El Gobierno se ha marcado el firme compromiso de impulsar el segundo pilar del sistema de pensiones español: los planes de pensiones de empleo (PPE), una fórmula muy extendida en otros países europeos que, sin embargo, se usa poco en España. Y es que solo el 1% de las empresas ofrece este tipo de productos a sus trabajadores, a pesar de que el ahorro para la jubilación es un beneficio social muy bien valorado por los empleados.
¿Qué son los PPE? Son planes de pensiones complementarios que las empresas ponen a disposición de sus trabajadores para que, de manera voluntaria, tengan un complemento a su pensión cuando se jubilen. A este respecto, el promotor del plan de pensiones será la empresa, y, el partícipe, el trabajador que decida suscribirlo y adherirse a él. Las aportaciones las realizan las empresas (y representan un mayor coste salarial) y los empleados si así lo desean.
En España se utilizan poco y sobre todo se llevan a cabo en grandes empresas. Según datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), en 2020, unos dos millones de personas tenían un plan de pensiones de este tipo, con un patrimonio de casi 35.000 millones de euros, frente a los más de siete millones de personas con planes de pensiones individuales.
Nuevas medidas
De ahí que el Gobierno vaya a impulsar este tipo de soluciones de ahorro con dos medidas que ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2021: la reducción de las ventajas fiscales de los planes de pensiones individuales y el incremento de las de los PPE y la promoción de un plan de pensiones de empleo público para dar cobertura a pymes y a autónomos, que utilizan mucho menos este tipo de productos que las grandes empresas.
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Con esta segunda medida, el Gobierno pretende generalizar los planes de empleo en todos los segmentos empresariales. No hay que olvidar que el tejido empresarial español tiene una importante concentración de autónomos y pymes. Según Esther Pichardo, directora de Ahorro y Pensiones de BanSabadell Vida y Pensiones, las pymes representan el 46% de las empresas españolas y dan empleo al 53% de la población española. "Nuestro tejido empresarial se basa en pymes y autónomos, los primeros, con mayores dificultades para acceder a este tipo de productos; los segundos, actualmente, imposibilitados. Además, no podemos olvidar que las aportaciones a estos productos representan un incremento en el coste salarial, y no todas las empresas están en condiciones de asumirlo, ni todos los trabajadores lo valoran y lo prefieren frente a una subida salarial en su cuenta corriente".
Precisamente por estos motivos, este impulso no será real “si no viene acompañado de otras medidas como son ventajas fiscales para las empresas que los ofrezcan y la obligatoriedad de recibir una parte del salario en este tipo de productos por defecto”, señala Pichardo.
Otra solución de ahorro a través de la empresa
"Las empresas pueden ofrecer también a sus empleados, para ahorrar de cara a la jubilación, destinar parte de su salario anual a realizar aportaciones a un plan de jubilación. Este producto permite que cada empleado decida qué importe desea destinar al ahorro, hasta un máximo del 30% del salario bruto, sin suponer un mayor coste salarial para la empresa", explica Pichardo. Uno de los puntos a valorar es que "la cantidad destinada será exenta de tributación hasta el momento en el que se cobre el plan, y existen interesantes políticas de inversión como la de ciclo de vida, que permite que cada empleado tenga su inversión adaptada al horizonte temporal de su jubilación", concluye la experta.
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Razones para impulsar estos productos no faltan. Los estudios muestran que las pensiones públicas en España no podrán continuar siendo tan generosas en el futuro. España es el tercer país más longevo del mundo, después de Japón y Suiza. La esperanza de vida se ha ido alargando desde hace más de un siglo a un ritmo medio de cuatro años por década. Y lo seguirá haciendo en los próximos años. Según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE), si se mantienen las tendencias actuales, el 26% de la población residente en España tendrá 65 años o más dentro de 15 años.
Este progresivo envejecimiento hace que, de forma natural, aumente la esperanza de vida restante, un indicador que muestra el tiempo que se espera que viva una persona tras su salida del mercado laboral. Cuando se creó el sistema público de pensiones, la esperanza de vida tras la jubilación era de 9,1 años. Actualmente, es de más de 18 años y continúa creciendo, lo que está cuestionando la sostenibilidad del sistema tal y cómo está concebido.
Planificar la jubilación desde la empresa
En concreto, según el estudio ‘Pensions at a Glance’ de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2018 la esperanza de vida restante fue de 22,5 años de media para las mujeres y de 17,8 años para los hombres. Francia y España tuvieron la mayor duración esperada, de más de 26,5 años para las mujeres y más de 21,5 años para los hombres. Son, por tanto, los países de la zona euro que más tiempo tienen que mantener a los jubilados y a los pensionistas después de la vida activa.
De ahí que las pensiones no puedan seguir siendo tan generosas en el futuro como lo son ahora. Y de ahí también la importancia de planificar cuanto antes la jubilación para asegurar el nivel de vida tras el retiro. En este sentido, la implantación de sistemas de previsión social en el ámbito empresarial contribuye a que los empleados puedan constituir un ahorro que complemente su pensión pública de jubilación.
Además, este tipo de instrumentos también implican ciertas ventajas para las empresas. Pueden constituir un instrumento de fidelización en la política global de recursos humanos, puesto que el ahorro para la jubilación es uno de los beneficios sociales más valorados y son cada vez más importantes en la atracción y la retención del talento. Además, son sistemas normalmente flexibles y adaptables a las circunstancias de cada empresa, con una gestión y una supervisión profesional.