no hay que olvidar que “muchas empresas están haciendo verdaderos esfuerzos para subsistir en estos momentos y no puede recaer solo en ellas el coste adicional del ahorro de sus empleados”. A su parecer, habrá que seguir promocionando el tercer pilar, es decir, los planes de pensiones individuales, “para repartir así el coste entre Estado, empresa y ciudadano y poder mejorar la cobertura en la jubilación”.
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Reto demográfico de gran magnitud
La sociedad española es la segunda más longeva del mundo, con una esperanza de vida de 80,9 años en el caso de los hombres y de 86,2 en el caso de las mujeres, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2019. Y estas cifras seguirán aumentando en el futuro. En 2035, la esperanza de vida superará los 83 años para los hombres y se acercará a los 88 años para las mujeres. Es una buena noticia, sin duda, pero tiene sus implicaciones tanto en el sistema sanitario español como en el sistema de pensiones.
La actualización de las proyecciones demográficas del INE apuntan a que, si se mantienen las tendencias actuales, el 26% de la población residente en España tendrá 65 años o más dentro de 15 años. Actualmente, la población de esta edad no llega al 20% y en 1975 solo suponía el 10,2%.
"La demografía es inexorable: en 2035, una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años, por lo que no podemos pretender que el Estado se encargue de todo", asegura Miquel Perdiguer, CEO de Pensium, en el Podcast de Banco Sabadell. No obstante, eso no significa que el sistema de pensiones no sea sostenible, simplemente, que se tendrá que repartir el dinero entre más personas y la jubilación se demorará unos años.
Complementar la pensión
De ahí la importancia de planificar cuanto antes la jubilación y buscar fórmulas para complementar la prestación si se quiere mantener el nivel de vida tras el retiro.
Aunque las sociedades cada vez parecen estar más concienciadas de la importancia de empezar a ahorrar cuanto antes, en España cuesta un poco más que cale el mensaje, según apuntan diversos estudios. Según el informe de McKinsey & Company ‘The social contract in the 21st century’, tres de cada cuatro personas que viven en España siguen sin ahorrar un solo euro para su retiro.
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