En España hay cerca de 2,9 millones de pequeñas y medianas empresas (pymes) que generan más de 10 millones de empleos, por lo que su papel en la economía y en la sociedad es indiscutible. La COVID-19 ha supuesto para muchas de estas pymes un descalabro financiero como consecuencia del estricto confinamiento, de las restricciones de movilidad, de la caída de la actividad y de la contención del consumo. En el primer semestre de 2021 se ha producido un incremento del 80% en las insolvencias empresariales de acuerdo con los procesos concursales publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Cataluña, que aúna el 24% del total de casos, y la Comunidad de Madrid, con un 21%, son las regiones donde más concursos se han declarado. Les siguen la Comunidad Valenciana, con un 15%, y Andalucía, con un 9%. Por sectores, predominan las insolvencias de compañías dedicadas a los servicios, que concentran el 52% del total, seguidas por el de la construcción, con el 20%, y el de la industria manufacturera, con un 13%.
Tanto España como el resto de Europa han adoptado medidas para frenar las declaraciones de quiebra, modificando los umbrales de presentación, reduciendo la capacidad del acreedor para forzar su admisión o proporcionando suficiente apoyo financiero al deudor para retrasar su presentación. Los últimos datos estadísticos del Registro de Economistas Forenses (REFOR), que muestran una recuperación de los acuerdos de refinanciación y de reestructuración en 2021 respecto a 2020, evidencian que este tipo de acuerdos supone una herramienta importante para la supervivencia de las empresas.
Según datos de Iberinform, el 25% de los proyectos empresariales en España quiebra antes del quinto año de vida y el 50% no llega a cumplir el noveno año. A los 12 años, la tasa de supervivencia se limita al 36%. A partir de ese momento se produce un punto de inflexión en la madurez de las empresas españolas y las posibilidades de supervivencia aumentan sensiblemente.
Puede interesarte: ¿Cómo puedes mejorar la liquidez de tu empresa?
Evitar o minimizar consecuencias
Con el fin de garantizar la continuidad de los negocios que han sufrido la paralización en su actividad comercial como consecuencia de la pandemia, el Consejo General de Economistas y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) han creado la `Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia', editada por el REFOR, con información sobre los procedimientos actuales que deberían realizar las pymes para tratar de minimizar las consecuencias derivadas de la crisis. Además, ofrece soluciones prácticas con las que evitar que una empresa en dificultades, pero viable, se vea abocada a la liquidación.
Se trata de una hoja de ruta que recoge todos los pasos a seguir desde que se llega a la situación de insolvencia, definida como la imposibilidad de hacer frente a las deudas. Como recoge esta guía, el hecho de que una compañía afronte dificultades no implica necesariamente que tenga que recurrir al concurso, sino que existen diferentes alternativas de financiación previas e incluso paralelas a este proceso.
El manual advierte de que no presentar el concurso en plazo puede tener consecuencias tanto para la viabilidad de la empresa como para la calificación del concurso y recomienda tener un buen control financiero en la compañía para prever la potencial insolvencia. Antes de entrar en concurso de acreedores, resulta conveniente estudiar soluciones preconcursales (como refinanciaciones, reestructuraciones o pre- pack).
Puede interesarte: Cómo medir la salud financiera de una pyme
Además, la normativa actual dispone de procedimientos extrajudiciales para dar solución a situaciones de insolvencia, como los acuerdos de refinanciación y los acuerdos extrajudiciales de pago. En caso de que estas soluciones no sean suficientes, la guía apunta que el concurso puede ser la vía adecuada para reflotar una determinada empresa insolvente o para liquidarla cesando su actividad. En todo caso, recomienda que antes de solicitar el concurso, se deben prever sus costes.
Reforma legislativa
El Gobierno ultima en estos momentos la aprobación de un nuevo proyecto de ley para la reforma del marco concursal con el fin de que reciba el visto bueno de las Cortes antes de final de año, tal y como contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Desde el Consejo General de Economistas y CEPYME consideran necesario que se introduzcan en dicha reforma medidas que hagan más atractivas para las empresas las soluciones alternativas al concurso. Entre ellas, la necesidad de limitar los privilegios que mantienen los créditos públicos —mayor posibilidad de la extensión del crédito en la segunda oportunidad—, así como facilitar la venta de unidades productivas para mantener el tejido empresarial español. Los representantes de ambas organizaciones ven conveniente también desarrollar un sistema de ‘alertas tempranas’ y ratios de detección prematura de la insolvencia, así como incluir modificaciones en materia de segunda oportunidad para que el procedimiento sea más rápido y menos formalista.
Las sucesivas moratorias aprobadas durante la pandemia, que eliminan la exigencia de acudir a concurso a las empresas que se encontraran en situación de insolvencia y cuyo plazo finaliza el próximo 31 de diciembre, han hecho que todavía no se haya trasladado el efecto total de la crisis y que puedan aflorar aún más las insolvencias. En las actuales circunstancias, se hace más necesario que nunca que las compañías tengan las ideas claras sobre lo que supone una insolvencia, en qué consiste el procedimiento concursal, los tiempos de los que disponen, las opciones que se les presentan y las conclusiones a tener en consideración. Una necesidad especialmente imperiosa para las pymes cuya limitada estructura les resta competitividad y capacidad de adaptación a situaciones inesperadas como la que ha supuesto la pandemia de la COVID-19.
