El sistema público de pensiones es fundamental para garantizar el bienestar y la solvencia económica de casi 8,9 millones de personas en España. Un número que no ha parado de crecer: a principios de 2005, los pensionistas apenas superaban los 7,3 millones.
En los últimos años, el déficit estructural de este sistema ha ocupado portadas y centrado gran parte del debate político. Saber cómo funciona es fundamental para entender los retos a los que se enfrenta el Estado y la viabilidad futura de la jubilación tal y como la entendemos. Analizamos cómo funciona el sistema público de pensiones en España y los desafíos a los que se enfrenta.
La caja única y los principios del sistema
El organismo encargado de gestionar el sistema público de pensiones en España es la Seguridad Social. Su funcionamiento se basa en un principio de reparto: todos los trabajadores en activo contribuyen a una ‘caja única’ mediante el pago de cotizaciones. Con los fondos de esta caja se pagan las pensiones de jubilación y el resto de prestaciones sociales públicas (pensiones por viudedad y orfandad o el desempleo, por ejemplo).
Este sistema se basa en el principio de la solidaridad financiera: los trabajadores en activo sufragan las pensiones de aquellos ya jubilados, mientras que en el futuro ellos mismos se verán beneficiados del trabajo de las próximas generaciones.
La cuantía de las prestaciones va en relación a lo aportado económicamente a la Seguridad Social a lo largo de la vida laboral, siguiendo el principio de proporcionalidad contributiva. De esta manera, aquellos que han cotizado más y pagado cuotas más altas recibirán una pensión también más alta.
Es importante tener en cuenta que la pensión debe ser suficiente para garantizar un nivel de vida similar al que se tenía cuando se recibía un salario, de acuerdo con el principio de suficiencia de prestaciones.
Aquellos que no han contribuido económicamente al sistema (o lo han hecho, pero sin alcanzar los niveles mínimos) acceden a un nivel de prestaciones no contributivo, que cubre las necesidades más básicas. De esta forma, y siguiendo el principio de universalidad, todos los ciudadanos tienen acceso a servicios mínimos.
Por último, en el sistema de pensiones entra en juego el principio de la gestión pública, que garantiza que el sistema de la Seguridad Social está gestionado y financiado por entidades públicas. En concreto, por la Tesorería General de la Seguridad Social. La pensión pública por jubilación (junto a otras prestaciones sociales) está protegida y reconocida por la Constitución Española en su artículo 41.
¿Quién tiene derecho a recibir una pensión?
En el momento de la jubilación, los trabajadores comienzan a recibir una remuneración mensual de carácter vitalicio. El primer requisito para recibir una pensión de jubilación contributiva es haber estado afiliado y haber contribuido a la Seguridad Social.
El segundo es alcanzar la edad estipulada. En 2019, pueden jubilarse a los 65 años de edad aquellos trabajadores que hayan alcanzado los 36 años y nueve meses cotizados. Los que no, deben esperar a cumplir los 65 años y ocho meses. Esta edad se irá retrasando de forma gradual hasta el 2027, año en el que será necesario haber cotizado 38 años y seis meses para jubilarse a los 65. Los que no alcancen estas cifras lo podrán hacer a los 67 años.
Este retraso gradual de la edad de jubilación es una consecuencia directa de las reformas del sistema de pensiones aprobadas en 2011 y 2013. Además, la jubilación obligatoria ha dejado de existir y la ley contempla excepciones por las que la jubilación puede producirse antes (como en caso de jubilación anticipada o jubilación parcial) o después de los 65 (como en la jubilación flexible).
Por último, es necesario alcanzar el periodo de cotización mínimo, actualmente fijado en 15 años. Las personas que alcanzan esta base acceden al 50% de la prestación máxima. A partir de ahí, ese porcentaje va aumentando hasta alcanzar el 100% de la cuantía a la que se tiene derecho.
Cómo se calculan los importes
La cantidad final que los pensionistas reciben cada mes se calcula como un porcentaje de las cotizaciones y depende de la edad de la jubilación y los años trabajados. En 2019 se tienen en cuenta las bases de cotización de los últimos 22 años.
Para hacer el cálculo, se comienza a contar desde el mes anterior a la jubilación. Por ejemplo, si un trabajador solicita la jubilación el 24 de septiembre de 2019, se valorarán las bases de cotización de los últimos 22 años desde agosto de 2019.
Se trata de una medida transitoria, ya que en 2022 se contarán las bases de cotización de los últimos 25 años. Para entonces, la base reguladora se obtendrá sumando las últimas 300 bases de cotización (12, una por cada mes de esos 25 años cotizados) que se dividirán entre 350 (dado que los pensionistas reciben 14 pagas al año, no 12).
Retos y desafíos: el factor de sostenibilidad
Según el informe ‘El sistema público de pensiones en España: situación actual, retos y alternativas de reforma’ del Banco de España, el gasto público en pensiones depende de tres tipos de factores. El primero es de carácter demográfico, el segundo está relacionado con la tasa de empleo y el tercero tiene que ver con la relación entre la pensión media y la productividad de la economía.
El envejecimiento de la población
Actualmente, España es el tercer país del mundo con más esperanza de vida y cuenta con un alto porcentaje de población envejecida. Algo que inclina la balanza del sistema de reparto, que depende de que el número de trabajadores en activo sea lo suficientemente alto como para sostener el creciente número de pensionistas.
La tasa de empleo
Cuanto menor sea la proporción de la población en activo, menor será el PIB y, por tanto, mayor será el gasto proporcional en pensiones. El equilibrio del sistema de reparto se rompió en 2008, cuando el aumento del paro hizo bajar el número de empleados hasta mínimos históricos. Así, para poder pagar las pensiones, se gastaba más de lo que se ingresaba.
Pensión media y productividad de la economía
La tasa de sustitución de las pensiones es la relación entre el importe de la primera pensión y el último salario. Cuanto mayor sea esta tasa de sustitución, mayor será el gasto en pensiones. Actualmente, la media española es superior al 81%, la más alta de la Unión Europea. Todo indica que este porcentaje se irá reduciendo, menguando así el poder adquisitivo de los pensionistas.
Otro de los desafíos a los que se enfrenta el sistema tiene que ver con cómo se ha gestionado el déficit durante los últimos años: gran parte del presupuesto ha salido del Fondo de Reserva, una ‘hucha’ pública destinada a solventar dificultades económicas del sistema de la Seguridad Social. Posteriormente se acudió a crédito, influyendo así en la deuda pública.
Hoy en día, España cuenta con 2,2 trabajadores por cada pensionista, y todo indica que esta proporción se irá estrechando. Los trabajadores activos ya no pueden sostener por sí solos las pensiones públicas, por lo que urge encontrar una solución alternativa.
