La primera parte de la reforma de las pensiones, a la que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas, ya ha sido aprobada fruto del acuerdo entre el Ejecutivo, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT), la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).
La reforma, que se prevé que entre en vigor en 2022, suprimirá medidas contempladas en la anterior norma aprobada en 2013 como el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba la subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.
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Aunque la sustitución de este último punto forma parte de la segunda parte de la reforma de las pensiones, prevista para más adelante, el Gobierno y los agentes sociales se han dado de plazo hasta el 15 de noviembre para negociar el nuevo mecanismo, que entrará en vigor en 2027 y que se incluirá en el proyecto de ley a través de una enmienda. Si no se alcanza un acuerdo en el marco del diálogo social, el Ejecutivo regulará el mecanismo para que pueda estar definido en el momento de entrada en vigor de la reforma.
En este sentido, con esta reforma se da cumplimiento a varias de las recomendaciones del Pacto de Toledo, ya que se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones con la fijación de un mecanismo estable de revalorización, por el que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior. Además, si el dato es negativo, no habrá modificaciones en las pensiones.
En el texto también se establece una evaluación periódica cada cinco años en el marco del diálogo social de este nuevo mecanismo de revalorización. El impacto financiero de esta medida será de 2,5 puntos del producto interior bruto (PIB) entre 2048 y 2050, que es cuando el gasto en pensiones sobre el PIB alcanzaría su máximo.
Como novedad, se establece que, en el caso de la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes reductores de la pensión pasarán a ser mensuales, no trimestrales, y solamente habrá periodos transitorios de aplicación de los mismos en el caso de las pensiones máximas. En la mayoría de los casos estos coeficientes serán más bajos que los actualmente vigentes con el objetivo de retrasar el anticipo de la jubilación dos meses. Asimismo, se recogen incentivos a la jubilación demorada. Con esta hoja de ruta, el Gobierno pretende garantizar la viabilidad del actual sistema de pensiones.
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¿A quién afectará más esta reforma? El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, señalaba hace unas semanas a la generación de los baby boomers (los nacidos entre finales de los años 50 y mediados de los 60) y la posibilidad de que se enfrente a un ajuste en su pensión o a tener que alargar su carrera laboral. El ministro ha hecho hincapié en la importancia de que los jóvenes de hoy, los hijos de esta generación, no soporten el mayor gasto en pensiones que supondrá la llegada de sus padres a la edad de jubilación. Escrivá ha insistido en que se trata de una generación con menos población que la de los baby boomers y con menor estabilidad laboral.
De este modo, todos estos cambios afectarán a los baby boomers, que serán los protagonistas de las dos próximas décadas en materia de pensiones, ya que sus miembros se jubilarán hasta pasado el 2040. Cruzado ese momento, los desafíos del sistema de pensiones probablemente ya sean otros.
La sostenibilidad del sistema de pensiones
España es una rara avis dentro de los sistemas de pensiones, ya que solo existe un pilar obligatorio para abordar las jubilaciones, que son las cotizaciones a la Seguridad Social, mientras que los pilares complementarios y voluntarios no se encuentran lo suficientemente desarrollados. Esto no supondría un inconveniente si no fuera porque la pirámide poblacional en el país está invertida desde hace años. En otras palabras, España cuenta con una población envejecida mucho mayor que la de cotizantes.
Según las previsiones del Banco de España, en los próximos 30 años el país sufrirá un gran aumento de la tasa de dependencia (la relación entre la población dependiente y la activa en edad de trabajar). Así, para 2050 esta tasa será de un 60% (es decir, habrá cerca de dos personas mayores de 65 años por cada tres en edad de trabajar), lo que implica una subida de 34 puntos porcentuales respecto a 2010. Este incremento podría conllevar que el gasto en pensiones aumente entre 4,7 y 12,2 puntos del PIB. Esta situación impediría financiar el sistema de pensiones de acuerdo con el modelo actual, que presupone para su buen funcionamiento un mínimo de 2,5 trabajadores por cada jubilado.
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A este respecto, el gasto que tiene que desembolsar la Seguridad Social cada mes para financiar las pensiones sigue marcando récords. En junio, el sistema tuvo que destinar 10.180,23 millones de euros al pago de las prestaciones contributivas, un 3,2% más que en el mismo mes de 2020, según el Ministerio dirigido por Escrivá.
La mayor presión del sistema la ejercen las pensiones de jubilación, ya que se destinaron 7.322,90 millones de euros a esta partida. Esta cuantía experimentó un crecimiento del 3,76% en los últimos 12 meses. Además, la pensión media de jubilación se situó en 1.188,74 euros, un 2,31% mayor que la de junio del pasado año.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el gasto en pensiones crecerá a un ritmo del 4% anual hasta 2024. En concreto, aumentará un 3,8% en 2021 y algo más del 4% en los próximos dos años. Además, prevé que la población aumentará hasta los 54 millones de habitantes en 2050, un incremento que será consecuencia, en gran parte, del aumento de la esperanza de vida. De hecho, la población en edad de trabajar se mantendrá cerca de los 30 millones de personas durante todo el horizonte de previsión de la AIReF. En este escenario, el gasto en pensiones se situará en el 14,2% del PIB en 2050, lo que supone un incremento de 3,3 puntos respecto a los niveles actuales.
El sistema de pensiones, tal y como se conoce actualmente, no está preparado para soportar esta presión. De ahí que se ponga en marcha una reforma para contener el gasto y asegurar su viabilidad en el futuro, aunque serán necesarios nuevos cambios para que el sistema sea sostenible.
La importancia de complementar la pensión
España es el tercer país más longevo del mundo, después de Japón y Suiza. La esperanza de vida se ha ido incrementando desde hace más de un siglo a un ritmo medio de cuatro años por década. Y lo seguirá haciendo en los próximos años. Según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE), si se mantienen las tendencias actuales, el 26% de la población residente tendrá 65 años o más dentro de 15 años.
De ahí que las pensiones no puedan seguir siendo tan generosas en el futuro como lo son ahora. Por ello, no son pocos los expertos que afirman que, para disfrutar de una jubilación tranquila desde el punto de vista económico, el ahorro es más necesario que nunca.
Uno de los vehículos para ahorrar de cara a la jubilación es el plan de pensiones, un producto pensado para el largo plazo. Su funcionamiento se basa en aportaciones periódicas o puntuales realizadas por el partícipe que son invertidas por los gestores del plan. De este modo, a la hora de rescatar el plan de pensiones, el titular obtiene tanto el dinero depositado a lo largo de los años como la rentabilidad que este haya podido generar. La edad mínima para acceder a un producto financiero, como son los planes de pensiones, es de 18 años, según la legislación española. En este sentido, empezar a ahorrar cuanto antes permitirá obtener mayores beneficios para disfrutar de una jubilación sin sobresaltos.
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También existen los planes de pensiones de empleo (PPE), una fórmula muy extendida en otros países europeos que, sin embargo, se ofrece poco en España. Y es que solo el 1% de las empresas ofrece este tipo de productos a sus trabajadores, a pesar de que el ahorro para la jubilación es un beneficio social muy bien valorado por los empleados.
Se trata de planes de pensiones complementarios que las empresas ponen a disposición de sus trabajadores para que, de manera voluntaria, tengan un complemento a su pensión cuando se jubilen. A este respecto, el promotor del plan de pensiones será la empresa, y, el partícipe, el trabajador que decida suscribirlo y adherirse a él. Las aportaciones las realizan las empresas y los empleados si así lo desean.
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