“La crisis de la COVID-19 ha venido a constatar las debilidades previas estructurales que presentaba el sistema sanitario en España”, señala Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). Antes de la irrupción de la pandemia, el sistema de salud español era proyectado como uno de los mejores del mundo. Pero el coronavirus ha puesto de relieve fallas sistémicas como la falta de personal sanitario -el 95% de los centros de salud tiene problemas de contratación- o la escasez de material médico.
Las imágenes de desbordamiento de los hospitales y de los centros de atención primaria aumentaron el interés y el reclamo por los centros médicos privados. Durante abril y mayo de 2020, en plena primera ola de la pandemia, los hospitales generales privados atendieron al 16% de los pacientes contagiados por la COVID-19 y asumieron el 14% de los ingresos en unidades de cuidados intensivos (UCI). Además, según datos de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), los únicos seguros que crecieron el año pasado fueron los seguros de salud, con un incremento del 4,9%.
Durante estos primeros coletazos de la COVID-19, España en particular y la Unión Europea (UE) en su totalidad se dieron cuenta de su gran dependencia exterior para producir y adquirir material sanitario derivando en un desabastecimiento generalizado de equipos de protección o de pruebas PCR. “Hemos comprado mascarillas 13 veces más caras que en 2019”, asegura Rus.
Otra de las debilidades reveladas por el coronavirus ha sido la vulnerabilidad de las personas mayores, las más expuestas ante esta crisis. En España, el 80% del gasto sanitario está destinado a mayores de 60 años. El 19,6% de la población española tiene más de 65 años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y la tendencia demográfica, con una esperanza de vida de 83,4 años, camina hacia un envejecimiento de la ciudadanía.
En este contexto, los sistemas sanitarios públicos y privados se preparan para fortalecer su alianza, adaptarse a la nueva realidad pos-COVID-19 con el fin de ser viables y competentes en el futuro, y aprender de las lecciones que está dejando la pandemia. “No olvidemos que la sanidad privada no es sustitutoria, sino complementaria [de la pública], fruto de la libertad de empresa y de la libre elección del ciudadano (…). Somos un recurso estratégico y flexible para cuando se precise. La eficacia demostrada debe alentar confianza en el modelo colaborativo y una perspectiva de alianza sin la cual no es posible contemplar el estado de la sanidad española”, afirma Rus.
Durante la crisis sanitaria, el intercambio de profesionales, de recursos y de materiales entre las administraciones, las comunidades autónomas y los 806 hospitales del Sistema Nacional de Salud y los 468 centros hospitalarios privados ha sido constante para hacer frente a la emergencia sanitaria que durante sus peores momentos dejaba UCI y hospitales colapsados.
IVA y tecnología, miras al futuro
Otro de los hitos que deja la pandemia en el ámbito sanitario español es la reducción a tipo cero del impuesto sobre el valor añadido (IVA) para el material sanitario. El Gobierno ha ampliado recientemente esta medida hasta el 31 de diciembre de este año. En el país, se aplica el tipo reducido del IVA (10%) a todos aquellos productos sanitarios para aquellas personas que sufren deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Para el resto de productos, el gravamen es del 21%. “La industria pide que una de las enseñanzas de esta crisis sea establecer el IVA del 4% a todos los productos sanitarios”, señala Rus.
Además, al igual que ha ocurrido en otros sectores como el educativo, el deportivo o el cultural, la pandemia ha acelerado la transformación digital de los sistemas sanitarios. Los cambios llamados a producirse en años, se han materializado en pocos meses. El impulso de la telemedicina da buena cuenta de ello. La crisis global de la COVID-19 dejará un aumento global del 5% de consultas médicas a distancia, lo que se traduce en más de 400 millones de videollamadas. Y las compañías encargadas de ejecutar los servicios de ‘telesalud’ aumentarán sus ganancias en 8.000 millones de dólares este 2021, según el informe ‘Predicciones en Tecnología, Medios y Telecomunicaciones’ de Deloitte.
“La crisis de la COVID-19 ha potenciado el interés en la aplicación de nuevas tecnologías y parte de nuestros centros asociados están trabajando en este sentido, aunque queda mucho por hacer”, asegura el presidente de ASPE.
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Otro estudio realizado por mediQuo destaca que en España las consultas de telemedicina aumentaron un 153% desde que se decretó el estado de alarma. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer en este impulso tecnológico que ve en la robotización o en las tecnologías como el 5G y la realidad aumentada una oportunidad para hacer los diagnósticos más precisos, minimizar los costes y hacer frente a la demanda de consultas incluso en tiempos excepcionales como el que deja la pandemia.
“La tecnología nos tiene que dar tiempo para poder dedicar más espacio al paciente. Es una palanca que nos hará capaces de asumir el aumento de la demanda que vamos a tener, con el envejecimiento de la población, en pro al buen hacer de la profesión, pero también, económicamente más viable y sostenible”, concluye Rus.
