La transformación digital es uno de los pilares básicos del programa Next Generation EU de la Unión Europea (UE), un plan dotado con alrededor de 750.000 millones de euros para mitigar los efectos económicos producidos por el coronavirus. Se trata de un factor clave y estratégico para muchos Estados miembro, entre ellos, España, que opta a una importante recepción de fondos para este propósito a través de diferentes vías, como, por ejemplo, el Instrumento de Inversiones Estratégicas, el programa Horizonte Europa o el Mecanismo para la Reconstrucción y Resiliencia (MRR).
En relación al MRR, el Gobierno presentó, a finales de 2020, una hoja de ruta para invertir, hasta 2023, en torno a 71.600 millones de euros en la economía (aunque a España, en total, le corresponden 140.000 millones de euros, 71.600 millones serán en transferencias directas y, el resto, en préstamos), siendo el eje fundamental la digitalización para, entre otros hitos, modernizar el tejido industrial y llevar a cabo iniciativas punteras en ámbitos como la movilidad, la ciencia y la innovación, las infraestructuras o la administración pública.
En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, ya se ha incorporado una primera partida de 26.600 millones de euros correspondientes a los fondos de Next Generation EU. El Ejecutivo ya ha confirmado que se dedicará a la transformación digital, al menos, un tercio de los 71.600 millones de euros que se recibirán en total, por encima del porcentaje mínimo tasado por la propia Comisión Europea en sus comunicaciones a los países miembros de la UE, que es del 20%.
La digitalización, elemento clave para España
En julio de 2020, el Gobierno presentó la denominada Agenda España Digital 2025, entre cuyas premisas fundamentales está la de conseguir una conectividad digital adecuada para toda la población, favoreciendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas. Para ello, se destinarán unos 15.000 millones de euros a una serie de ejes estratégicos, como la ciberseguridad, la digitalización de las pymes, la creación de ecosistemas de base tecnológica, la transferencia de innovación, el 5G o la formación en competencias digitales, mientras se fomenta, a nivel ciudadano, el uso de Internet, del e-commerce o de los servicios de administración digital. De estos, los PGE de este año incluyen un total de 3.750 millones de euros, procedentes en su amplia mayoría (97%) de los fondos europeos.
De acuerdo a los PGE de 2021, se dedicarán a los ejes de la Agenda España Digital 2025: 1.097 millones de euros para el impulso de las competencias digitales; 583 millones de euros para la extensión de la conectividad digital a toda la población; 418 millones de euros para la digitalización del tejido productivo nacional; 370 millones de euros para la digitalización del sector público, impulsando la digitalización en ámbitos como la justicia, la sanidad, las políticas de empleo, la red de consulados y la administración territorial; 330 millones de euros dedicados al despliegue de tecnologías disruptivas como la Inteligencia Artificial y la economía del dato; 315 millones de euros para proyectos tractores de transformación digital de sectores estratégicos, como el de la sanidad, el del turismo, el sector agroalimentario, el de la movilidad o el del comercio; 300 millones de euros destinados al despliegue del 5G; 213 millones de euros para el desarrollo de la ciberseguridad; 109 millones de euros para desarrollar el plan Spain Audiovisual Hub; y más de 15 millones de euros para los derechos digitales, destinados a la actualización de las protecciones legales vigentes en un contexto de mayor digitalización.
En relación con los organismos que distribuirán las ayudas, las convocatorias se publicarán por las distintas áreas responsables dentro de los ministerios, así como por otros entes administrativos, como red.es, la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), o el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), entre otros. Además, muchas de las transferencias previstas se destinan a las comunidades autónomas y a las entidades locales, por lo que las administraciones territoriales también publicarán sus propias convocatorias.
Acelerar la transformación digital en España
Los PGE parecen indicar una vocación clara del Gobierno por otorgar un fuerte peso a la digitalización como vector de transformación. En este sentido, los programas inciden, precisamente, en aquellas dimensiones en las que existe una brecha con respecto a la media europea, como son la integración de la tecnología digital en las empresas, especialmente, en el tejido de pymes, y en la capacitación digital. Uno de los problemas estructurales de España es que adolece de capital humano tecnológico de alto nivel en comparación con otras economías, debido, entre otras razones, a la especialización productiva y a la escasa o testimonial participación de manufacturas de alto contenido tecnológico. Los fondos ponen el acento en la administración pública, aunque muy focalizados a la justicia, la sanidad, la Seguridad Social y los servicios de empleo.
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En el ámbito de conectividad e infraestructuras de soporte, España no parte en desventaja, pues el despliegue de fibra óptica de los últimos años ha generado condiciones más favorables para el avance a la tecnología 5G, si bien el reto reside en lograr la conectividad del territorio. Según el Consejo Europeo de Fibra, España cuenta con más instalaciones conectadas con fibra, en su modalidad Fiber To The Home (FTTH, que permite una velocidad de gigabits) que la suma de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, con 10.261. Sin embargo, entre los próximos retos en este campo para España parece estar el de la celebración de la subasta de espectro para las bandas de frecuencias claves para el despliegue de la tecnología, y que no tendrá lugar, en el mejor de los casos, hasta junio de 2021.
En términos de impacto, es de esperar que los sectores identificados en la Agenda España Digital 2025 como tractores sean receptores de fondos a corto plazo, aunque se priorizará en algunos especialmente afectados por la crisis, (como, por ejemplo, el del turismo), así como en aquellos ámbitos que puedan derivar externalidades positivas más allá de la modernización tecnológica, como la lucha contra el cambio climático (movilidad sostenible y sector agro) o la seguridad y la salud (industria biosanitaria). Otra de las lecturas clave parece ser la de que el sector de telecomunicaciones va a jugar un papel central, en la medida en que servirá de input en todo este desarrollo. No solo las empresas tradicionales de redes, sino que, también, se verán beneficiadas las actividades de programación y consultoría informática, desarrolladores de apps, industrias de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) o el segmento audiovisual, entre otros.
