Poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en la primavera de 1945, algunos de los principales periódicos que habían cubierto los años más duros del conflicto, como los británicos The Times y The Manchester Guardian (más tarde, The Guardian) o los norteamericanos The New York Times y Los Angeles Times, iniciaron un debate que se prolongó algunas semanas acerca de la crisis de la prensa escrita. A pesar de la calidad de las impagables instantáneas de los corresponsales al pie del conflicto o de la ingente cantidad de noticias, artículos de opinión y editoriales que publicaron, la sensación era que habían perdido su particular batalla con la televisión, cuya popularidad se había disparado, también por el auge de los primitivos programas de entretenimiento y los telediarios.
Hoy, ocho décadas después, los medios se sienten amenazados ante la popularidad de las redes sociales, que están cambiando radicalmente cómo se accede a la información. Sin embargo, esa eclosión tan súbita ha creado, en paralelo, un caldo de cultivo propicio para la propagación de noticias falsas o fake news, cuya velocidad de circulación hace muy difícil que pueda evitarse su difusión. Precisamente, de la labor de comprobación e identificación se ocupan las agencias de verificación de noticias o fact checkers.
La crisis del coronavirus ha llevado la polémica a las entidades que están detrás de las redes sociales, después de que se hiciera público que WhatsApp impedía la viralización de determinados contenidos. Un debate que ya llevaba alrededor de un año en la opinión pública una vez que Facebook -en el ojo del huracán desde las últimas elecciones de Estados Unidos cuando se hizo público que algunos de sus trabajadores filtraban noticias que ideológicamente les interesaban- anunció que iba a llegar a acuerdos locales con agencias de verificación de noticias de todo el mundo para perseguir los bulos y las fake news. Para echar más leña al fuego, entidades como la consultora Gartner en su informe ‘Top Predictions for IT Organizations and Users’ advierten que para 2022 la mitad de las noticias que circularán por la Red serán falsas.
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Desde la óptica de las empresas, la verificación o fact checking es muy útil para luchar contra la desinformación y recuperar la confianza de los clientes y de la sociedad en general, contribuyendo a que se establezcan unos canales de comunicación más sólidos y transparentes. Como aseguró Ana Pastor, periodista y fundadora de Newtral, en uno de los webinars del ciclo Meaningful Content organizado por Havas PR “hoy, toda la gente miente y los políticos son reflejo de lo que ocurre en la sociedad; sin embargo, hay muchas personas a las que no les importa que le mientan mientras escuchen lo que quieren oír”.
El papel integrador de la IFCN
En realidad, cualquiera no puede ejercer este rol de verificación, sino que existe un estándar internacional que marca, en este caso, la International Fact Checking Network (IFCN), a través de un código de principios al que deben adherirse quienes deseen formar parte de esta red de supervisión. Este organismo, creado en 2015, se ocupa de revisar las tendencias y prácticas relacionadas con la deontología de la actividad, impartiendo cursos de formación para especialistas en el rastreo de esta clase de noticias en redes sociales y organizando una conferencia, con carácter anual, la Global Fact, para analizar el estado de situación internacional de la desinformación.
Su código de buenas prácticas tiene como puntos principales la transparencia en el uso de fuentes, la apuesta por la independencia y la equidad, el compromiso por la realización de correcciones abiertas y honestas. Además, deben disponer de una organización interna y unas fuentes de financiación que puedan ser supervisadas abiertamente, y contar con una metodología profesional y aceptada en la verificación de información en la Red.
Asimismo, existe un consejo asesor que evalúa a las agencias de calificación que desean adherirse en base a más de una treintena de criterios, como, por ejemplo, que los candidatos no pueden tener su trabajo controlado por un Estado o por un partido político. Sus estándares son tan elevados que multinacionales como Google o Facebook (incluyendo Whatsapp) exigen a las entidades que cuenten con el sello del IFCN antes de poder trabajar con ellas (de hecho, el conocido buscador ofrece incluso la herramienta Google FactCheck que basa su contenido en las aportaciones de los socios de esta organización).
Cómo funciona el fact checking
La Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones de Bibliotecas (IFLA, según sus siglas en inglés) ha desarrollado algunas claves para otorgar credibilidad al proceso de verificación de noticias, como investigar la fuente o el origen de la información, conocer más acerca de su autor, contrastar los datos yendo a las fuentes originales, corroborar que las fechas son las adecuadas (no se han sacado de contexto las cifras), evitar los sesgos (personales, políticos, sociales,...) y acudir, siempre que resulte posible, al asesoramiento de expertos para obtener un conocimiento mayor de lo que se está analizando.
Entidades como las norteamericanas Snopes.com o FactCheck.org, o la francesa Factuel, son algunas de las referencias mundiales en verificación de noticias. Cada una cuenta con su propia estrategia de rastreo, monitorización y contraste de la información, si bien en la mayoría de los casos, con independencia de la variedad en el uso de programas de software, tienen algunos rasgos comunes: el uso de estadísticas oficiales, acudir a informes de organismos, ponerse en contacto con especialistas, o, directamente, preguntando a los equipos de los políticos para averiguar de dónde han obtenido la información.
