Decía Benjamin Franklin que “invertir en conocimiento produce siempre los mejores beneficios”. Una aseveración que, en el caso de las inversiones de impacto, es decir, aquellas que buscan de manera intencionada un impacto social o medioambiental medible junto a un retorno financiero mayor del capital inicial, parece ajustarse a la perfección. Y es que, cada vez más, parece que tanto los ahorradores minoristas como los propios gestores de fondos apuestan por productos que, además de ser eficientes desde una óptica de la rentabilidad, aporten un compromiso sincero para mejorar el mundo actual. De hecho, su concepción tal cual hoy es utilizada proviene del director general de la Fundación Rockefeller, Bugg Levine, quien poco antes de que estallara la recesión global derivada de las hipotecas subprime desarrolló una filosofía financiera basada en unir las actividades filantrópicas tradicionales de la entidad con la labor de los inversores más exitosos del momento. El resultado sorprendió a muchos, ya que no tardaron en atraer la atención del mundo financiero hasta el punto de que empezó a ser replicada no solo en otras organizaciones sin ánimo de lucro sino, incluso, entre algunas gestoras, captando el interés de un número creciente de inversores minoristas.
Con el paso del tiempo, a pesar de compartir el nexo común de combinar retorno financiero con un impacto social, se han creado dos tipos de participantes en este mercado: aquellos que le otorgan prioridad a la rentabilidad económica, grupo formado principalmente por inversores comerciales que quieren optimizar el capital de sus clientes a través de fondos u otros productos que rastrean el mercado en busca de las mejores oportunidades; y los que le dan mayor peso al impacto social y medioambiental, estando dispuestos a obtener un menor retorno económico a cambio de que se mejore el ecosistema de un modo u otro. De las relaciones que, con frecuencia, se establecen entre ambos surgen estructuras colaborativas, denominadas layered structures, con la premisa principal de identificar inversiones que sean realmente de impacto en base a los análisis fundamentales y extra financieros que realizan los especialistas, aunque, en una segunda fase, cada uno de estos dos tipos de stakeholders prioriza sus objetivos en base a sus respectivas filosofías.
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El efecto catalizador de los ODS
Entre las características esenciales que hacen únicas a las inversiones de impacto frente al resto, cabe destacar, sobre todo, y de acuerdo con la definición que establece la Red Mundial de Inversiones de Impacto (GIIN), su enfoque tridimensional, ya que, además de la habitual doble dimensión en el mundo financiero (el binomio entre la rentabilidad y el riesgo) se le suma una más, la esfera social. Gracias a ella, surge un propósito o intencionalidad evidente para mejorar algún ámbito de la comunidad global fuera de la esfera financiera, pero siempre, bajo el prisma de cosechar una rentabilidad económica (componente empresarial). Este reto social deriva, por su propia vocación, en que este tipo de inversiones sean de largo plazo, para que, de este modo, se permita el desarrollo de la estrategia de actuación que propicie un cambio estructural, de ahí que, con frecuencia, al dinero invertido en esta categoría se le denomine capital paciente. Otra característica esencial es que los proyectos de impacto deben ser escalables, en el sentido de que tengan un recorrido progresivo a futuro, pudiendo ser medido de manera periódica vía ratios por parte de los analistas tanto en términos de rentabilidad financiera como en los efectos sociales que genera a lo largo del tiempo.
En 2015, los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se comprometieron a cumplir con una serie de metas muy ambiciosas para mejorar el mundo actual, que se concretaron en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que, por ejemplo, abordan temas como la desigualdad y la pobreza, el acceso al agua potable, garantizar una entrada efectiva en tratamientos de la salud y de la educación, o una lucha activa y consecuente para abordar el problema del cambio climático. En todos ellos, de forma unitaria o por grupos, tiene cabida la inversión de impacto, con unas expectativas de rentabilidad económica que, según la GIIN, son muy elevadas para los próximos años, habida cuenta de la necesidad de construcción y mejora de infraestructuras o, simplemente, de la interconexión de territorios, que dará la posibilidad a muchas empresas de distintos ámbitos e industrias a crecer, ofreciendo modelos de negocios sostenibles pero, también, muy ambiciosos desde el punto de vista financiero. De hecho, según un estudio de esta entidad, nueve de cada 10 inversores de impacto a escala global afirmaron haber cumplido con sus expectativas de beneficios económicos en los últimos cinco años, lo que demuestra que es posible intentar mejorar el mundo en el que se vive mientras se gana dinero.
Rentabilidad y compromiso
Uno de los tradicionales problemas que han tenido las inversiones de impacto ha sido la tendencia de muchas empresas a ‘vender’ hacia el exterior una preocupación por el medioambiente o una concienciación social que luego no era tal, pero que, al no contar con ningún mecanismo internacionalmente avalado de medición, intentaban ampararse en ciertas cortinas de humo para captar el interés de los inversores comprometidos. Sin embargo, en los últimos años están surgiendo iniciativas para desarrollar estándares que garanticen el desempeño social de las organizaciones. En la esfera de la sostenibilidad, por ejemplo, la Comisión Europea ha estado años trabajando para establecer una taxonomía de los criterios ESG (siglas en inglés de ambiental, social y buen gobierno), en especial de la denominada economía verde, procurando establecer mecanismos para minimizar el impacto del greenwashing, término con el que coloquialmente se conoce el ‘ecopostureo’ de algunas compañías de vender hacia el exterior un compromiso con el medioambiente que luego no es tal. En paralelo, esta iniciativa ha crecido junto a otras directamente focalizadas en el mercado financiero, bajo los requisitos de transparencia y reporting, como es el caso de los Principios de Bonos Verdes de la International Capital Market Association (ICMA).
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Esta preocupación global en establecer cánones transparentes para las inversiones sociales se espera que redunde en un auge sin precedentes de productos financieros basados en las inversiones de impacto, según afirman desde JP Morgan en su estudio ‘Eyes on the horizon: The impact investor survey’. En España, por ejemplo, según datos de Spainsif (asociación sin ánimo de lucro que promueve esta filosofía en los mercados), la inversión responsable supera ya los 210.000 millones de euros gestionados, mientras a escala internacional se eleva por encima de los 30,7 billones de dólares. Una tendencia que, para AFI, en el informe ‘Sostenibilidad y Gestión de Activos’ va a crecer esta próxima década gracias, por un lado, a la mayor interconexión de los ahorradores a lo largo del mundo, que comparten de manera transparente información sobre los compromisos de las empresas; por otro, al aumento en el poder adquisitivo de los millennials, que se están afianzando como inversores activos, y que demandan a las gestoras otros criterios a la hora de fijar estrategias que vayan más allá de los análisis basados en la mera rentabilidad económica.
