Las Cortes Generales han dado recientemente su aprobación para que la Comisión Europea comience a emitir deuda a gran escala, un paso imperativo para el desbloqueo del Fondo de Recuperación Europeo, también conocido como Next Generation EU. Los 27 parlamentos nacionales de la Unión Europea (UE) deben bendecir la legislación para ampliar el techo de gasto comunitario.
De momento, han completado este trámite 13 Estados miembros: Bulgaria, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Malta, Portugal, Eslovenia, España, Bélgica, Grecia, Luxemburgo y Letonia; aunque se espera que los dos países restantes lo revaliden antes del mes de mayo. El Bundestag germano será uno de los más tardíos en someterlo al escrutinio de sus diputados, mientras que las elecciones anticipadas en Países Bajos han hecho aumentar el nerviosismo por un posible retraso en el voto del país.
“Pido a todos los parlamentos que lo hagan con urgencia. Solo con la ratificación de la Decisión de Recursos Propios podemos impulsar la recuperación. Los europeos no pueden esperar. Nuestro futuro colectivo está en las manos de los parlamentos de Europa”, señaló Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en el Pleno de Bruselas.
El Ejecutivo comunitario espera acudir a los mercados con el respaldo de los 27 países europeos desde el próximo mes de junio hasta finales de 2026. Así, la Comisión se convertirá en uno de los principales emisores AAA de la zona euro. Aunque la Comisión ya emitió deuda conjunta en el pasado para pagar los rescates de Irlanda y Portugal, esta será la primera vez que lo haga con unas cantidades y con unos tiempos sin precedentes. El Fondo de Recuperación Europeo pondrá a disposición de los Estados miembros 750.000 millones de euros hasta 2026 y supone una ampliación del 70% del presupuesto comunitario.
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Para ello, Bruselas aumentará el techo de gasto de recursos propios de un 1,2% a un 2% de renta nacional bruta, un incremento que la legislación impone que obtenga el visto bueno de todos los parlamentos nacionales. Los bonos emitidos, de los cuales el 30% están llamados a ser bonos verdes, tendrán unos vencimientos de tres a 30 años y estarán respaldados por el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), que arrancará en 2027.
La deuda emitida por la Comisión en el marco de este fondo se pagará a partir de 2027 y hasta 2058. Para ello, se prevé la puesta en marcha de impuestos europeos en el ámbito digital y ambiental. Entre otros, la tasa al plástico no reciclado que entró en vigor el pasado 1 de enero. La UE espera recaudar con ella 6.600 millones de euros en los próximos siete años. En paralelo, se encuentra en medio de las negociaciones para establecer un calendario claro hacia el gravamen al carbón de frontera o en torno a la conocida como ‘Tasa Google’, que afectará fundamentalmente a gigantes tecnológicos como Google o Amazon.
Fechas clave para el aterrizaje de las ayudas
Una vez superada la tramitación parlamentaria de la legislación que permite a la UE acudir a los mercados, el próximo paso para el desembolso de los fondos europeos es la presentación y la aprobación de los planes nacionales. Los Estados miembros tienen hasta el 30 de abril de 2021 para presentar sus planes de recuperación y resiliencia a Bruselas. En ellos deben trazar sus programas de reformas e inversiones para los próximos cinco años.
Paolo Gentiloni, comisario de Economía, ha reconocido en numerosas ocasiones que el plan presentado por el Gobierno español es “uno de los más avanzados” de la UE. El país podrá recibir hasta 140.000 millones de euros en forma de subvenciones y de créditos. Su inversión debe ir destinada a proyectos que fomenten la transición ecológica; la transformación digital; el empleo sostenible; la resiliencia del sistema sanitario; la igualdad; la cohesión social y territorial; y las políticas centradas en ayudar a la “próxima generación”, entre otros focos de actuación.
La Comisión Europea tendrá un máximo de dos meses para revisar y dar su visto bueno a las propuestas de los Gobiernos nacionales. El organismo espera que el dinero europeo comience a llegar en la segunda mitad de este año. Por su parte, Portugal, que abandera la Presidencia rotatoria del Consejo, celebrará el 21 de junio una cumbre europea centrada en los planes de recuperación y en el desarrollo de “políticas fiscales inteligentes” para hacer frente de forma eficaz y conjunta a las consecuencias socioeconómicas que ha dejado la pandemia del coronavirus.
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