El primer Consejo de Ministros de julio, celebrado el pasado día 7, sirvió para dar a conocer, por parte del Gobierno, nuevas iniciativas destinadas a la reactivación de la economía, que suman un total de 50.000 millones de euros. El grueso de ese dinero, 40.000 millones, son líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el objetivo de apoyar nuevos proyectos de inversión, además de las que ya se habían puesto anteriormente a disposición por valor de 100.000 millones de euros para intentar aliviar los efectos que la crisis sanitaria ha tenido en muchas empresas. La diferencia en este sentido con lo aprobado anteriormente es que esos 40.000 millones están destinados solo al apoyo de nuevas inversiones en empresas y autónomos en áreas donde se genere mayor valor añadido, según Moncloa, y que giren en torno a los ejes de sostenibilidad ambiental y digitalización.
El resto del dinero anunciado, 10.000 millones de euros, se reserva para que las compañías estratégicas con problemas de solvencia provocados por la pandemia puedan enderezar su situación, mediante la creación de un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. A través del Real Decreto-Ley 25/2020, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo (con entrada en vigor el 7 de julio), se aclara que el objetivo es prestar apoyo público temporalmente a empresas estratégicas que atraviesen "severas dificultades" por la crisis de la COVID-19. La ayuda se puede articular a través de la concesión de préstamos participativos, mediante la adquisición de deuda subordinada o dando al Estado la posibilidad de suscribir acciones de esas entidades.
Además, el Consejo de Ministros también anunció medidas específicas para dos de los sectores más afectados por la crisis. Por un lado, la industria turística, que se verá beneficiada con un programa de 216 millones de euros para financiar proyectos de digitalización e innovación en el sector, y una moratoria de hasta 12 meses en las hipotecas de sus inmuebles. También se ha exonerado entre los meses de julio y octubre a las empresas privadas de turismo, comercio y hostelería del pago del 50% de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores fijos discontinuos que incorporen o a los que mantengan su ocupación.
El otro segmento que recibirá una inyección extraordinaria será el del automóvil, tras haberse aprobado el Plan Renove, que incluirá ayudas de entre 300 y 4.000 euros para la compra de vehículos y que se aplicarán con carácter retroactivo con fecha de 16 de junio.
A la estela de otros Estados europeos
Según el presidente del Gobierno, el principal cometido del Fondo de Apoyo Estratégico es "garantizar la continuidad y solvencia de las empresas que son o eran perfectamente viables o solventes y constituyen el corazón del tejido empresarial y productivo". Gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), este vehículo sigue los preceptos de la normativa de ayudas de Estado recogida por la Comisión Europea, que, durante el mes de mayo, aprobó la modificación del marco temporal de medidas de ayuda estatal frente a la pandemia para favorecer la recapitalización de empresas no financieras en dificultades por la crisis sanitaria.
De hecho, otros países del continente ya han aplicado la posibilidad del rescate de compañías estratégicas, sin ir más lejos nuestro vecino Portugal, que ha pasado a convertirse en el dueño del 72,5% de la compañía aérea TAP tras inyectar recientemente 1.200 millones de euros. Aunque, sin lugar a duda, el rescate más mediático fue el del Gobierno de Alemania con Lufthansa, que tuvo que ingresar 9.000 millones para evitar la declaración de insolvencia de la entidad.
Centrándonos en España, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ya ha pedido que parte del dinero de ese fondo se destine a salvar la factoría de aluminio que la norteamericana Alcoa tiene en la localidad lucense de San Cibrao, en la que se está negociando un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a más de 530 empleados. Por el momento, lo que ya se conoce es que, próximamente, el Consejo de Ministros fijará las condiciones que han de cumplir las organizaciones que quieran solicitar acceso al fondo.
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Particularidades a tener en cuenta
Desde el punto de vista jurídico, el fondo se rige por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y que se complementa con lo recogido en el Real Decreto-Ley que anuncia su creación. El plazo máximo para resolver la petición de cualquier empresa a acogerse a él será de seis meses contados desde la presentación de su solicitud. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.
La Sepi actuará en nombre y representación de la Administración en todas las operaciones y acciones relativas al fondo, ejerciendo de depositario de los títulos y contratos representativos de las operaciones de activo realizadas, así como ejerciendo sus derechos como administrador.
En supuestos de participación en el capital social de la empresa, los votos que corresponden al Consejo Gestor, sus consiguientes derechos políticos y su incorporación al órgano de administración de la entidad mediante la designación del número de consejeros equivalente a su cuota de participación redondeada al número entero más próximo, se determinará sin necesidad de ningún acto o acuerdo salvo la notificación al Registro Mercantil.
La responsabilidad que en los casos previstos en las leyes le pudiera corresponder, en su caso, al empleado público como miembro de los consejos de administración de las empresas objeto de participación en su capital social, será directamente asumida por la administración. El Consejo Gestor podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad en la que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia grave, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.
Las operaciones financiadas por el Fondo se ajustarán a la normativa de Ayudas de Estado de la Comisión Europea y en particular, a la Comunicación de la Comisión Europea sobre el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de la COVID-19. Esta normativa comunitaria lo que garantiza, en definitiva, es una gestión profesional de las empresas participadas para que no sean utilizadas como instrumento político, es decir, que impide que puedan llegar a realizar nacionalizaciones de empresas con otros objetivos que no sean los de garantizar su sostenibilidad financiera.
La supresión del Fondo será acordada mediante Orden dictada por la Ministra de Hacienda, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En el momento de la supresión del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el saldo será ingresado en el Tesoro.
