España es el segundo país, tras Italia, más beneficiado por el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE, por sus siglas en inglés). El país cuenta con una asignación de 21.300 millones de euros de este reaseguro de desempleo europeo, que le ha permitido ahorrar 850 millones de euros en la financiación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Solo Italia, con 27.400 millones de euros y con un ahorro de 2.800 millones de euros, se encuentra por delante de España en la tabla comunitaria.
“El programa SURE ha desempeñado un papel crucial a la hora de proteger a los asalariados y a los autónomos de los peores efectos de la conmoción económica que ha causado la pandemia”, defendió Paolo Gentiloni, comisario de Economía. “Los diferentes modelos de reducción del tiempo de trabajo aplicados por los Estados miembros merced al apoyo financiero de SURE también han servido para que el saber hacer de las empresas no se eche a perder, algo que será imprescindible para que la recuperación sea sólida”, coincidió Nicolas Schmit, comisario de Empleo y Derechos Sociales.
Este mecanismo fue uno de los primeros cortafuegos de la Comisión Europea para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. En su primera evaluación presentada recientemente en Bruselas, el informe destaca que desde su puesta en marcha ha beneficiado a 30 millones de personas y a 2,5 millones de empresas de 18 Estados miembros, que han podido mantener a su plantilla en medio de la crisis actual.
En total, los países europeos se han ahorrado 5.800 millones de euros en intereses que habrían abonado al emitir deuda soberana por su cuenta. “A la espera del despliegue del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia -elemento central del Fondo de Recuperación Europeo, también conocido como Next Generation EU-, SURE es un ejemplo alentador de lo que la solidaridad europea puede aportar a nuestros ciudadanos”, resume el Ejecutivo comunitario a través de un comunicado.
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SURE nació con una financiación inicial de 100.000 millones de euros, de los que todavía quedan por asignar 9.000 millones. Los Gobiernos nacionales pueden seguir recurriendo a este fondo en el inicio de una cuarta ola de coronavirus, en medio de la lentitud de la campaña de vacunación en Europa y tras el repunte de casos impulsado por las nuevas mutaciones del virus. No obstante, hasta la fecha, el informe preliminar concluye que esta herramienta ha ayudado a mitigar el impacto de la COVID-19 en el mercado laboral frenando el aumento del paro en los países más golpeados por la pandemia.
Futuro inmediato de los ERTE en España
La situación del mercado laboral en el país es una de las más preocupantes de la zona euro. Según los últimos datos de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat), España lidera la tasa de desempleo juvenil del bloque comunitario y de la eurozona con un 39,9% de sus jóvenes en paro. Según los últimos datos publicados por el Gobierno, la tasa de paro se redujo en marzo un 1,48% con respecto al mes anterior. Así, el umbral de desempleados baja de los cuatro millones y clausura el primer trimestre de 2021 con 3.949.640 personas inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
El mes de marzo también finalizó con 743.628 personas en situación de ERTE, una cifra que se mantiene más o menos estable desde septiembre de 2020. Durante el mayor pico de la pandemia se disparó hasta los tres millones de trabajadores. La última prórroga se estima que estará en vigor hasta el 31 de mayo de 2021, aunque se espera la reactivación de las conversaciones entre el Gobierno con la patronal y los sindicatos para volver a ampliarlos de cara a continuar frenando la destrucción de empleo. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, reconoció recientemente que seguirán disponibles hasta que sea necesario porque no “tiene sentido dejarlos caer ahora”.
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En su informe ‘Los ERTE en la crisis de la COVID-19: un primer análisis de la reincorporación al empleo de los trabajadores afectados’, el Banco de España recomienda mantener las ayudas a las empresas y a los sectores más afectados hasta que se supere la crisis sanitaria y aboga por el impulso de la actividad formativa de los trabajadores perjudicados, que, “hasta el momento ha sido relativamente reducido”.
