Los ERTE han sido una medida acordada entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno desde el inicio de la crisis sanitaria para salvaguardar la economía, miles de puestos de trabajo y la continuidad del tejido empresarial. La última prórroga está vigente hasta el 31 de mayo y, por el momento, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha rechazado una nueva actualización hasta septiembre.
El expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) se ha convertido en uno de los términos más habituales. La situación provocada por la pandemia de la COVID-19 propició la aprobación de una flexibilización para agilizar su aplicación por parte de las empresas a los trabajadores, a raíz del parón económico que se vivió en 2020 y de la posterior situación económica de los que el país aún se está recuperando.
Los ERTE son un mecanismo a disposición de las compañías en situaciones excepcionales para suspender contratos de trabajo o reducir jornadas de manera temporal si está en riesgo la continuidad de la entidad. Así, el 17 de marzo de 2020, en pleno estado de alarma, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias, con el que se intentaba evitar el mayor número de despidos posibles a través de la adaptación de las herramientas de ajuste temporal de actividad. Mediante esta normativa, los ERTE de fuerza mayor por COVID-19 no han necesitado un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) para su aprobación, junto a otras ventajas y condiciones que se han ido modificando en las sucesivas prórrogas de aplicación.
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El pasado 17 de mayo, un total de 580.000 trabajadores se encontraban en situación de ERTE, de acuerdo con los últimos datos ofrecidos por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Una cifra que se redujo en casi 19.000 con respecto a los datos aportados por la Seguridad Social menos de una semana antes, el día 11 de mayo, con 598.729 personas; reducción que refleja que la situación empieza a ser positiva y coincide con las previsiones optimistas.
Sin embargo, los ERTE no afectan a todos los sectores por igual. Según este organismo público: la hostelería es la actividad que registra un número mayor de empleados en esta situación, más de 196.000; seguida de los servicios de alojamiento, con 104.461; el comercio minorista, con 50.145; el mayorista, con 33.998; las actividades deportivas y de entretenimiento, con 23.985; y las agencias de viajes, con 21.789 personas. Un conjunto de empleados que no saben cuándo podrán salir de esta situación y volver a trabajar con normalidad.
Los ERTE, ¿hasta cuándo?
La última prórroga aprobada por la patronal, los sindicatos y el Ejecutivo establecía el 31 de mayo como fecha límite para la aplicación de este mecanismo. El Gobierno propuso a la patronal y a los sindicatos ampliar la aplicación de los ERTE hasta septiembre, pero la CEOE ha rechazado por el momento una nueva actualización hasta entonces. Por lo pronto, el Gobierno ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario en la última semana de mayo para dar más margen a la negociación.
Si, finalmente, los ERTE se alargan hasta finales de año, tal y como desea el Ejecutivo, este tendría que pactar un esquema de relevo al actual para dotar a estos procedimientos de flexibilidad permanente cuando las empresas se encuentren en serias dificultades. Esta medida ha supuesto un coste a las arcas públicas de casi 40.000 millones de euros, si bien se estima que sin su aplicación la tasa de paro podría haberse situado en un 20%, frente al 15,3% actual.
En el caso de que se apruebe la prórroga para que continúen durante todo el año 2021, los ERTE seguirían las condiciones recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas el pasado mes de abril, en el que se contemplan medidas para garantizar la vuelta a la normalidad de los trabajadores sujetos a estos expedientes gracias a la ayuda del Fondo de Recuperación Europeo, también conocido como Next Generation EU.
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Beneficios y condiciones para las empresas
A la espera del resultado de las negociaciones en curso, hasta el 31 de mayo se podrán seguir llevando a cabo ERTE por causa de fuerza mayor relacionada con la COVID-19.
Se mantiene así la normativa aprobada en marzo de 2020, que diferencia entre tres modalidades de ERTE: los destinados a los sectores ‘ultraprotegidos’ y a las empresas vinculadas a su cadena de valor; los de impedimento de la actividad y los de limitación. Por su parte, los ‘ultraprotegidos’ cuentan con exoneraciones de cuotas del 85% para aquellas organizaciones con menos de 50 trabajadores, y de un 75% si son más de 50 empleados, independientemente de si se reincorporan o permanecen suspendidos.
Los ERTE por impedimento de actividad tienen un 100% de exoneraciones para las empresas con menos de 50 empleados, mientras que, si son más trabajadores, estas alcanzan el 90%. Y, por último, los de limitación están sujetos a un 100% de exoneración en febrero si tienen menos de 50 de trabajadores, a un 90% en marzo, a un 85% en abril y a un 80% en mayo. En cambio, si cuentan con más de 50 empleados, serán del 90%, del 80%, del 75% y del 70%, respectivamente.
En la última prórroga, se actualizaron los sectores ‘ultraprotegidos’, que suman un total de 42, incluyendo los cámpines y los aparcamientos de caravanas; el alquiler de medios de navegación y las actividades de mantenimiento físico. Además, se agilizaron ciertos trámites administrativos para que las empresas no tuvieran que volver a presentar una nueva reclamación colectiva, y desde entonces, bastaba con que comunicasen que seguían acogidas a un ERTE.
En las compañías que se encuentren en ERTE, no se pueden realizar horas extras, externalizar la actividad, subcontratar o realizar nuevas contrataciones. Aunque para la próxima negociación, el Gobierno plantea que los empresarios tengan más exoneraciones en el pago de sus cuotas a la Seguridad Social, aumentando la salida de los empleados de los ERTE.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido que, si se aprueba otra prórroga, esta se haga "con las mismas reglas de juego y el mismo balón", asegurando que la patronal comparte “con la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) que es lo que se necesita mientras las vacunas no estén”.
Beneficios y condiciones para los trabajadores
La mayor protección de los ERTE a los empleados es que la aplicación de dicho procedimiento no implica un despido inmediato una vez salgan de esta situación, ya que los trabajadores mantienen su condición de ocupados y no pierden derecho a indemnización, ni antigüedad. Esto es posible debido a que las empresas están obligadas a no despedir a los trabajadores durante los siguientes seis meses de que finalice el expediente y, si no cumplen, tendrían que devolver las ayudas.
Asimismo, el cobro de la prestación por desempleo asociado a los ERTE no resta derechos a cobrar el paro en un futuro hasta 2022, el conocido como ‘contador a cero’, y se protege a los trabajadores fijos discontinuos. De esta forma, como el empleado no causa baja, sigue cotizando a la Seguridad Social para su jubilación y todos los días bajo este procedimiento equivalen a días trabajados.
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Los empleados en ERTE tienen derecho a realizar cursos de formación profesional gratuitos, con una amplia oferta en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), para actualizar conocimientos y mejorar la empleabilidad.
El secretario general de la UGT, José María Álvarez, se pronunciaba sobre la nueva prórroga: “Nosotros ya hemos dicho que queremos la prórroga porque no podemos someter a la sociedad a un proceso de negociación que considero innecesario porque estamos en el tramo final. No aportaría nada positivo, ni para las empresas ni para los trabajadores”.
De momento, el acuerdo está en la mesa de diálogo, pero tanto la patronal, como los sindicatos y el Gobierno parecen coincidir en la necesidad de prorrogar los ERTE.
