Las empresas van a jugar un papel fundamental en la recuperación temprana de los niveles de prosperidad de los ciudadanos. Una iniciativa que no solo tiene que ver con la conciencia social, sino que tiene un gran impacto en su propia rentabilidad financiera.
A finales del siglo XIX, las ideas de Karl Marx habían calado tan hondo entre los trabajadores alemanes que, el entonces canciller del país, Otto von Bismarck, temiéndose una revolución, creó el primer sistema de pensiones contributivo de la historia, que obligaba a empresarios y empleados a financiar a los jubilados a partir de los 70 años. La clase obrera abundaba y, por el contrario, la esperanza de vida de los teutones en aquella época apenas superaba por muy poco esa edad, por lo que las Cuentas del Estado podían mantener este esquema sin mayor problema. Hoy, según datos de Eurostat, el gasto público en los países de la Eurozona ronda, de media, el 48% de su PIB a cierre de 2019. Sin embargo, la crisis sanitaria ha hecho que los Gobiernos del Viejo Continente, incluido España, hayan tenido que destinar partidas extraordinarias muy cuantiosas para evitar el colapso financiero, lo que, previsible, disparará esta cifra, llevando todavía más dudas a las que ya existían sobre las posibilidades reales de mantener el Estado de Bienestar tal como lo conocemos.
Según el estudio ‘The decades de disruption: new social risks and the future of Welfare State’, elaborado por el Institute for Public Policy Research (IPPR), el principal reto de la mayoría de los países occidentales para hacer sostenible el Estado del Bienestar estriba en conjugar los incrementos en su principal coste, el gasto en pensiones, con reducciones paulatinas en la inversión pública. Sin embargo, advierte, en este contexto el sector privado puede jugar un papel fundamental, por ejemplo, contribuyendo a redefinir un nuevo marco laboral acorde con el cambio tecnológico que estamos viviendo, y que sea cofinanciado de un modo eficiente por el Estado y las empresas.
En este sentido, el informe de la Comisión Europea ‘Key challenges for the European Welfare States’ señala que en un contexto de progresivo incremento de jubilados en los próximos años (generación del baby boom) que tienen ganas de seguir trabajando y la suficiente calidad de vida como para hacerlo, su aporte al mercado laboral para favorecer un tránsito más suave a la nueva digitalización, permitiendo que puedan obtener beneficios fiscales que les posibilite obtener mayores rentas, sería muy positivo, ya que, cuando llegue el cambio tecnológico y aumente previsiblemente la intensidad de la productividad, el coste extra de las pensiones se reduciría a una cuestión distributiva gracias al incremento de los ingresos en el mercado de trabajo.
El documento también afirma un segundo rol donde las compañías podrían tener un papel protagonista, aunque simplemente esboza la posible solución sin polemizar demasiado. En concreto, se refiere a cómo las economías desarrolladas podrán evitar el crecimiento del desempleo en las próximas etapas del cambio tecnológico a causa de que los trabajadores con menor conocimiento en temas de digitalización se vean desplazados del mercado. La alternativa que defiende es la de implementar políticas públicas que complementen los ingresos de esa población activa ‘excluida’, a través de complementos salariales o de un ingreso básico universal. En ese caso, la mayor contribución de las entidades privadas, bien sea en forma de impuestos o a través de ayudas directas, sería clave para que pudiera llevarse a cabo esta iniciativa sin descabalgar unos Presupuestos del Estado en un permanente difícil equilibrio.
La participación de las empresas tras la crisis
McKinsey afirma en un informe titulado ‘Well-being in Europe: Addressing the high cost of COVID-19 on life satisfaction’, que tanto para los Estados europeos como para las compañías privadas es fundamental mantener elevados los estándares de bienestar sociales para que tenga éxito cualquier plan de recuperación, en una triple vertiente: salvar vidas, mantener los medios para una prosperidad familiar y apoyar los mecanismos públicos de atención, principalmente en el área sanitaria. El documento lo mide incluso en términos de rentabilidad, asegurando que unos adecuados niveles de satisfacción laboral y personal son muy beneficiosos en términos económicos, ya que, por un lado, ayudan a fidelizar a los trabajadores y, por el otro, contribuyen a mejorar la productividad, “ingredientes cruciales para un futuro sostenible”.
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Esa búsqueda de la felicidad para sus trabajadores tiene un indicador clave en la Encuesta Global que elabora anualmente Gallup, y que mide el bienestar mediante la pregunta: ‘En general, ¿cómo de satisfecho está con su vida actualmente?’. A finales de 2019, el promedio de los ciudadanos europeos estaba en 6,7 puntos sobre 10, frente a la media mundial (de 136 países) que se situaba en 5. Solo una nación no europea logró situarse en el ranking de las diez primeras, Nueva Zelanda, siendo Finlandia el que mayor puntuación obtuvo, con un 7,8. En el caso particular de España, los efectos del confinamiento han hecho mella en la felicidad de los ciudadanos: según una encuesta de la UNED, un 33% reconoció haber sufrido ansiedad generalizada y un 20% una depresión que requería de tratamiento profesional.
Tal y como afirma el estudio de Oxford ‘The Governance Report 2019’, estos datos podrían llevar a pensar que es en aquellos lugares donde existe un nivel de vida material (y más recursos financieros) donde mayor felicidad general hay, pero los ingresos parecen ser solo una parte de la ecuación. De hecho, se concluye que este hito se logra conjugando adecuadamente un cóctel que incluye el bienestar de las personas, su salud, la satisfacción laboral (con la promoción en las oficinas de, por ejemplo, actividades deportivas o de carácter psicológico, como el mindfulness), las relaciones personales, el trabajo, la no criminalidad y el libre acceso al ocio y la cultura.
Y es en esta combinación de factores donde las empresas europeas mejor se han desenvuelto tradicionalmente para cimentar la felicidad de sus ciudadanos y hacer más sólidas todavía las bases del Estado del Bienestar. Así lo señala el informe ‘Why Doesn’t The US Have A European-Style Welfare State?’ del Harvard Institute of Economic Research, que, incluso, subraya que la proactividad de las compañías del Viejo Continente en acciones de RSC que impactan directamente en la vida de sus ciudadanos ha logrado que, en crisis anteriores, las pérdidas de bienestar tuvieran una corta duración.
McKinsey, de nuevo, cita alguna áreas donde las entidades podrían poner su granito de arena para que, una vez más, pudiera cumplirse este hecho, como, por ejemplo, promocionar iniciativas para bloquear los posibles efectos psicológicos negativos del distanciamiento social (mejorando la calidad del aire, llevando a cabo actividades para la reducción de gases de efecto invernadero), promoviendo soluciones de transporte inteligente en las ciudades para reducir el tiempo de los desplazamientos de las personas y, sobre todo, contribuyendo a paliar las cicatrices en la salud que la pandemia está dejando en muchas personas, tanto en atención médica para afecciones no relacionadas con la COVID-19 como en ayuda psicológica para familiares de fallecidos o personas que, en general, han experimentado sentimientos de angustia durante el confinamiento.
