Al oír el término sicav muchos pensarán solo en vehículos de inversión diseñados para que las grandes fortunas inviertan su dinero. En parte es verdad; de hecho, entre las mayores de España se encuentran Morinvest, en la que participa la empresaria Alicia Koplowitz, y Allocation, vinculada a la familia Del Pino. La realidad es que las sicavs están al alcance de cualquiera, ya que las principales cotizan en Bolsa y, por lo tanto, podemos comprar acciones de ellas. Pero, ¿qué son exactamente las sicavs?
Las Sociedades de Inversión de Capital Variable, conocidas por su acrónimo SICAV, son una modalidad de institución de inversión colectiva que, a diferencia de los fondos de inversión, tienen carácter societario, es decir, funcionan como empresas. Lo cierto es que lo habitual es que solo algunos de sus partícipes o accionistas concentren el grueso del patrimonio.
Similitudes y diferencias frente a los fondos
Su objetivo principal, también como los fondos de inversión, es recaudar fondos para posteriormente gestionarlos e invertirlos en otros sectores, como bienes inmobiliarios, valores, derechos, instrumentos financieros, etc. La suma de los capitales de distintos inversores hace posible que estos puedan acceder a una gestión personalizada y beneficiarse de unas comisiones favorables de gestión y compraventa de instrumentos financieros.
Por ley, todas las sicavs deben contar como mínimo con 100 accionistas y deben presentar un capital mínimo de 2,4 millones de euros. No obstante, es posible acceder por compartimentos, disminuyendo su capital mínimo de entrada a algo menos de medio millón de euros y 20 socios. E incluso existe la opción más directa de acceder a las sicavs a través de la Bolsa, ya que buena parte de ellas cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), lo que permite que todos los inversores se beneficien de sus políticas y decisiones de inversión. Además, esta característica hace que tengan una mayor liquidez al poder comprar y vender sus acciones siempre que se quiera a través de este mercado.
Por otro lado, y al igual también que los fondos de inversión, están regulados fiscalmente bajo la figura de instituciones de inversión colectiva, de tal manera que en el Impuesto de Sociedades tributan al 1%.
¿Cómo tributan?
Entre sus ventajas y diferencias frente a los fondos se encuentra su amplia política de inversión, ya que suelen contar con una gran flexibilidad frente a las restricciones que normalmente suelen presentar los fondos de inversión. Pero quizás el principal motivo por el que muchos inversores se unen en este tipo de sociedad para rentabilizar su dinero sea su fiscalidad.
Los accionistas solo tienen que tributar por aquellas plusvalías que han recibido de la sociedad a través de la venta de acciones o del reparto de dividendos. En esta línea, los rendimientos obtenidos por los accionistas tributan igual que el resto de productos de ahorro, como depósitos, seguros, acciones, deuda pública, etc. En concreto, lo hacen a un tipo fijo de 19% en la cantidad inicial de 6.000 € anuales, a partir de 6.000 € y hasta 50.000 € al 21%, y desde los 50.000 € en adelante al 23%. Mientras que si son personas jurídicas lo hacen al 25%.
De este modo, las sicavs permiten diferir el pago de impuestos ya que, como hemos comentado, mientras el dinero está en ellas y las ganancias no se cobren tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades en lugar de al 30%. Al igual que otros productos, cuando los accionistas cobran sus beneficios tributan en sus rentas a un tipo general entre el 21% y el 23%, dependiendo de los rendimientos obtenidos.
¿Por qué son polémicas?
A pesar de sus equidades con otros vehículos de inversión, diversos colectivos han exigido al Gobierno cambiar su fiscalidad. De momento, todos los partidos que han llegado al poder lo han terminado rechazando, principalmente por miedo a que se produzca una fuga de capitales a otros países más ventajosos, como Luxemburgo, donde la tributación ya es significativamente inferior al marcar un tipo residual del 0,01%. El resto de países de Europa solo exigen una persona para crear una sicav, exceptuando a Portugal, que sigue el ejemplo de España al exigir a 100, y Francia, donde se extiende a dos personas.
Sin embargo, algunas fuerzas políticas actualmente parecen estar a favor de eliminarlas o gravarlas con más impuestos. Una decisión que ya se tomó en Navarra y País Vasco durante la crisis y que terminó con el cierre de estas sociedades o con su traslado hacia otras comunidades como Madrid. Hoy, la capital alberga más del 85% de las sicavs que operan en España. Ante estas voces, Inverco ha avisado de que las sicavs españolas tienen un claro sesgo inversor hacia los activos domésticos, al invertir casi un tercio de su patrimonio (30.832 millones de euros) en activos españoles, y que si terminaran deslocalizándose provocaría, con toda probabilidad, que esto dejara de ser así y trasladaran sus inversiones a los países de destino.
En todo caso, y a pesar de la controversia, esta figura es totalmente legal. En España todas las acciones de las sicavs están controladas, como todas las instituciones de inversión colectiva, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y sus leyes y estatutos están regulados por la Sociedad de Capitales.
Éxodo de capital
Lo cierto es que, ante las dudas, según datos de Vdos a mes de julio, las sicavs han visto salir en lo que va de año 588 millones de euros en partícipes y acumulan ya once meses de captaciones en negativo. Según datos de la CNMV, si en 2015 había 3.409 sicavs, a cierre de 2018 ya solo quedaban 2.712. En esta línea, la lista de nombres conocidos que han decidido echar el cierre es numerosa. Entre ellos, Ana Rosa Quintana y Aromaniz Inversiones, Gerard Piqué con Kerard 3, o el Juli con Rodeo.
En realidad, lo que realmente se lleva tiempo barajando es modificar su flexibilidad. En enero, un proyecto de ley hablaba de traspasar las competencias de su fiscalización desde las CNMV a Hacienda, lo que terminaría comprobando si las sicavs cumplen con el requisito de que, al menos, estén compuestas por 100 inversores. Un requisito que parecen no cumplir todas al valerse de falsos accionistas, conocidos en la jerga bursátil como ‘mariachis’, y que terminaría por obligar a estos vehículos a tributar al tipo general de sociedades, acabando con sus beneficios fiscales y, si las expectativas se cumplieran, trasladando sus inversiones a otros países más ventajosos.