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Además, como indican desde la española Newtral, el resultado de cada verificación, una vez realizado por el profesional de la información, pasa por diferentes filtros, como el resto del equipo técnico y la propia dirección de la entidad. Junto a esta supervisión más ‘humana’, existen, también, plataformas tecnológicas que sirven de soporte, como Google Fact Check Toolbox, que dispone, a su vez, de dos herramientas: Fact Check Explorer y Fact Check Markup Tool. La primera de ellas permite hacer una búsqueda rápida en Internet sobre bulos relativos a una persona o entidad; en el caso de la segunda, destinada solo a profesionales, se puede añadir el proceso de verificación que se ha llevado a cabo sobre una información determinada, de cara a que pueda ser consultada en el futuro.
En el caso específico de Twitter, quizá la red social más propiciada para la difusión de noticias falsas, existe una herramienta, llamada twXplorer, que permite conocer el origen de los hashtags, las cuentas que los mueven y los enlaces relacionados. De cara a identificar especialmente si se están utilizando bots, existe Botometer. Otra herramienta es InVID, que permite verificar vídeos de Facebook y YouTube y comprobar su contexto, la veracidad del contenido y el cumplimiento de la legislación de derechos de autor. Sin embargo, como advierte Ignacio Martínez, Director de Eprensa, “igual de importante que identificar bulos es conseguir dibujar su trazabilidad para conocer su origen, porque hay gente que gana mucho dinero con ellos, vía audiencias o a través de estafas, como el phising”.
La verificación en la UE y en España
Desde el año 2016, auspiciado por la Comisión Europea, existe un Grupo de Expertos de Alto Nivel, que analiza el estado de situación del fact checking, y cuyas deliberaciones se han materializado en un informe titulado ‘A multi-dimensional approach to disinformation’, donde se destaca el trabajo del IFCN para supervisar a las agencias verificadoras de noticias en la Red. En 2018, la Comisión Europea presentó, además, un Plan de Acción contra la Desinformación, fundamentalmente enfocado a contrarrestar el aluvión de noticias falsas que provenían de los países del Este del continente. Finalmente, unos meses después se puso en marcha incluso un verificador propio impulsado desde las instituciones continentales, llamado FactCheck.eu.
En España, por su parte, existen solo tres entidades integradas en la IFCN: EFE Verifica, Maldita.es y Newtral. Junto a ellas, hay algunas otras que no forman parte de esta asociación, así como un puñado de entidades muy especializadas en determinados segmentos, como el sanitario (Saludsinbulos) y otras que, sin estar en la IFCN, sí cuentan con acuerdos con Facebook (como la Agencia AFP). EFE Verifica, filial de la Agencia EFE, afirma que su metodología de trabajo consiste en seleccionar declaraciones de personajes políticos cuyas declaraciones pueden suscitar alguna clase de duda, publicando luego una conclusión tras haber efectuado el análisis con distintas fuentes para contrastar la veracidad de lo dicho.
Maldita.es fue creada en 2018 y declara ser una entidad sin ánimo de lucro que se financia principalmente a través del crowdfunding, acuerdos puntuales con Facebook y Google y colaboraciones en medios de comunicación. Divide su trabajo de verificación en cuatro áreas: Maldita Hemeroteca, Maldita Ciencia, Maldito Bulo y Maldito Dato. Por su parte, en el caso de Newtral, su origen está vinculado al programa de La Sexta ‘El Objetivo’, que, de hecho, fue el primero que se acreditó en la IFCN aunque, más adelante, traspasó su puesto a la compañía. A día de hoy, es la mayor de este tipo de agencias en España, con alrededor de 60 trabajadores, y se financia a través de la producción audiovisual que realiza para grupos mediáticos, además de los ingresos que obtiene como verificador oficial de Facebook. En 2018, su facturación fue de 3,8 millones de euros y sus beneficios, de 868.857 euros.
En todos los casos, las entidades se nutren de profesionales de distintos campos para la verificación de contenidos, aunque difieren en su estrategia de revisión. Newtral, por ejemplo, incluye en su equipo no solo a periodistas sino, también, a otros perfiles como ingenieros, documentalistas o investigadores. Según se recoge en su página web, seleccionan declaraciones de políticos de distintos partidos y administraciones públicas en: periódicos, entrevistas de radio y televisión, redes sociales y cualquier plataforma pública. A partir de ahí, valoran la trascendencia de la declaración y del autor, si se repite como un argumentario creado intencionadamente para confundir y si tiene contenido verificable con datos. También afirman desechar las opiniones que forman parte de la lógica retórica política. Con todo ello, clasifican las informaciones como verdaderas, verdades a medias, engañosas o falsas.
En EFE Verifica, la metodología para la verificación es, incluso, más artesanal, ya que consiste en seleccionar declaraciones de personajes políticos sobre cuya veracidad puedan existir dudas, para, posteriormente, realizar un trabajo de consulta de datos oficiales y contacto con fuentes oficiales. Por su parte, Maldita.es, de acuerdo con su página web, selecciona las declaraciones a verificar a través de un sistema de ponderación que se basa en la propia viralización de la afirmación o en la posible repercusión política o social que pueda tener. En este punto, los analistas consultan al interesado y a otras fuentes según su criterio profesional. Cuando se ha verificado una declaración, es sometida a tres niveles de edición: desde el redactor, pasa por el coordinador y, posteriormente, por el jefe de redacción. Es necesario que los tres niveles estén de acuerdo en que la verificación se ha hecho correctamente para que sea publicada.
A pesar de todos estos mecanismos de verificación que llevan a cabo las distintas agencias, Ana Pastor apuesta por ser lo más prácticos posible para evitar la difusión de cualquier bulo: “Si tenemos dudas de una información, no debemos nunca compartirla; los primeros cortafuegos de las fake news siempre somos los propios consumidores digitales”.
