La ‘okupación’ de viviendas es un problema en España. Según las cifras del Ministerio del Interior, en el primer semestre de este año se registraron 7.450 denuncias por ‘okupación’, frente a las 7.093 registradas en el mismo periodo de 2019, un 5% más. Eso supone que en la primera mitad del año se registraron más de 40 denuncias al día en todo el país.
La situación varía mucho por comunidades autónomas. Cataluña es la comunidad autónoma más afectada por la ‘okupación’, con 3.611 casos probados en lo que va del año, casi la mitad de los registrados en toda España. Le siguen, aunque con cierta distancia, Andalucía, con 1.183 denuncias en el primer semestre, y Madrid con 657. Navarra, Cantabria y Asturias, en cambio, registraron menos de 50 casos en ese mismo periodo.
Más allá de si la situación se ha agravado o no con la prohibición de los desahucios a causa de la crisis de la COVID-19, lo cierto es que este fenómeno lleva años al alza. Las denuncias por ‘okupación’ se han incrementado en España un 40,9% en cuatro años, pasando de 10.376 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad en 2015 a los 14.621 con que se acabó en 2019. Y todo apunta a que 2020 acabará con un nuevo incremento.
Este tipo de delitos suele tener como objetivo principal las segundas residencias, ya que están vacías durante gran parte del año. No obstante, se han registrado numerosos casos de distintas índoles. Desde la irrupción en inmuebles vacíos para vivir, hasta la invasión de obra nueva lista para entregar a sus propietarios.
La ‘okupación’ está castigada con multas de entre tres y seis meses de prisión y, en caso de violencia o intimidación, de uno a dos años. Pero suelen ser procesos largos, con tendencia a enquistarse y que a menudo se convierten en un verdadero viacrucis judicial para los propietarios del inmueble.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos para evitar que ocupen sus viviendas? Tal y como explica José Manuel Veiga, director de Seguros de Protección de BanSabadell Seguros: “Como en la mayoría de riesgos, la mejor solución empieza por la prevención gracias a medidas de seguridad, como las cámaras de videovigilancia y las puertas blindadas. También es importante evitar que sea fácil identificar que la casa no está habitada, por ejemplo, explicando abiertamente cuándo se va a estar fuera”.
“Identificar el problema rápidamente si se produce y ponerlo en consideración de las autoridades es fundamental”, subraya Veiga. “Para ello puede ayudar alertar a un vecino o familiar de confianza o instalar dispositivos del internet de las cosas (IoT) como cámaras o sensores de apertura de puertas/ventanas que tienen un precio asumible y son de fácil instalación”.
Estas son las principales medidas a las que pueden recurrir los propietarios para reforzar la seguridad:
- Cámaras y alarmas antirrobo. Son medidas cada vez más comunes que desincentivan la ‘okupación’ y permiten detectar el problema justo en el momento en el que se produce, algo muy importante para poder realizar un desalojo rápido. Las alarmas detectan al intruso en el momento preciso en el que accede a la vivienda y avisan de forma automática a la Policía, que puede acudir rápidamente y evitar la ‘okupación’ si los intrusos llevan menos de 48 horas. Superado ese margen de tiempo, la Policía necesitará una orden judicial para el desalojo, por lo que el proceso será mucho más lento y complejo. Las cámaras, además de ofrecer esta misma información en tiempo real, graban las imágenes, que se convierten en pruebas del allanamiento o la ‘okupación’, muy útiles para el proceso judicial que vendrá después.
- Inversión en sistemas especiales de seguridad. La instalación de puertas blindadas de alta resistencia, ventanas de calidad, rejas para bloquear todas las ventanas que puedan servir de acceso o cerraduras de seguridad son elementos clave para evitar estos procesos.
- Simular que la vivienda está habitada. Una manera muy fácil de conseguir que no se ocupe la casa es hacer ver que está habitada. Recoger frecuentemente el correo, no bajar las persianas del todo, encender las luces utilizando temporizadores o mantener las plantas de exterior cuidadas son algunas de las medidas que se pueden tomar para dar sensación de habitabilidad.
- Mantener alerta a los vecinos. La cooperación vecinal es fundamental y puede ayudar a una detección temprana del riesgo de una ‘okupación’. Si los vecinos son de confianza, se les puede comunicar la ausencia para que avisen si sospechan que alguien ha ‘okupado’ la vivienda. También se le puede pedir a familiares o amigos que visiten la vivienda de vez en cuando para verificar que todo está correcto.
- Tener cuidado en las redes sociales. No conviene publicar en las redes sociales información muy específica sobre el tiempo que se pasará fuera de la vivienda habitual o la localización de las segundas residencias para evitar el efecto llamada. Hay que ser cuidadoso al hablar de las vacaciones y los viajes porque los ‘okupas’ muchas veces se sirven de esta información.
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Los seguros y la ‘okupación’
Las compañías de seguros están tomando conciencia de este problema y se están lanzando a estudiar cómo ofrecer productos para mejorar su protección. Muchas aseguradoras han incluido la cobertura de este tipo de procesos dentro del tradicional seguro de hogar, de forma que, además de cubrir los riesgos básicos, “los seguros también ofrecen cobertura en caso de desperfectos ocasionados en la vivienda por los ‘okupas’ dentro de la cobertura de actos vandálicos y malintencionados. Para ello el propietario debe avisar lo antes posible a las autoridades para minimizar los daños ocasionados”, explica el Director de Seguros de Protección de BanSabadell Seguros.
Además, las compañías se hacen cargo de los gastos en los que incurra el asegurado al iniciar un procedimiento así y ponen a su disposición un abogado para la defensa de sus derechos, intereses y necesidades. De este modo, “también se cubre la defensa del cliente ante los daños que haya sufrido su persona, animales domésticos o propiedad”.
Un procedimiento complicado
Lo cierto es que no es obligatorio asegurar una vivienda, pero el aumento del riesgo a que sea ‘okupada’ hace que sea una opción muy recomendable, ya que “nos ayudarán a reducir o resarcirnos económicamente del problema generado”, apunta Veiga. El procedimiento de desahucio es arduo y, además, puede alargarse en el tiempo. Si el propietario es un particular, puede elegir la vía civil, que recoge el desahucio exprés aprobado en 2018; o la vía penal, a través de una querella por allanamiento de morada o usurpación.
En teoría, la demanda por la vía civil es más rápida, puesto que el ‘okupa’ está obligado a demostrar en cinco días hábiles que vive legalmente en ese inmueble. A partir de ahí, el desalojo puede darse en un plazo de 30 días. El problema es que este plazo acaba dependiendo de los juzgados. En la práctica, la denuncia por la vía civil puede alargarse unos cuantos meses y llegar incluso a años en la vía penal.
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