En España, existen alrededor de 2,6 millones de funcionarios y empleados públicos, según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas que publica el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. De ellos, casi el 58% presta servicio en el sector público de las comunidades autónomas; cerca del 20% en el Estado y el 22%, en el segmento público de las entidades locales. Esto significa que en torno al 13% de la población ocupada de nuestro país trabaja de manera directa para alguno de los diferentes niveles de la Administración, que incluyen un abanico tan variopinto como la Administración General del Estado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Administración de Justicia y Entidades Públicas Empresariales y Organismos Públicos con régimen específico; las Administraciones de las Comunidades Autónomas; la Administración Local, los Ayuntamientos, las Diputaciones, los Cabildos y los Consejos Insulares, y las Universidades.
Cuando se habla de transformación digital solemos referirnos a las empresas privadas, obviando a este colectivo tan numeroso de profesionales, no solo en España, sino en los países de nuestro entorno -por ejemplo, según el informe ‘Panorama de las Administraciones Públicas’, elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), solo mirando a Europa, el sector público emplea a casi el 30% de la población activa en Noruega o Dinamarca, mientras que en Francia es el 22%, en Reino Unido, el 18% y en Italia, el 14%-. Sin embargo, de acuerdo al estudio ‘¿En qué hay que transformar la Administración Pública española?’, elaborado por PwC, se deberá de renovar profundamente el ámbito público en los próximos años, por dos razones principales: porque su mayor integración con la tecnología supondrá un notable ahorro de costes (en un contexto en el que la población cada vez está más envejecida y se hace más insostenible el mantenimiento de, por ejemplo, el Sistema de Pensiones) y porque los ciudadanos exigen una reducción de la burocracia, algo en lo que la automatización y el Big Data tienen mucho que decir.
Y, lo cierto, es que, de manera a veces silenciosa, la Administración española parece que, poco a poco, va haciendo sus deberes. Según el informe DESI (siglas que corresponden con el Índice de Economía y Sociedad Digital) que elabora la Comisión Europea, nuestro país ha sido de los que más ha avanzado en cuanto a conectividad y servicios públicos digitales, gracias, entre otros factores, a la modernización de las redes de banda ancha fijas y móviles o a la apuesta que se lleva haciendo, en especial en el último lustro, por la estrategia de gobierno electrónico. En el lado de los ámbitos de mejora, se señala que hay una baja integración de las tecnologías digitales con la Nube, que se encuentra muy poco desarrollado el comercio electrónico en algunas áreas y, sobre todo, que existe una necesidad de formación y actualización de los empleados públicos acerca del uso y aplicaciones de las nuevas tecnologías, por lo que se exhorta al Ejecutivo a desarrollar e implementar una plan de formación digital que favorezca su implantación y venza cualquier posible resistencia al cambio que exista entre los funcionarios. De hecho, los especialistas de este documento recomiendan apostar en el corto plazo por una mayor subcontratación de empresas privadas que sirvan para favorecer la asimilación de los beneficios en el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito público.
Simbiosis entre máquina y humano
El informe de Deloitte ‘Future of Government Jobs’ es tajante: no habrá un solo ámbito económico o empresarial que pueda escapar de la transformación digital en esta década. Y señala más, al afirmar que cualquier trabajo en el futuro, incluidos los que se realicen en el sector público, tendrán en mayor o menor medida un emparejamiento entre humano y máquina. Desde el lado de la Administración, los distintos departamentos podrán llevar a cabo esta integración utilizando el liderazgo humano, el trabajo en equipo, la creatividad y las habilidades sociales para complementar la velocidad, la escalabilidad, la resistencia y las capacidades cuantitativas de las máquinas.
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Sin embargo, el reto parece ser identificar qué nuevos trabajos y perfiles profesionales llegarán al sector público para abordar y dirigir esta transformación. Un desafío que, por ejemplo, desde el World Economic Forum en ‘What is the future of work?’ se han atrevido a analizar, concretando algunos como:
- Auditor de logaritmos. La Administración ya usa los logaritmos para, por ejemplo, desarrollar previsiones sobre cuentas financieras o para hacer estimaciones en relación a la pirámide de población. Sin embargo, el desarrollo avanzado de campos como la analítica de datos obligará a contar con profesionales cuya principal ocupación sea la de verificar que las técnicas de utilización de estos logaritmos hayan sido éticas, transparentes y equitativas, en consonancia con los principios que defiende la institución. Para lograrlo, serán expertos en el análisis cualitativo de los datos y tendrán una gran comprensión de la Inteligencia Artificial para la comprobación de resultados. Además de identificar problemas, los auditores de algoritmos también proporcionarán recomendaciones sobre cómo hacer que el modelo sea mejor, estableciendo medidas preventivas para incrementar los servicios que se ofrecen al ciudadano.
- Enfermeras exponenciales. Si se suman a todas las capacidades que tiene un profesional de la enfermería (conocimientos sanitarios, psicología con el paciente, funcionamiento de un hospital,…) aquellos propios de un especialista en Big Data, se consigue un nuevo perfil capaz de simplificar la toma de decisiones gracias a toda la información que se extrae del análisis de los datos para ofrecer un mejor servicio y una toma de decisiones críticas más rápida para los usuarios. Además, las nuevas tecnologías permitirán monitorizar en tiempo real a cualquier persona en remoto, pudiendo comunicarse con ella de manera instantánea para, por ejemplo, administrar un medicamento, darle soporte emocional o establecer una serie de recomendaciones para calmar su dolor. Una telemedicina avanzada cuyo auge se ha vivido recientemente por causas de la COVID-19.
- Gestor de plataformas de movilidad inteligente. Con la progresiva interconexión de servicios en las grandes ciudades (semáforos, transporte público, incidentes como accidentes de tráfico o incendios, monitorización de vuelos y trenes,…) es cuestión de tiempo que se integre dentro del portfolio de profesiones del ámbito público este perfil, que, a grandes rasgos, es un especialista en Inteligencia Artificial con conocimientos expertos en análisis de datos, de manera que, en tiempo real, pueda optimizar rutas de transporte, preparar las infraestructuras ante un desastre natural inminente o reordenar el tráfico cuando se produce un atasco.
- Coordinador de talento en la Nube. ¿Y si en apenas unos años una sola persona pudiera ser capaz de alinear los ingentes recursos humanos y materiales de la Administración para, de manera permanente, ofrecer la mejor respuesta en términos de tiempo y eficiencia ante cualquier reto que se presentara? Con toda la información pública disponible e interconectada a través de Internet, este especialista tendrá un portfolio de actividades casi ilimitadas: desde recomendar a los ciudadanos cómo mejorar su situación financiera cuando llegue la hora de la jubilación a establecer planes de carrera y de formación continua para los funcionarios, siendo capaz de identificar continuamente sinergias con empresas del sector privado con la mente siempre puesta en dar la mejor respuesta posible a las necesidades de la sociedad.
