Disponer de una vivienda propia es el sueño de cualquier persona, aunque convertirlo en realidad sigue siendo complicado, especialmente si se es joven. La inestabilidad laboral, las dificultades para ahorrar y los pocos ingresos son las principales barreras.
La escritora Virginia Woolf lo llamaba “una habitación propia”. La conquista de ese espacio vital femenino también podría equipararse al sueño de cualquier joven que desea disponer de una vivienda en propiedad. Pero independizarse no está al alcance de todos. Solo el 17,3% de la población de entre 16 y 29 años está emancipada, según los últimos datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE).
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El estudio, que corresponde al segundo trimestre de 2020, constata una realidad que no solo viene de lejos, además, se ha visto agravada con la situación derivada de la pandemia, y se ha convertido en el espejo de un colectivo cada vez más perjudicado por la precariedad laboral, la incertidumbre económica y la dificultad para ahorrar. “La frágil situación en el mercado laboral y las duras condiciones del mercado de la vivienda han mermado aún más la emancipación residencial de las personas jóvenes, que ha caído hasta mínimos históricos”, advierte el estudio de esta entidad.
España, un país de propietarios no tan jóvenes
La pandemia está cargando con dureza contra los más vulnerables, también, en términos económicos. Antes de la COVID-19, los jóvenes necesitaban, de media, más de cinco contratos para trabajar durante un año, según Comisiones Obreras (CC.OO.). A esta inestabilidad laboral hay que sumarle que, en 2020, un 30% de los jóvenes tenían trabajo y, entre quienes lo conservaban, un 29,6%, se vieron afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o un paro parcial. Estos y otros factores no dejan de condicionar la compra inmobiliaria.
Edesio Ureña, profesor de finanzas del Centro de Estudios Financieros (CEF) de Madrid, destaca aspectos como “la entrada más complicada y tardía de este colectivo al mercado laboral, su bajo nivel de ingresos, una menor independencia económica que prolonga la estancia en el hogar paterno y la globalización”. Además, esta última causa “hace que los jóvenes desconozcan con exactitud si desarrollarán su carrera laboral en nuestro país, lo que supone un freno a la decisión de compra de una vivienda en España”, añade.
Los hogares españoles que viven en régimen de propiedad ascienden al 76,7%, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2017. Sin embargo, las nuevas generaciones no gozarán de la misma disposición que sus padres. Un informe de la Universidad de Córdoba ya lo anunciaba en 2019: “Desde el comienzo de la anterior crisis financiera se está produciendo un descenso acelerado de jóvenes propietarios: hoy apenas el 26% de los menores de 29 años tiene un piso en propiedad, frente al 54% de 2008”. De hecho, la mayoría de los millennials dispone de un salario un 30% menor que el de sus progenitores.
La decisión de comprar se posterga
“Nos ha tocado vivir un momento en el que hay que estar constantemente reinventando el presente para afianzar el futuro”, comenta Ureña. “Este escenario tan cambiante determina que una de las decisiones de inversión más importantes en la vida de una persona, como es la compra de una vivienda, se esté retrasando”, añade el profesor de finanzas. Muchos jóvenes optan por emanciparse alquilando un piso (el 58,8%), casi siempre compartido, o prefieren seguir en casa de sus padres para así, al menos, poder ahorrar.
En el segundo trimestre de 2020 adquirir una vivienda parecía una posibilidad óptima para quienes querían emanciparse. Los precios inmobiliarios disminuyeron un 1,67% en un año y los tipos de interés estaban en mínimos históricos. Pero, tal y como señala el CJE, el ahorro previo estaba fuera de su alcance –equivalía a 3,9 veces el salario que llegaba a percibir un joven en todo un año– y suponía destinar más de la mitad de su salario neto, el 58,4%, para el pago de las cuotas hipotecarias.
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Las ayudas para la compra y el alquiler del actual Plan Estatal de Vivienda
Desde la Administración han puesto en marcha varias medidas para ayudar a que los jóvenes puedan independizarse. Una de ellas es el Plan de Estatal de Vivienda 2018- 2021, ampliado hasta diciembre de 2022, que cuenta con un paquete de medidas sobre la compra, el alquiler, la rehabilitación y la promoción de inmuebles. Este programa se limita a las poblaciones o núcleos de menos de 5.000 habitantes, lo que favorece a quienes buscan vivir en alguna de las 6.827 localizaciones españolas que no superan ese censo.
Entre otros requisitos establecidos por el Gobierno, los jóvenes que quieran beneficiarse deben tener menos de 35 años y los ingresos de la unidad de convivencia han de ser inferiores a tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), de forma general, que en 2020 se situaba en 564,90 euros al mes, 6.778,80 euros anuales en 12 pagas y 7.908,60 al año en 14 pagas. El IPREM es un índice utilizado en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o subsidios de desempleo.
Si los jóvenes quieren comprar un inmueble, la ayuda es de hasta 10.800 euros con un límite del 20% del precio de adquisición (inferior a 100.000 euros), mientras que en el caso del alquiler, se pueden adquirir ayudas de hasta el 50% para el alquiler mensual que no supere los 600 euros y hasta el 30% en el tramo entre 601 y 900 euros en aquellas ciudades cuyo precio medio del alquiler sea superior. Todo este presupuesto se vehicula a través de la comunidad autónoma en la que reside.
Qué hay que tener en cuenta antes de hipotecarse
Los expertos tienen varias recomendaciones para aquellos que, superadas las barreras, tienen capacidad económica para adquirir ese espacio propio tan anhelado. Ureña aconseja que, al pedir una hipoteca, se tengan unos ahorros de, al menos, el 25% del precio de adquisición de la vivienda y, si acuden a la financiación bancaria, deben saber que el préstamo se concede en base a la solvencia de la unidad familiar, “siendo el criterio estándar de un 35% de los ingresos netos de esa unidad”.
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Esto último significa que, para una pareja que disponga de unos ingresos netos de 3.000 euros al mes, el criterio estándar de solvencia que aplicará el banco sería de un 35% sobre esos ingresos, es decir, 1.050 euros. “Este importe es la cuota máxima mensual que estos futuros prestatarios podrían pagar. Con esta cuota, la entidad financiera obtendría el importe máximo del préstamo que podría concederles aplicando fórmulas matemáticas”, explica el profesor de finanzas del CEF.
Pese a ello, Ureña sugiere que “cuenten con suficientes recursos para vivir con holgura. Esto supone que, en general, su ratio de endeudamiento no supere el 45% de sus ingresos netos mensuales”. Para él, la estabilidad laboral y la recurrencia de recursos son claves. “Sé que pronosticar lo que será de nosotros en 20 años es complicado, pero la madurez y la prudencia son buenas consejeras a la hora de dar el paso y tomar la decisión de convertirse o no en propietario”, concluye.
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