El Gobierno ha publicado el Real Decreto Ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, que moviliza 11.000 millones de euros para frenar en la medida de lo posible la debacle económica que está sufriendo el tejido empresarial español, representado en su gran mayoría por pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos, a causa de la pandemia provocada por la COVID-19. De esa cantidad, 7.000 millones se entregarán en ayudas directas.
El reparto se realizará de la siguiente manera: 5.000 millones de euros irán destinados a todas las comunidades autónomas, excepto Islas Baleares y Canarias, que recibirán 2.000 millones al considerarse que han sido las más perjudicadas por su elevada exposición a uno de los sectores que han sufrido un mayor impacto como es el del turismo.
Así, negocios de 95 actividades podrán beneficiarse de esta medida en la que los importes a recibir se situarán entre los 3.000 y los 200.000 euros, en función del tipo de compañía y las pérdidas que haya tenido, y la manera en la que se cotiza en el caso de los autónomos.
Precisamente, sobre este paquete de estímulo versa el webinar 'Ayudas directas a empresas y autónomos: información práctica' organizado por HUB Empresa de Banco Sabadell, a cargo de Carmen Urraca, directora de Fondos Europeos de Banco Sabadell, quien avanza una valoración: "En 2020, las ayudas a las empresas, entre las que podemos destacar los créditos con aval del ICO, se centraron en apoyar la liquidez y pienso que lo hicieron con eficacia. El foco de atención, sin embargo, se ha desplazado de los problemas de liquidez a los problemas de solvencia. En este contexto, se hacían necesarias nuevas y diferentes medidas. Las aprobadas en marzo (ayudas directas, reestructuración de la deuda avalada y recapitalización de empresas medianas) van encaminadas precisamente a reforzar la solvencia de nuestras empresas. Lo importante ahora será ver cómo se acaban implementando estas medidas y si son suficientes".
La directora de Fondos Europeos de Banco Sabadell considera positivo que "el grueso del plan se centre en las ayudas directas, pues es la vía adecuada para resolver los problemas en balance empresarial derivados de la falta temporal de ingresos". Esta experta afirma que el carácter atípico de la crisis (severidad del shock, asimetría de los impactos por sectores y puesta en escena de medidas limitativas a la movilidad y a la actividad) "hace necesaria una aproximación holística con medidas de diferentes ámbitos. Es la aproximación que se está intentando llevar a cabo".
Urraca subraya la importancia de que los fondos se repartan con celeridad y mediante mecanismos "simples y transparentes". Y añade que "también sería deseable que en las ayudas se tuvieran en cuenta los costes empresariales y no solo la pérdida de ingresos. Asimismo, la asignación de recursos a cada segmento empresarial debería ser consistente con la severidad de la crisis en cada uno de ellos".
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¿Quién puede solicitar las ayudas?
En un principio podrán acceder las empresas ligadas a 95 actividades económicas concretas. Entre ellas destacan las relacionadas con el turismo y la cultura, el comercio al por mayor de alimentación y suministros de restauración, así como los comercios minoristas, las compañías de transporte y de alquiler de vehículos y la industria textil. En la lista también se incluyen desde actividades de extracción de minerales de hierro hasta empresas pirotécnicas, además de los profesionales de la fotografía, las casas de apuestas e incluso los zoológicos, entre muchas otras.
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No obstante, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha alertado de que dos millones de pymes han quedado excluidas de las ayudas directas por los requisitos sectoriales establecidos. Así, considerando este primer filtro, solo el 47% de las pymes podrían ser candidatas a estas líneas de apoyo.
A este respecto, Urraca precisa que "el Consejo de Ministros modificó hace unas semanas el Real Decreto Ley 5/2021 para otorgar a las comunidades autónomas la posibilidad de ampliar las actividades y las empresas que pueden beneficiarse de las ayudas directas. En este sentido, las ayudas podrán llegar, además de a las actividades señaladas explícitamente en el Real Decreto Ley, a otras actividades que se hayan visto particularmente afectadas en el ámbito de cada territorio. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha añadido 25 actividades. Asimismo, en la modificación del Real Decreto Ley también se estableció que podrán acceder a las ayudas empresas viables que presenten un resultado negativo en 2019 como consecuencia de circunstancias excepcionales. Por tanto, se han ampliado los límites originales del Real Decreto Ley 5/2021 de manera sustancial. Dicho esto, considero importante señalar que las ayudas están centradas en las empresas afectadas por las consecuencias de la situación provocada por la COVID-19 y no en las que ya arrastraban problemas previamente".
