Hace un año, la Unión Europea (UE) desempolvó por primera vez la ‘cláusula de escape’ del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el conjunto de normas fiscales que rigen la política económica de los Estados miembros. El objetivo era ayudar a los países europeos a hacer frente a la crisis de la COVID-19. De esta forma, las reglas fiscales comunitarias, que establecen límites a los países del 3% del déficit y del 60% de deuda pública, quedaron suspendidas durante un año. Ahora, la Comisión Europea allana el camino para que esta flexibilización fiscal esté en vigor también durante 2022.
Aunque el anuncio formal no llegará hasta la primera quincena de mayo, coincidiendo con la publicación de las previsiones económicas de primavera, Bruselas ya ha facilitado el camino para que los Estados miembros puedan seguir invirtiendo sin límite en medidas que fortalezcan los sistemas sanitarios, eviten la destrucción de empleo o mantengan la liquidez de las empresas.
“Retirar el apoyo demasiado pronto sería un error. La mejor manera de asegurar la sostenibilidad de la deuda pública y de reducir el riesgo de divergencia económica es apoyar la recuperación”, afirmó Paolo Gentiloni, comisario de Economía. Para el italiano, es crucial no repetir los errores de hace 10 años, cuando la Comisión impuso fuertes medidas de austeridad a los países del sur de Europa en el marco de la crisis financiera. “Para 2022, está claro que el apoyo presupuestario seguirá siendo necesario: es mejor pecar por exceso que por defecto”, resumió.
Además, según la comunicación que presentó recientemente el Ejecutivo comunitario, las políticas presupuestarias del futuro se adaptarán al ritmo de recuperación de cada país. “En caso de que un Estado miembro no haya recuperado el nivel de actividad económica anterior a la crisis, se utilizarán plenamente todas las flexibilidades del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, sostiene el documento presentado por la Comisión que lidera Ursula von der Leyen. Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión, calcula que las medidas fiscales y de liquidez de estos meses han amortiguado la contracción del producto interior bruto (PIB) europeo alrededor de un 4,5%.
Con todo ello, Bruselas busca no comprometer la recuperación europea, que espera ser impulsada con la llegada del Fondo de Recuperación Europeo, también conocido como Next Generation EU. El objetivo es encontrar el equilibrio para no poner en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.
La UE espera comenzar a ver la luz al final del túnel en los próximos meses con la aceleración de las campañas de vacunación. Con el aterrizaje de las vacunas contra la COVID-19 comprometidas, y la llegada de otras nuevas, como podría ser la desarrollada por Johnson & Johnson, el bloque comunitario prevé relajar las medidas de confinamiento y comenzar a estimular el turismo durante los próximos meses. La reactivación de los viajes se perfila como uno de los grandes impulsos de la recuperación española.
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Preocupación por los elevados niveles de deuda
Según las cifras que maneja Bruselas, las economías europeas experimentarán un rebote en primavera y verano. Aunque la zona euro no regresará a los niveles de PIB previos a la pandemia hasta 2022. Sin embargo, al igual que el impacto de la crisis, la recuperación se anticipa asimétrica en los 27 Estados miembros. Las previsiones económicas que se presentaron en febrero estiman que países como España e Italia, los más golpeados de la UE por la pandemia, no recuperarán su nivel económico durante el próximo año, a pesar de que con el 5,3% de crecimiento durante 2022, la española será la economía comunitaria que más crezca el próximo año.
En la capital comunitaria preocupan los altos niveles de deuda en países como España, Grecia o Italia, por lo que piden a estos países “políticas fiscales más prudentes”. Por ello, insta a los Estados miembros a aprovechar el impulso de los fondos europeos, que no elevan el déficit ni la deuda. España podría recibir tras el verano 71.964 millones de euros en forma de transferencias. La Comisión le insta a absorberlos con el objetivo de impulsar la transición ecológica y la transformación digital, modernizar la administración pública y mantener la sostenibilidad fiscal a través de reformas como la laboral o la de las pensiones.
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