La edad de jubilación a partir de 2027 se situará en los 67 años, con el requisito mínimo de haber cotizado durante 38 años y seis meses. Entonces, la esperanza de vida estimada será de 87 años para las mujeres y de 82 años para los hombres, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son buenas noticias, pero hay que tener en cuenta que, a mayor longevidad, mayor probabilidad de sufrir dependencia. “Por lo tanto, la jubilación será de una duración cada vez mayor y con gastos crecientes motivados por las necesidades de cuidados que se requerirán durante más de la mitad de la supervivencia”, explica Inmaculada Domínguez Fabián, profesora titular de la Universidad de Extremadura (UEx).
Un estudio de la escuela de finanzas Afi señala que la dependencia está llamada a ser la contingencia del siglo XXI y para 2030 se prevé que casi el 5% de los mayores de 65 años sufrirán dependencia de Grado III, la más severa de todas. El informe dice que el coste medio de contratar a una persona para el cuidado asistencial es de 20.000 euros al año, 1,6 veces el importe medio de la pensión pública de las personas de entre 80 y 84 años. Por su parte, una plaza en una residencia de mayores privada cuesta, de media, unos 2.000 euros mensuales.
Por otro lado, cada vez se jubilan personas con pensiones más elevadas (la pensión media ya está en 1.167,83 euros) y esas personas cobran durante más tiempo la prestación, mientras que la parte baja de la pirámide poblacional se va estrechando. Hay menos población en edad de trabajar debido a una menor tasa de natalidad, es decir, menos cotizantes para financiar la pensión pública. Además, los sueldos son bajos y hay elevadas tasas de desempleo. En la actualidad, la ratio de cotizantes por pensionistas es de 2,3 según el INE, frente a los 2,7 de 2008. En las próximas décadas se situará por debajo del 2.
Miquel Perdiguer, CEO de Pensium, aporta otro dato en el Podcast de Banco Sabadell: “En 2035, una de cada cuatro personas va a tener más de 65 años, eso son muchas pensiones, por lo que no podemos creer que el Estado se encargará de todo; debemos pensar en ahorrar un 10% de nuestros ingresos”, ya sean del trabajo o del patrimonio inmobiliario.
AHORRO PREVISIONAL
Las pensiones dentro de 20 años serán “más tardías y tendremos menos dinero en el bolsillo”. Así de tajante se muestra Perdiguer. “Habrá pensiones públicas, pero quizás no tan buenas y llegarán más tarde. Hay una parte positiva: ahora sabemos lo que va a pasar y podemos prepararnos, podemos pensar qué es lo que tenemos que hacer para poder complementar esa pensión pública”, señala el CEO de Pensium. Es decir, podemos aumentar el ahorro previsional, aquel destinado a la jubilación.
El sistema está apoyado en tres pilares. El primero es el ya mencionado sistema público y los otros dos son privados: los planes de empleo —planes de pensiones ofrecidos por las empresas a sus trabajadores— y los planes de pensiones individuales. El Gobierno quiere potenciar los planes de empleo, sin embargo, el poco incentivo para impulsarlos en España hace que su recorrido sea mínimo. Los costes empresariales que suponen su implantación son una barrera para las pymes y solo las grandes empresas y organizaciones tienen capacidad para ofrecerlos. De los 9,6 millones de ahorradores en planes de pensiones, solo dos millones son partícipes de un plan de empleo (10% de la fuerza laboral), según la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO).
Para Domínguez Fabián, que participará en el próximo webinar organizado por BanSabadell Pensiones para analizar cómo se debe afrontar la jubilación, “el llamado ahorro previsional es un ahorro finalista y está diseñado para que las cuantías que a él se destinan no se ‘toquen’ hasta que se produzca la contingencia para la que se realiza, bien sea esta la jubilación, la incapacidad o la viudedad”. En este sentido, la experta recuerda que “para que ese ahorro se mantenga hasta el momento de la jubilación se aplican mecanismos de iliquidez, que no permiten o penalizan el que las cuantías entregadas en el producto de previsión se puedan recuperar antes de lo estimado. Esa iliquidez se compensa con deducciones fiscales que sirvan de estímulo e incentivo”.
Esther Pichardo, Directora de Ahorro y Pensiones de BanSabadell Vida y Pensiones, defiende estos planes como instrumentos pensados para ahorrar a largo plazo, que no se deben rescatar, salvo casos excepcionales. Así, al igual que en la crisis de 2008, cuando hubo problemas de liquidez, los planes se pudieron utilizar, por ejemplo, para hacer frente a pagos de la cuota de hipotecas. “Entre abril y septiembre los planes de pensiones también colaboraron con el bien general permitiendo complementar los ingresos de autónomos y empleados que habían visto reducida su facturación por la crisis del covid-19”, afirma la experta. Además, “en los últimos 10 años, los planes de pensiones han abonado más de 4.000 millones de euros a más de 720.000 partícipes por supuestos de liquidez excepcional”, añade.
Para la profesora de la UEx, si finalmente se reduce el atractivo fiscal de los planes individuales repercutirá negativamente en el ahorro particular. “Los datos muestran que la aportación promedio de los planes de pensiones individuales en 2019 fue de 4.039 euros, por lo que se producirá una pérdida de ahorro si se limita a 2.000 euros”, asevera.
Los expertos rechazan esa penalización también pensando en los autónomos, ya que para los 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia es la única vía que tienen para acceder al ahorro previsional.
¿Cómo abordar un problema estructural como este? Ricard Balcells, director del Segmento de Banca Personal de Banco Sabadell, plantea tres posibles soluciones en el documento formativo ‘Prepararnos para las jubilaciones del futuro’ elaborado junto a Esade. La primera es incentivar el ahorro privado “tanto a nivel particular como desde las empresas”. Además, es necesario adoptar “medidas dirigidas a solucionar la insuficiente equivalencia actuarial y financiera que se produce en la actualidad entre lo cotizado y la pensión recibida”. Balcells asegura que, según información del sector, esta insuficiencia lleva a que las pensiones por jubilación “sean un 51% superior a lo cotizado”.
Por último, el director del Segmento de Banca Personal de la entidad, recomienda reformar el mercado laboral “para aumentar la tasa de actividad y de empleo, la productividad y los salarios, incentivar la prolongación de la vida laboral e implantar medidas que favorezcan una mayor fecundidad, dado el envejecimiento de la población”.
Además del dato mencionado por Balcells sobre la relación entre cotización y pensión, hay otro indicador que refleja las diferencias del sistema español con respecto al resto de países vecinos, la tasa de reemplazo o de sustitución que mide el importe de la pensión respecto al último sueldo. En España esa tasa es del 72%, 25 puntos superior a la de la media europea, según un informe de la Comisión Europea.
Domínguez Fabián señala que “si la pensión pública es considerada suficiente por los individuos estos no ahorrarán para la contingencia de la jubilación. Y esta conclusión es válida tanto para España como para cualquier otro país”. La profesora de la UEx recuerda que cuando se hace referencia a altas tasas de ahorro complementario en países de nuestro entorno “hay que acompañar el análisis con el estudio de la tasa de sustitución que otorga el sistema público”. Por eso otra de las recomendaciones de los expertos es que las administraciones públicas ofrezcan mayor información sobre la realidad de la futura pensión de cada uno, además de apostar por la educación financiera de la población; dos aspectos fundamentales para que la mayor longevidad no se convierta en un “caramelo envenenado”.