A pesar de la crisis sanitaria, de la recesión económica y del crecimiento del desempleo, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de diciembre de 2020 volvió a señalar como uno de los problemas que más preocupan a los españoles la sostenibilidad a futuro del sistema de pensiones. Un problema que, lejos de solucionarse, va agravándose con el tiempo. De acuerdo a los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el gasto en pensiones en España cerró 2019 rompiendo su techo histórico, por encima de los 134.000 millones de euros. Su coste mensual en enero de 2021 ya se situó en la cota de los 10.000 millones de euros.
Hoy, las pensiones son la mayor partida de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y, de cara a 2021, la cantidad prevista rondará los 163.000 millones de euros. De manera inversamente proporcional, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como la ‘hucha de las pensiones’, ha pasado en una década de totalizar más de 66.000 millones de euros (en 2011) a 2.150 millones (en 2020). Por su parte, el déficit de la Seguridad Social supera los 150.000 millones de euros, que equivale al 13,7% del producto interior bruto (PIB). Según datos del Gobierno, en diciembre de 2020, se registraron 9,81 millones de pensiones entre contributivas y no contributivas.
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Cambios en el cálculo de la pensión
De acuerdo a los PGE, las pensiones se revalorizan en un 0,9%, al igual que ocurre con los salarios de los funcionarios, mientras que las pensiones mínimas se incrementan un 1,8%. La pensión media en España crecerá en 15 euros con respecto a 2020, hasta los 1.170,26 euros. Según las cifras de la Seguridad Social, las pensiones de jubilación más elevadas se encuentran, respectivamente, en las comunidades de País Vasco, Principado de Asturias y Comunidad de Madrid; mientras que las más bajas en Región de Murcia, Galicia y Extremadura.
Además, como viene sucediendo desde 2011 (y seguirá ocurriendo anualmente hasta 2027), aumenta de manera progresiva la edad de jubilación. En 2021, pueden optar a la jubilación ordinaria (a los 65 años) aquellos trabajadores con, al menos, 37 años y 3 meses de cotización. Si no se alcanza dicha cifra de cotización, la edad de jubilación se retrasa hasta los 66 años. El cálculo de la pensión se realizará contando los últimos 24 años de la vida laboral.
Para estimar la cuantía de una pensión en la actualidad, desde 2021 se aplican una serie de porcentajes a la base reguladora. En concreto, se tienen en cuenta los últimos 24 años cotizados con carácter previo al mes de jubilación, es decir, 288 meses. El resultado se divide entre 336 y sirve para fijar la base reguladora de las 12 pagas ordinarias más las dos extraordinarias que recibirá el nuevo pensionista. A los primeros 15 años se les aplica un porcentaje del 50% y, a partir de ahí, a cada mes adicional entre los meses 1 y 106 a este 50% se le añade un 0,21%; mientras que, para el resto de meses restantes, se le suma un 0,19%. Con este sistema, para poder cobrar el 100% de la pensión, será necesario haber cotizado 36 años.
En cuanto a los complementos que reciben aquellas pensiones contributivas que no llegan al mínimo, la Seguridad Social ha modificado sus tablas, de manera que para aquellas jubilaciones a los 65 años, con cónyuge a cargo, se recibirán 851 euros mensuales; sin cónyuge, 689,7 euros al mes; y con cónyuge no a cargo, 654,6 euros. En el caso de las jubilaciones que se hayan producido por debajo de los 65 años, aquellos con cónyuge a cargo percibirán 797,9 euros mensuales; sin cónyuge, 645,3 euros al mes; y con cónyuge no a cargo, 609,9 euros.
Cómo quedan las jubilaciones no ordinarias
También se han producido modificaciones en el resto de tipos de jubilación. En el caso de la anticipada, se retrasa hasta los 64 años, pudiéndose realizar dos años antes de la jubilación ordinaria hasta 2027. Para optar a ella, se precisan 35 años de cotización, si bien por cada trimestre de adelanto con respecto a la edad oficial de jubilación la cuantía de la pensión sufre una penalización progresiva que va desde el 2% de la base reguladora por trimestre, con menos de 38,5 años de cotización; hasta el 1,625%, si se superan los 44,5 años cotizados. En relación a las jubilaciones anticipadas forzosas, habrá que tener 62 años y 33 años cotizados, aplicándose una penalización del 7,5% por cada año que falten hasta los 66 años.
Para la jubilación parcial, habrá que tener, al menos, 62 años y haber cotizado 35 años y 3 meses. Si se han cotizado 33 años, se tendrán que haber cumplido los 63 años. Por su parte, la jubilación forzosa se podrá llevar a cabo hasta 4 años antes de la edad legal, es decir, a los 62 años, pero habrá que haber cotizado, por lo menos, 33 años. La penalización que se sufrirá es del 1,875% por trimestre adelantado con menos de 38,5 años cotizados, y de hasta el 1,5% para más de 44,5 años cotizados.
Los cambios que están por venir
2021 es un año en el que se esperan grandes cambios en relación a las pensiones. Poco antes de finalizar 2020, el Informe de Evaluación y Reforma de la Comisión del Pacto de Toledo recogió 21 recomendaciones que el Gobierno se comprometió a estudiar para concretarlas en una nueva ley, que no repercutirá a los pensionistas actuales, salvo para mantener su poder adquisitivo. Además, dentro de las reformas estructurales que el Ejecutivo remitió a la Comisión Europea para beneficiarse de los fondos para la reconstrucción, también se incluyeron tanto la modificación del sistema de pensiones como una redistribución más eficiente y equilibrada del gasto público.
La premisa fundamental es la de endurecer la jubilación y retrasar la edad de retiro, contribuyendo, de esta manera, a conseguir una mayor sostenibilidad financiera de las Cuentas Públicas. Entre las medidas principales que se barajan están las de ampliar aún más y de modo progresivo el periodo de cálculo de las pensiones y establecer un nuevo factor de sostenibilidad. En este sentido, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aboga por una nueva fórmula basada en una media del Índice de Precios de Consumo (IPC) durante cinco años, que recoja las tablas de inflación y que se corrija y se actualice cada año.
Otro cambio en ciernes es el de endurecer la penalización para aquellos trabajadores que se jubilen de manera anticipada, con el objetivo de desincentivarla o, al menos, de retrasarla unos meses. Además, también se tiene previsto modificar el diseño para que las personas con rentas más altas que se prejubilen tengan un recorte real del 8% sobre su futura pensión por cada año de adelanto. En el extremo opuesto, se pretende impulsar la jubilación demorada, elevando al 4% el incentivo que el trabajador recibe por cada año que retrase el retiro. Además, se le ofrecerá cobrar este incentivo como un porcentaje adicional durante toda su vida como pensionista, como un pago único en un momento determinado o como una combinación de ambas.
En cuanto al periodo de cálculo de la pensión, el Gobierno ya ha planteado a Bruselas ampliar el número de años que se tienen en cuenta, y que, ya en 2022, será de 25 años. En relación a los autónomos, Escrivá afirmó recientemente que se tiene previsto implantar gradualmente un nuevo sistema de cotización por ingresos reales.
