El Gobierno presentó hace unas semanas el plan España 2050, un documento elaborado por más de 100 expertos de distintas disciplinas y sensibilidades que dibuja el país que se debería divisar en el año 2050 y plantea los pasos a seguir para convertir a España en uno de los territorios más avanzados del mundo en un horizonte de 30 años.
Entre los objetivos que se marca dicho plan, figura el de aumentar la tasa de actividad de los mayores. En concreto, se propone duplicar la tasa de actividad de la población de más de 64 años desde el 5% actual al 11% en 2050. También se apuesta por elevar la tasa de la población que tiene entre 55 y 65 años al 67%, desde el 62% actual. Este objetivo tiene una razón de ser: la población de España envejece y lo hace a paso firme. Por este motivo, el país necesita encontrar la fórmula adecuada para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Un objetivo común
La población activa, que financia las pensiones de los jubilados, irá menguando y no será suficiente para sufragar tantas prestaciones en España. El propio documento del Gobierno reconoce que España perderá 3,7 millones de personas en edad de trabajar, es decir, de entre 16 y 64 años, en las próximas tres décadas. Esta cifra supone una caída del 12% respecto a la situación actual y se notará, especialmente, a partir del año 2030. Esta disminución de la población en edad de trabajar se traducirá en una reducción del crecimiento económico y de la renta per cápita de España.
De ahí que este Gobierno, igual que lo hicieron en su día los anteriores y, previsiblemente, lo harán mañana los que lleguen a La Moncloa, se propongan el firme compromiso de incrementar la tasa de actividad de los mayores.
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El reto que tiene por delante el país no tiene parangón: en 2050, por cada persona mayor de 64 años habrá 1,7 personas en edad de trabajar, frente a las 3,4 actuales. Y esto es, precisamente, lo que pone en peligro la viabilidad del sistema de pensiones.
Además, en paralelo y aún más rápido de lo que avanza el envejecimiento de la población, aumenta la factura de las pensiones. En mayo, el sistema tuvo que destinar 10.154,1 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 3% más que en el mismo mes de 2020, según la última estadística oficial publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y la mayor presión del sistema la ejercen, sin duda, las pensiones de jubilación.
De los 9,8 millones de pensiones que se abonan cada mes, el 62% son de jubilación. Y la pensión media que perciben todos estos jubilados en su nómina hoy es más alta que hace un año. En mayo fue de 1.187,8 euros, un 2,3% más que en el mismo mes de 2020. Esto se debe, en parte, a que los nuevos pensionistas que se van incorporando al sistema han desempeñado carreras laborales más largas y con salarios más elevados.
Todos estos argumentos están detrás de las reformas y el necesario aumento de la tasa de actividad de los mayores. Por eso mismo, el Gobierno va a ir elevando sustancialmente la participación laboral y social, teniendo en cuenta las diferencias en salud de la población. En concreto, se apuesta por avanzar progresivamente hacia la simplificación y la adaptación de las figuras de jubilación parcial, flexible y activa para mejorar la compatibilización entre pensión y trabajo.
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Para ello, el Ejecutivo considera que debe tenerse en cuenta el balance entre el aumento de la oferta de trabajo y la contención de los costes financieros para el sistema de Seguridad Social. Por eso, apuesta por tocar varias patas del sistema: potenciar la jubilación activa, mejorar el porcentaje de la pensión disfrutada durante la fase laboral, actualizar la pensión al final del período de compatibilización y establecer incentivos específicos para las empresas empleadoras.
Asimismo, el Gobierno quiere crear programas para la preparación de las transiciones desde la vida laboral a la jubilación a partir de servicios de orientación individualizada, implementar campañas que impulsen el cambio de percepción sobre la vejez, apoyar el emprendimiento senior y generar espacios e iniciativas en los que las personas mayores puedan mantener y fomentar una ciudadanía activa.
El objetivo global que persiguen estas medidas es corregir las deficiencias estructurales del mercado laboral para elevar la tasa de empleo agregada hasta los niveles de los países europeos más avanzados, relanzar la productividad laboral a través de una apuesta decidida por la educación y la formación a lo largo de la vida y lograr una mejor adaptación del ciclo laboral al ciclo vital aprovechando más y mejor los conocimientos y las habilidades de la población con más experiencia.
"Si lográramos equiparar las tasas de actividad de la población de entre 55 y 74 años a las que tienen países como Suecia, Dinamarca o el Reino Unido, España ganaría 1,6 millones de personas activas, lo que ayudaría enormemente a mitigar los impactos negativos que la caída de la fuerza laboral en edades intermedias tendrá sobre el crecimiento económico, así como a sostener nuestro estado de bienestar", sostiene el documento España 2050.
Al mismo tiempo, el Gobierno deberá buscar fórmulas para impulsar el ahorro de los ciudadanos, que será cada vez más necesario para complementar la pensión pública y asegurar el nivel de vida durante la jubilación. Ya se ha marcado también el objetivo de impulsar el segundo pilar del sistema de pensiones, los planes de pensiones de empleo (PPE), una fórmula muy extendida en otros países europeos que, sin embargo, se usa poco en España: solo el 1% de las empresas ofrece este tipo de productos a sus trabajadores, a pesar de que el ahorro para la jubilación es un beneficio social muy bien valorado por los empleados.
