España ya cuenta con su primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente esta normativa que marca la hoja de ruta para alcanzar la neutralidad climática en 2050 a través de la apuesta por las energías 100% renovables. El Senado debe dar ahora su visto bueno para continuar el proceso de tramitación urgente que permitirá su entrada en vigor el próximo mes de mayo.
El Gobierno espera generar entre 250.000 y 350.000 nuevos puestos de trabajo ‘verdes’ y movilizar 200.000 millones de euros durante la próxima década para conseguir esta meta marcada por la Unión Europea (UE) y recogida en los Acuerdos de París. Un comité de expertos de cambio climático revisará minuciosamente la implementación de los preámbulos establecidos en esta normativa que busca hacer frente a la emergencia medioambiental.
Buena parte de la inversión llegará al país a través del Fondo de Recuperación Europeo, también conocido como Next Generation UE. 16 Estados miembros, entre ellos España, ya le han dado su visto bueno. El objetivo es que estas ayudas, que para España pueden suponer hasta 144.000 millones de euros en forma de transferencias y préstamos, comiencen a llegar durante la última mitad de este año. El país prevé destinar un 39% de estos fondos a proyectos que impulsen la transición ecológica.
“Es prioritario asegurarnos de que todos los recursos públicos y privados son destinados al aprovechamiento de las oportunidades y a la disminución de los costes asociados a los efectos climáticos con los que ya, desgraciadamente, convivimos (…) [Esta ley] debe servir de marco institucional y de referente para dar certidumbre y estabilidad, y movilizar la acción climática”, aseguró Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica.
El Ejecutivo defiende que esta hoja de ruta verde permitirá hacer la economía española más competitiva, atraer nuevas inversiones, fortalecer el tejido social, generar empleo estable y acelerar el proceso de descarbonización a través de “criterios de justicia social y estrategias de transición justa”. El Gobierno deberá presentar un plan nacional de rehabilitación de edificios para optimizar el uso de las energías en las viviendas más antiguas. Otra de las medidas concretas que plantea es la limitación de la explotación de hidrocarburos y de materiales radiactivos a través de la prohibición de nuevas licencias y la cancelación del fracking, la técnica de extracción de gas mediante fracturación hidráulica.
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Fin de los vehículos de combustión
Una de las arterias claves de la legislación es la apuesta por el coche eléctrico. Para ello, la ley establece el fin de la comercialización de vehículos nuevos y no destinados a usos comerciales que emitan dióxido de carbono (CO2) en 2040. El objetivo es prescindir de su circulación total 10 años después. Todo ello irá acompañado de nuevos planes de movilidad para ciudades y municipios destinados a mejorar la calidad del aire. Por su parte, las localidades de más de 50.000 habitantes deberán presentar un plan de espacios verdes.
También se pondrán en marcha inversiones en infraestructuras y servicios que generen incentivos y facilidades para que las personas apuesten por estos turismos no contaminantes. Por ejemplo, se extenderá el número de puestos de recarga en las gasolineras y se obligará a que los edificios que superen las 20 plazas de aparcamiento cuenten a partir de 2023 con espacios específicos para estos vehículos.
El país tiene aquí un gran reto por delante. A día de hoy se encuentra a la cola europea en electromovilidad. Según un estudio de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E, por sus siglas en inglés), el 5,4% de coches vendidos en territorio europeo en 2020 fueron eléctricos, mientras que el 5,1% de ellos fueron híbridos. En España, se matricularon 18.000 turismos eléctricos y 23.000 híbridos, lo que representó el 2,1% y el 2,7% de todo el mercado automovilístico, respectivamente.
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Por encima de la ambición europea
2030 y 2050 son las dos fechas destacadas en el calendario español y europeo para consumar la reducción de emisiones de carbono. España se ha marcado reducir los gases de efecto invernadero, al menos, un 23% con respecto a los valores de 1990 durante la próxima década. Aunque el umbral se someterá a continua revisión y podrá ser aumentado en los próximos años para hacer posible la neutralidad climática fijada para mitad de siglo.
En acciones concretas, la nueva legislación verde del país se sitúa por encima de las ambiciones marcadas por Europa. España se ha comprometido a que en 2030 el 42% de las energías de consumo final sean renovables, por encima de la horquilla de entre el 28% y el 40% marcada por la UE. Además, la eficiencia energética para esta fecha deberá situarse en el 39,5%, aumentando el umbral de entre el 36% y el 37% previsto en Europa. Por su parte, la generación eléctrica a través de fuentes renovables como el viento, el agua o el sol tendrá que llegar hasta el 74% a finales de esta década y al 100% en 2050.