¿Qué requisitos se deben cumplir?
En primer lugar, para poder optar a estas ayudas las empresas y los autónomos deberán tener su domicilio fiscal en territorio español, no estar en concurso de acreedores ni haber cesado la actividad en el momento de la solicitud.
Además, podrán ser candidatas aquellas pymes que en 2020 hayan tenido una caída de, al menos, un 30% de su facturación con respecto al año anterior. Los autónomos, por su parte, tendrán que demostrar que el conjunto de sus declaraciones trimestrales del impuesto sobre el valor añadido (IVA) reflejan, como mínimo, un 30% menos que en el ejercicio anterior. En todos los casos se tendrá que justificar que hubo un resultado neto positivo en las cuentas de 2019.
El plan de Moncloa también condiciona las ayudas a estar al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, así como a no repartir dividendos ni aumentar los salarios del equipo directivo en un periodo de dos años. Por último, tanto empresas como autónomos deberán comprometerse a mantener la actividad hasta junio de 2022.
A juicio de Urraca, "la política económica debe seguir salvaguardando al tejido productivo mientras dure el shock, hay que ofrecer tiempo para que la economía consolide su recuperación y los diferentes sectores puedan desarrollar su actividad con normalidad".
¿A qué cantidad se puede optar?
Los empresarios o los profesionales autónomos incluidos en el régimen de estimación objetiva en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) podrán acceder a unas ayudas de hasta 3.000 euros.
Por su parte, los empresarios o los autónomos en régimen de estimación directa y entidades y establecimientos permanentes con hasta 10 empleados podrán obtener hasta el 40% de la caída en el volumen de operaciones de 2020, con una cantidad que no puede ser inferior a los 4.000 euros ni superior a los 200.000 euros. Igualmente, no podrán salirse de esta horquilla las entidades, los profesionales, los empresarios y los establecimientos permanentes con más de 10 empleados, que podrán obtener el 20% de la caída en el volumen de operaciones de 2020.
En todos los casos, este plan de estímulo tiene carácter finalista, es decir, está destinado al pago de las deudas, así como para hacer frente a los gastos referentes a salarios, alquileres, disminución de deuda financiera y pagos a proveedores.
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Un ejemplo práctico: Un autónomo que se dedica a la distribución de bebidas al por mayor y que tiene a cinco trabajadores a su cargo, registró en 2020 un resultado de 25.000 euros, frente a los 100.000 alcanzados en 2019. Es decir, que sufrió una caída en su facturación del 75% (superior al requisito del 30% para recibir la ayuda). Según el simulador de Banco Sabadell que permite calcular y solicitar estas ayudas directas, a este autónomo le correspondería una ayuda de 18.000 euros.
¿Cómo se canalizarán las ayudas?
Estas ayudas llegarán al tejido productivo español a través de las comunidades autónomas. Hasta ahora, serían 10 los territorios que han realizado la tramitación necesaria para recibir el dinero del Estado y proceder a las convocatorias para los profesionales de cada uno de sus territorios. Son la Comunidad de Madrid, Cataluña, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Asturias y Galicia.
De este modo, estas comunidades ya han devuelto firmado el convenio entregado por el Estado que les facultará para convocar y repartir estas ayudas dentro del paquete de 7.000 millones de euros. Teniendo en cuenta los plazos, aquellas autonomías que agilicen el envío del convenio podrían empezar a mediados de mayo a abrir la convocatoria para la solicitud de las ayudas. Asimismo, dependerá de la celeridad de las autonomías el tiempo que tarde en llegar el dinero al bolsillo de las pymes y de los autónomos.
Urraca apunta que "una vez suscrito el convenio de colaboración entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda y recibidos los fondos estatales, las comunidades pueden abrir las convocatorias. Lo que sabemos a ciencia cierta es que no podrá concederse ninguna ayuda directa pasado el 31 de diciembre de este año. La ministra de Hacienda, en su momento, señaló que esperaba que las empresas recibiesen las ayudas en verano. Esperemos que sea así, antes parece difícil. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que ya ha abierto las solicitudes, estas se podrán presentar hasta el 30 de junio. A partir de ahí se establece un plazo máximo para la tramitación del expediente y la notificación de la resolución de seis meses".
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