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Los retos y las fortalezas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español

15/06/2021

A pesar de la valoración positiva que muchos expertos han manifestado en relación al Plan enviado a Bruselas, existen algunos desafíos que afrontar para conseguir optimizar el impacto positivo en la economía

110 inversiones y 102 reformas. En total, 212 son las medidas que incluye el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a través del cual el Gobierno pretende captar 69.500 millones de euros entre 2021 y 2023 mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que es el eje central del Fondo de Recuperación Europeo, también conocido como Next Generation EU. Además, el país podrá disponer de otros 12.000 millones de euros procedentes del programa REACT-EU.

Solo de los casi 70.000 millones de euros del MRR, el Gobierno prevé un impacto económico de dos puntos porcentuales del producto interior bruto (PIB), mientras que el Banco de España reduce su peso en 2021 hasta 1,3 puntos. En el caso de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), su cálculo incluye, además del MRR, el programa REACT-EU, y estima que contribuirá en 1,5 puntos al PIB.

Este Plan, que el Gobierno envió a Bruselas a finales de abril, y sobre el cual la Comisión Europea se pronunciará el 16 de junio, destinará un 40% del total de los fondos a la transición ecológica, mientras que la rama de la digitalización abarcará el 30%. Educación, con un 10,5% del total; e innovación, con un 7%, serán otras de las ramas que recibirán un mayor apoyo.

Entre las inversiones, el Gobierno destaca el esfuerzo que se va a acometer, por ejemplo, en la modernización del tejido productivo, en apostar por un desarrollo sostenible de la economía o en el impulso a la red 5G.

En cuanto a las reformas más destacadas, en el ámbito laboral, se quieren revisar las bonificaciones a la contratación, desarrollar un nuevo mecanismo legal para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para las empresas en crisis, y establecer una reducción y simplificación de los contratos. El Ejecutivo también plantea una reforma de las pensiones, aproximando la edad efectiva de jubilación a la edad legal, a la vez que se quiere estructurar un nuevo sistema de cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales.

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Además, en el campo de la ciencia y de la tecnología, se pretende reforzar el sistema de investigación e impulsar a los sectores con una mayor proyección, además de estructurar medidas de apoyo a las pymes que permitan hacer crecer el emprendimiento o renovar el Sistema Nacional de Salud. Desde el ámbito del capital natural, se quiere descarbonizar la industria tradicional y el sector agroalimentario.

Desafíos por delante

En general, los especialistas han valorado positivamente la futura absorción de fondos por parte de España. De hecho, una vez aprobado el Plan, probablemente el país recibirá un anticipo de 9.000 millones de euros correspondientes al primer tramo que llegaría a lo largo del verano. La CE iniciará esta semana la emisión de deuda conjunta para financiar el Fondo, ya que todos los países de la UE culminaron con éxito la ratificación del sistema de financiación.

A partir de ahí, la recepción de los siguientes fondos estará condicionada al cumplimiento de los hitos marcados con la CE, y que, en el caso español, podría suponer la llegada a finales de año  de otros 16.000 millones de euros (en virtud de que, según el Ejecutivo, algunos hitos ya se han ido cumpliendo a lo largo de los últimos meses), junto a alrededor de 2.000 millones más correspondientes a REACT-EU. Las evaluaciones de la CE tendrán lugar cada seis meses, dos veces al año.

Sin embargo, también existen algunos desafíos sobre su ejecución. La AIReF señala que algunos de los trámites administrativos realizados ya en 2021, como la elaboración de estrategias, convocatorias o ayudas, retrasarán la ejecución de inversiones este año, pero permitirán una mayor materialización de éstas en 2022, lo que trasladaría gran parte del impacto macroeconómico a ese año.

Entidades como la AIReF valoran positivamente el Plan, aunque se preguntan cómo se seguirán financiando algunas reformas una vez finalicen las ayudas europeas

Esta institución apunta como potencial riesgo a corto plazo el ritmo de implementación de los proyectos de inversión y las reformas financiadas por el Fondo de Recuperación Europeo. A medio plazo, la principal amenaza estriba en cómo seguir financiando el gasto que, por su naturaleza, tenga una vocación de permanencia, una vez se haya retirado el apoyo económico de estos fondos europeos, como, por ejemplo, el gasto en la formación de capital humano. Según la AIReF, todo ello podría conllevar un aumento del endeudamiento.

Inversión y reformas

Algo en lo que coinciden los expertos de la AIReF y los del Banco de España es en la carencia de detalles sobre las reformas incluidas en el Plan.

En concreto, la AIReF afirma que la información y el grado de definición de las 212 medidas recogidas no son suficientes como para evaluar su impacto en el medio plazo, y se pone como ejemplo aquellas reformas que pueden suponer ahorros fiscales o mayores ingresos (por ejemplo, si la reforma laboral afecta o no al gasto en desempleo o si la reforma de las pensiones supone una reducción del gasto en las mismas). De acuerdo a esta institución, no se encuentran suficientemente cuantificadas, lo que dificulta el análisis de la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

En esta línea, el Banco de España ha propuesto, entre otras cosas, la utilización de 8.600 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo para financiar los costes de transición de la llamada mochila austriaca. Esta reforma, consistente en la acumulación de un fondo individual a lo largo de la carrera laboral, podría permitir reducir los costes de despido y la reducción de la dualidad del mercado laboral entre trabajadores fijos y temporales.

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