Dentro de la industria financiera, los ratings son herramientas clave que se utilizan como referencia para tomar decisiones de inversión. Aunque contar o no con uno es una decisión de la entidad que emite un producto en el mercado, lo más habitual es que para obtener financiación resulte imprescindible disponer, al menos, de una o dos calificaciones por parte de las principales agencias internacionales habilitadas para ello.
Si bien existen más de 70 agencias de rating en el mundo, tres representan alrededor del 90% del mercado: las estadounidenses Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch IBCA. A gran distancia de ellas, se encuentran otras como, por ejemplo, la canadiense DBRS o la otra estadounidense Dun & Bradstreet. Todas ellas comparten la característica de que no tienen posiciones de riesgo ni intereses en el mercado y que no pertenecen a ningún gran grupo financiero que pueda influir en sus decisiones. En relación a Europa, a lo largo de los últimos años, ha habido peticiones para crear una agencia oficial de calificación, de carácter público, pero, de momento, la propuesta no se ha llegado a concretar.
Qué información proporcionan a los inversores
La principal labor de estas agencias de calificación es la de evaluar el riesgo de crédito del sector público y de las compañías financieras que escogen financiarse por medio de los mercados de capitales. Gracias a sus análisis, establecen unos ratings que, básicamente, jerarquizan a los activos y a las organizaciones según su nivel de solvencia y en relación a la posibilidad de que se produzca un impago de sus obligaciones financieras. Estas calificaciones son reconocidas por los inversores y, por medio de esta información, conocen el riesgo asociado a determinados productos financieros, tomando en consecuencia sus decisiones en relación a ellos.
Estas agencias soportan un rol muy importante dentro de la industria financiera, puesto que brindan una información clave para los inversores a través de sus calificaciones. A grandes rasgos, proporcionan una evaluación del riesgo crediticio implícito para las compañías, las acciones, los bonos gubernamentales, los valores respaldados por hipotecas y las obligaciones de deuda garantizadas.
A pesar de todo, una compañía puede optar por financiarse emitiendo deuda sin contratar a una de estas agencias, aunque ello supondrá, con toda probabilidad, que deba abonar un tipo de interés sensiblemente más alto para conseguir atraer inversores.
Cómo leer un ‘rating’
Los ratings, al fin y al cabo, no dejan de ser como las notas que reciben los alumnos al final del trimestre. En este caso, los diferentes productos financieros obtienen un rating en forma de código alfabético según su calidad crediticia o la de la organización que lo ha emitido (Standard & Poor's y Fitch IBCA utilizan la misma escala de calificación, pero Moody's utiliza baremos de análisis ligeramente diferentes). Para llegar a dicho código, las agencias recogen toda la información de aquellos que solicitan sus servicios y la estudian de acuerdo a su propia metodología, exponiendo los activos a diferentes supuestos de estrés para observar cómo se comportarían, lo que ayuda a determinar su riesgo real.
Es decir, que, si una compañía desea emitir un bono, debe contratar a una agencia de rating para que lo evalúe y lo califique, una situación que, en ocasiones, puede suscitar polémica entre algunos inversores. Sin embargo, cabe destacar que estas entidades viven de su reputación y de la calidad de su trabajo de análisis, por lo que no sucede ningún conflicto de interés, ya que eso les haría perder toda credibilidad a ojos del mercado. Normalmente, los activos de renta fija que emiten los estados son los que cuentan con un riesgo de crédito más bajo, lo que significa que ‘pagan’ menos al inversor, ya que las entidades con una mayor calidad crediticia, al disponer de mayor interés por parte de los inversores, pueden ofrecer una menor rentabilidad por sus activos.
Existen calificaciones a largo plazo (para el mercado de capitales) y a corto plazo (para el mercado monetario). Dentro de las primeras, se diferencia entre activos investment grade y activos non investment grade, según si la solvencia del emisor es elevada o no. De todos modos, cualquiera de ellas puede variar con el paso del tiempo, mediante las sucesivas evaluaciones que llevan a cabo los especialistas de estas agencias.
Las calificaciones son de vital importancia para las compañías que emiten un producto financiero, ya que, si es baja, o, incluso, si se pierde un grado de inversión durante una revisión, puede suponer el encarecimiento en el acceso a la financiación o, en el peor de los casos, directamente impedir que pueda acceder al mercado para obtener financiación.
Halo de polémica
Posiblemente, uno de los momentos más críticos para las agencias de rating se produjo en 2008, con la anterior crisis económica. En aquella ocasión, las tres grandes agencias habían clasificado varios préstamos e hipotecas basura de alto riesgo (más conocidos como subprime) con calificaciones muy elevadas, lo que contribuyó a despertar el interés de muchos inversores. Tras estallar la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos (EE.UU.), se comprobó, sin embargo, que no tenían ningún valor, lo que profundizó y extendió la crisis que se produjo a continuación.
A partir de este evento, se aumentó la regulación de las agencias de rating, por ejemplo, en el caso de EE.UU., aprobando en 2010 una ley de protección al consumidor de los mercados financieros, conocida como la Ley Dodd-Frank. También, se estableció la creación de nuevos organismos de supervisión de los sistemas financieros, tanto en Europa como en Norteamérica, destinados a velar porque los mecanismos de evaluación de los activos y de las organizaciones sean lo más eficientes posibles.
En Europa, es la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, según sus siglas en inglés) la que regula la actividad de las agencias de rating, ocupándose, según su ley fundacional, de “la integridad, la responsabilidad, la buena gestión y la independencia de las actividades de calificación crediticia para asegurar calificaciones de calidad y altos niveles de confianza de los inversores”. Su homólogo en EE.UU. es la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés). A nivel nacional, en España se encuentra la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como principal supervisor de la industria financiera, mientras que, por citar otro caso, en el Reino Unido está la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), una de las más prestigiosas del mundo.
