Los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que ya se están tramitando, prevén una subida de las pensiones contributivas de un 0,9%, en línea con lo que se estima que crecerá el Índice de Precios de Consumo (IPC). Por su parte, las no contributivas, es decir, aquellas prestaciones que ofrece la Seguridad Social a algunas personas aun sin haber cotizado o contribuido previamente al sostenimiento del sistema, se incrementarán un 1,8%. En total, se estima que en España, durante 2021, haya alrededor de 9,76 millones de pensionistas.
Para hacerse una idea de lo que representan las pensiones públicas en las Cuentas del Estado, basta decir que, según las estadísticas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 39,2% del gasto anual de la Administración, algo más de 163.000 millones de euros, se destina a esta partida. Si se analiza por meses, en octubre de este año las pensiones supusieron a las arcas públicas un coste cercano a los 9.900 millones de euros, que, comparado con el dato de hace justo una década, significa un incremento del 45,5%.
Cambios en el horizonte
La sostenibilidad del sistema de pensiones es un tema que preocupa, y cada vez más, a los ciudadanos. De hecho, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de septiembre, es ya la décima cuestión que más inquieta a los españoles, en concreto a uno de cada 10. Y es que se espera que, en los próximos años, a medida que la generación del baby boom se vaya jubilando, esta cifra de gasto se dispare, lo cual obliga al Estado a tener que promover cambios muy severos para asegurar su supervivencia.
Por ejemplo, mientras que la pensión media en octubre de 2020 se revalorizó un 29,7% respecto a octubre de 2010, hasta los 1.016,03 euros, organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o el Instituto Nacional de Estadística (INE) ya adelantan que, de no modificarse la tendencia demográfica, en 2050 habrá menos de dos personas activas por cada jubilado. Y, todo ello, mientras el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la denominada hucha de las pensiones, toca su suelo histórico, acumulando, a cierre de 2019, algo más de 2.100 millones de euros, mientras que, apenas ocho años antes, rondaba los 77.000 millones de euros.
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La clave está en la tasa de sustitución
Las malas noticias para los trabajadores en activo en relación a sus futuras pensiones de jubilación no terminan ahí, ya que las tensiones derivadas de la crisis económica derivada de la sanitaria por la pandemia han provocado que, desde el lado de los ingresos, la importante pérdida de empleos que se ha producido a lo largo de los últimos meses repercuta en un menor nivel de contribución, en general, al sistema. Desde la óptica de los gastos, el aumento de la esperanza de vida y el incremento de la pensión media (la pensión máxima en España en 2021 será de 2.707 euros al mes, lo que significa una remuneración anual de 37.904 euros) han disparado el coste de las pensiones. Según las estimaciones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Seguridad Social cerrará 2020 con un déficit de alrededor de 45.000 millones de euros, un 4,5% del Producto Interior Bruto (PIB).
Aquí entra en juego el concepto de la tasa de sustitución, que es la relación que existe entre la cuantía de la pensión de un individuo y su salario previo al acceso a la jubilación. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe ‘Pensions at a glance’, España tiene una de las tasas de sustitución más elevadas del mundo, la cual ronda el 80% del salario anterior a la jubilación. Para hacerse una idea de lo que esto significa, este mismo organismo sitúa la media de la tasa de sustitución entre los Estados que forman parte de él en un 52%.
Retrasar la edad de jubilación, penalizar las jubilaciones anticipadas (o incentivar que las personas decidan retirarse más tarde) o conceder un rol protagonista al factor de sostenibilidad son algunas de las reformas que parecen inminentes en España de cara a los próximos años. Sin embargo, lo que sí que es cada día más evidente es que los trabajadores de hoy, si no desean renunciar, cuando se jubilen, al poder adquisitivo del que gozan, deben llevar a cabo una planificación financiera que sirva para complementar los ingresos que se deriven de su pensión pública.
La próxima actualización del sistema
Hace algunas semanas, el Instituto de Actuarios Españoles alertaba en su informe ‘Factor de equidad actuarial del sistema contributivo de pensiones de jubilación español’ de que los jubilados cobran, en promedio, un 51% más de lo que deberían percibir. Esto provoca, a su juicio, que se produzcan “inequidades, arriesgando la viabilidad futura del sistema”. El documento afirma que el marco de pensiones en España “es de los más solidarios del mundo”, cifrando el importe de la prestación en un 78% con respecto al último salario cobrado por el jubilado en su vida laboral, es decir, de nuevo, la tasa de sustitución.
Además, alerta de que una persona que, en la actualidad, se retire en el país puede hacerlo al cumplir 65 años y 10 meses, lo que hará que, cuando cumpla 77 años, ya habrá recibido de la Seguridad Social a través de la pensión todo lo que había cotizado como trabajador. Aterrizándolo con un ejemplo, en base a las estimaciones de la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN), un empleado con cuarenta años de vida laboral y un sueldo medio de 14.000 euros al año, que se ha ido revalorizando un 1,5% cada ejercicio hasta recibir su último año previo a la jubilación un salario de 25.000 euros, sumará unas cotizaciones totales de 257.000 euros.
Con los baremos actuales del sistema, recibirá desde el inicio una pensión de 20.900 euros al año. En 12 años, la cuantía total ascenderá a 251.800 euros, por lo que, a partir de su año décimo tercero como jubilado, se convierte en receptor neto durante todo el tiempo que le quede de vida.
