El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley para introducir modificaciones en el actual sistema de jubilaciones con el que pretende, entre otras acciones, penalizar las anticipadas y bonificar las que se demoren más allá de la edad legal. Estos son los principales aspectos que contempla el plan.
La edad efectiva media de jubilación, es decir, a la que los españoles realmente se retiran, está actualmente en los 64 años y seis meses, de acuerdo con el estudio 'Tendencias recientes en la edad de acceso a la jubilación', elaborado por el Banco de España; mientras que la legal se sitúa en 65 años para aquellas personas que han cotizado 37 años y tres meses o más y en 66 años para las que han cotizado menos tiempo. Uno de los objetivos del anteproyecto de ley de las pensiones aprobado por el Consejo de Ministros a finales de junio es, entre otros, aumentar la edad efectiva para acercarla a la legal.
La norma, fruto del acuerdo con sindicatos y patronales, es la primera parte de una reforma que el Gobierno ha comprometido con Bruselas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La futura modificación apuesta por que el ajuste en el sistema recaiga principalmente en la generación del baby boom, los nacidos entre 1960 y 1970.
Está pendiente una segunda fase en la que se afrontarían otros aspectos como el factor de sostenibilidad, que liga la pensión a la esperanza de vida y calcula la cuantía de acuerdo con estadísticas demográficas para estimar los años que vivirá el jubilado y, por tanto, durante cuánto tiempo disfrutará de la prestación, y la ampliación del periodo de cálculo de la pensión.
La primera parte de esta reforma, sin embargo, ha regulado cuestiones importantes que hay que tener en cuenta. Son las siguientes.
Liga la pensión al IPC y elimina las ‘paguillas’ compensatorias
Las pensiones se revalorizarán con el índice de precios de consumo (IPC) anualmente. El IPC es un indicador que mide el precio de la vida a partir de los importes en productos básicos de la cesta de la compra y los carburantes, entre otros. Se actualiza anualmente para que sirva de referencia a la hora de calcular, por ejemplo, las pensiones, y evitar así que, aunque el ciudadano cobre la misma cuantía, pierda poder adquisitivo.
Ligar las pensiones al IPC significa que cuando suban estos precios, la pensión lo hará en la misma proporción. Esto será siempre así menos cuando el IPC no crezca o decrezca (inflación negativa) en cuyo caso las pensiones quedarán congeladas. Con la nueva norma dejarán de utilizarse las previsiones de inflación para su revalorización, eliminando así las llamadas 'paguillas' compensatorias. “Esto supone que desaparecerá la famosa compensación que realiza el Gobierno a comienzos de cada año”, señala Rocío Gallego Losada, autora de El dilema de las pensiones en España (Tirant, 2016) e investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Esta paguilla se calcula en función de la cantidad que sube el IPC anual respecto a la previsión que se realiza a principios de año, explica esta experta.
Es una forma de corregir la diferencia entre la subida del IPC real y la que había previsto el Gobierno. Pero con la reforma dejará de hacerse, pues no se tendrán en cuenta las previsiones.
Penaliza las jubilaciones anticipadas voluntarias
La nueva ley pretende reducir las jubilaciones anticipadas a las que se accede dos años antes de la edad legal de jubilación si se ha cotizado durante 35 años. Para ello modifica una penalización que ya existe, pero que se aplica de forma menos efectiva. “Actualmente las penalizaciones se realizan sobre la base reguladora del beneficiario de la pensión”, explica Gallego Losada. La base reguladora es una cifra que se calcula conforme al tiempo que ha cotizado un trabajador. La cuantía de la pensión que percibirá corresponderá a un porcentaje de esa base reguladora. Con la reforma, si un trabajador con menos de 38 años y medio cotizados se jubila 24 meses antes de lo que le corresponde, reducirá su pensión un 21%, cinco puntos más que hasta ahora, que la reducía un 16%. Aunque si lo hace a partir de 22 meses antes, la reducción será menor. A los 12 meses, por ejemplo, la reducción será del 5,5% en vez del 8% actual. Así se fomenta que la jubilación anticipada se retrase algunos meses.
Además, las penalizaciones se aplicarán de otra forma. “Eso significa que, si el sueldo es alto y se cotiza por encima de la pensión máxima [2.683,34 euros mensuales], la reducción que se aplica a su base puede implicar que, incluso una vez descontado este porcentaje, la base siga por encima y le corresponda la pensión máxima”. Un ejemplo: la base reguladora de un trabajador está en 3.000 euros. Este decide acogerse a una jubilación anticipada voluntaria, por lo cual se le realiza una penalización de 200 euros a aplicar sobre los 3.000 euros de su base reguladora. Según esto, su pensión debería ser de 2.800 euros, lo que supone que la penalización no funciona, ya que seguirá recibiendo el máximo (2.683,34 euros). La reducción por jubilación anticipada, por tanto, no es real.
