Los proyectos destinados a luchar contra el calentamiento global liderarán las reformas para la recuperación pos-COVID-19 en España. El 37% de los fondos europeos que recibirá el país tiene por objetivo impulsar la transformación climática en las empresas, las administraciones y en el conjunto de la sociedad.
Las partidas destinadas a la transición ecológica son el buque insignia del Fondo de Recuperación Europeo (Next Generation EU) tanto a nivel comunitario como español. En línea con las directrices dibujadas por la Comisión Europea, el país destinará el 37% de estas ayudas a proyectos relacionados con la lucha contra el cambio climático y con la protección del medioambiente.
España podría recibir cerca de 71.964 millones de euros en forma de transferencias entre 2021 y 2023 vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se espera que el Gobierno envíe a Bruselas la versión definitiva de este plan a lo largo del mes de marzo y el objetivo es que los fondos comiencen a llegar antes del verano. En cualquier caso, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 ya anticipan 26.634 millones de euros de estos fondos europeos, 6.800 millones de los cuales están destinados al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Hacia el objetivo neutralidad climática
Todo ello hace que más de la mitad del presupuesto que consagra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico provenga de Next Generation EU. Estos fondos se centran en energías renovables, proyectos de movilidad sostenible, segura y conectada, infraestructuras eléctricas, planes de construcción y restauración de ecosistemas, e hidrógeno verde, entre otros.
En el caso de España, la prioridad ecológica de los fondos gana especial relevancia, puesto que el país se sitúa entre los más impactados a nivel europeo por los efectos del cambio climático. Ello es así, tanto por la amenaza sobre los recursos naturales, por ejemplo, con el aumento de la desertificación, como desde un punto de vista económico, ya que la ventaja competitiva de sectores estratégicos nacionales como el del turismo o el agroalimentario está intrínsecamente ligada a las condiciones climáticas.
En esta línea, Europa busca ser el primer continente neutralmente climático, algo que espera alcanzar en 2050, por lo que la descarbonización será uno de los desafíos que marquen la agenda española y europea de las próximas décadas y en la que el Fondo de Recuperación Europeo jugará un papel fundamental. Para hacer realidad estas ambiciones, las prioridades de España en este ámbito se articulan en torno al crecimiento de las energías renovables frente a los combustibles fósiles; a la inversión en nuevas tecnologías; al incremento de la electrificación de la economía; y a la mejora de la eficiencia energética.
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Así, es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) el que fija la estrategia del Gobierno para la próxima década en esta materia. El objetivo es que en 2030, el 74% de la generación de energía eléctrica proceda de fuentes renovables, lo cual implica duplicar su capacidad actual instalada. En concreto, el PNIEC prevé un importante crecimiento de la energía eólica y solar a finales de esta década.
En este sentido, cabe destacar que la mayor parte de esta inversión será de carácter privado.
De este modo, el PNIEC estima una inversión de alrededor de 240.000 millones de euros para el periodo entre 2021 y 2030, con cerca del 80% de origen privado.
En este escenario, se espera que los fondos procedentes de Europa estén más presentes e impulsen aquellos segmentos en los cuales se precisa un mayor apoyo público, como en la innovación e integración de las energías renovables en determinados sectores y territorios, el desarrollo de tecnologías y energías en fase de crecimiento o en proyectos relacionados con la electrificación y la eficiencia energética.
Los desafíos de la transición ecológica en España
Las energías renovables tendrán un peso muy importante en el mix energético -las diferentes fuentes energéticas que cubren el suministro de un país- de los próximos años. Por ello, el desarrollo de tecnologías como las baterías que permitan y garanticen su almacenamiento a gran escala y de proyectos centrados en el impulso del hidrógeno verde se perciben como las inversiones necesarias en esta transformación ecológica.
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En el sector automovilístico, el salto hacia una movilidad más sostenible y hacia la consolidación del vehículo eléctrico es particularmente sensible para la economía del país. España es el segundo productor de coches a nivel europeo y se encuentra en el ‘top 10’ mundial, por lo que reducir su desventaja respecto a mercados como el asiático para el desarrollo de baterías es una de sus prioridades estratégicas inmediatas.
Asimismo, el Fondo de Recuperación Europeo tendrá un rol relevante en la reducción del consumo energético y de las emisiones de CO2; la digitalización y la modernización de las redes eléctricas; y la apuesta por proyectos destinados a la economía circular, especialmente sobre gestión de residuos y mejora del reciclaje.
En conclusión, como fuerza transformadora versátil, la apuesta ‘verde’ está llamada a alterar los patrones de muchos y muy diferentes sectores de la economía española. Así, desde la edificación hasta el petróleo pasando por la automoción, el turismo o la agricultura, España tiene por delante el desafío histórico de ejecutar las reformas adecuadas con los fondos europeos para construir un mañana más sostenible, digital y cohesionado.
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