El endurecimiento se llevará a cabo aplicando la penalización directamente sobre la pensión, aunque este recorte no entrará en vigor hasta dentro de dos años. En el caso anterior, la pensión se reduciría desde los 2.683,34 euros a los 2.483,34 euros. Con este cambio se elimina un resquicio que permitía a los futuros pensionistas, que contaban con un salario elevado por encima del máximo, jubilarse anticipadamente sin penalización alguna.
De este cambio se libran los trabajadores cuyo contrato haya terminado antes del 1 de enero de 2022 y no regresen al sistema de la Seguridad Social por un periodo mayor a un año. También aquellos que se jubilen anticipadamente por razón de un expediente de regulación de empleo (ERE), por su convenio o por un procedimiento concursal, entre otras razones, que se haya aprobado antes del 1 de enero del 2022. Además, si en algo les beneficia el nuevo sistema, podrán elegirlo. Las personas que se jubilen anticipadamente y de forma involuntaria y aquellas que lleven tres meses con el subsidio asistencial de desempleo también quedan exentas de esta corrección de la pensión máxima.
Esto será así en las pensiones más altas. Pero se da la paradoja de que en la mayoría de los casos, la penalización por la jubilación anticipada será menor que en la actualidad. Los coeficientes que reducen la cuantía por retirarse antes se aplicarán por cada mes que se anticipa la jubilación, en lugar de hacerlo por trimestres como se hacía hasta ahora. La intención es que las penalizaciones sean más graduales para que el trabajador tenga incentivos para retrasar su retiro. En la práctica consiguen penalizaciones menores aunque sean más graduales.
Incentiva la jubilación demorada
El esquema actual para alargar la vida laboral más allá de la edad de jubilación no ha surtido el efecto buscado. Los expertos lo atribuyen a la falta de incentivos financieros. “De ahí que ahora se busque motivar de una manera efectiva esa demora en la edad de jubilación”, considera Gallego Losada.
En primer lugar, al llegar a la edad legal de jubilación y seguir trabajando, se eliminará la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes (el dinero que se aporta a esta entidad para proteger al trabajador en caso de enfermedad o accidente) con lo cual hay una subida efectiva en el sueldo de un 4,07%. Además, “se ofrecerán tres tipos de incentivos para el retraso de la jubilación, a elegir por el trabajador, por cada año de demora”, explica la investigadora de la URJC.
La primera opción es un aumento de la pensión del 4% por cada año de retraso. Esto supone un incremento, pues la subida actual, antes de la aplicación de la reforma se sitúa en el 2% y el 4%. La segunda es concentrar este beneficio en un único pago (que dependerá del número de años cotizados y no podrá superar los 12.000 euros). Por último, el trabajador podrá optar por una combinación de ambos incentivos. “Esto no afectará a las profesiones de alta penosidad, que engloba a trabajadores mineros, personal del transporte aéreo o ferroviario, entre otros, que mantienen las ventajas del retiro laboral por la peligrosidad de su labor”, puntualiza Gallego Losada.
Equilibrio intergeneracional
La reforma deroga el factor de sostenibilidad introducido en el año 2013. Este es uno de los aspectos más polémicos. “El factor de sostenibilidad nunca llegó a aplicarse en la práctica”, puntualiza Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). En la teoría suponía la revisión a la baja de la cuantía inicial de la pensión para compensar los efectos sobre las cuentas del sistema del aumento de la esperanza media de vida con la edad legal de jubilación.
En su lugar, la reforma pretende crear un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que entrará en vigor en el año 2027, que aún se está negociando y cuya aprobación se espera para noviembre, en el segundo paquete de medidas. “No se conoce como funcionará el nuevo mecanismo, pero, para que ayude a asegurar la sostenibilidad del sistema, debería parecerse al que se deroga”, sostiene De la Fuente. El hecho de que se prevea su puesta en marcha para el año 2027 no es casual. Llegará en uno de los momentos críticos para el sistema de pensiones: las jubilaciones de la generación del baby boom, especialmente numerosa.
El traslado de gastos al Estado
Los ingresos que se obtengan a través de las cotizaciones se destinarán a pagar las pensiones, y el resto de los gastos de la Seguridad Social pasarán al Estado, de modo que se financiará con impuestos. Se culmina así un proceso de separación de fuentes de financiación que se inició hace 20 años. El Estado ha ido asumiendo gradualmente el coste de algunos desembolsos que antes pagaba la Seguridad Social con sus ingresos por cotizaciones, entre ellos, las pensiones que percibían algunos ciudadanos que no habían cotizado lo suficiente, además de los complementos para subir hasta la pensión mínima las prestaciones que se quedarían por debajo de ese nivel.
“Este proceso de traspasar al Estado costes impropios de la Seguridad Social es lo que se conoce como separación de fuentes”, señala el director de Fedea. “Hasta hace poco, se consideraba que el proceso de separación estaba prácticamente completo, excepto en lo que respecta a algunas bonificaciones de cuotas sociales para el fomento del empleo que seguía soportando la Seguridad Social. Ahora el Gobierno plantea que hay más gastos que debería asumir el Estado”, concluye.
