Si por estas fechas cualquier estudiante se dispone a realizar una búsqueda de pisos para alquilar, probablemente tarde muy poco en darse cuenta de que la mayoría están ya ocupados. Esta tarea se puede volver algo complicada si se espera hasta el último momento, es decir, hasta el mes que comienza la universidad, por lo que muchos se lanzan a arrendar antes del verano y asegurarse así la estancia para el curso académico. Este año, sin embargo, se ha producido una situación opuesta.
La pandemia generada por la COVID-19 ha incidido directamente en la educación y, por ende, en el mercado del alquiler. La semipresencialidad de las clases parece ser la opción elegida por la mayoría de la enseñanza universitaria o, al menos, la que se ha llevado a cabo en un principio. Además, la incertidumbre sigue siendo un elemento presente en la sociedad, a pesar de que ha pasado más de medio año desde que se decretó el estado de alarma. Por eso, según el informe ‘Covid-19: Impact on European Real Estate’ de Savills Aguirre Newman, la enseñanza a distancia puede convertirse en una opción más segura y económica para el aprendizaje prolongado, hasta que la situación se recupere. Además, hay que tener en cuenta qué pasará con los alumnos internacionales, muchos obligados a volver a su país debido a los rebrotes de coronavirus. Según la consultora inmobiliaria, es probable que la coyuntura actual impulse a los alumnos a estudiar más cerca de casa y a vivir con sus padres.
Teniendo en cuenta estos hechos, este año la labor de alquilar piso se ha ido retrasando durante los meses estivales y, hoy en día, hay una oferta mayor a la habitual para este periodo del año. Una de las consecuencias directas de esta situación es la caída generalizada de los precios. En el mes de julio se han reducido un 1,7% en Madrid, un 3,1% en Barcelona y un 2,6% en Valencia, con respecto al mes de junio, según datos publicados por el portal Idealista.
Cláusula COVID-19: qué es y cómo incluirla
Esta situación de cierta inestabilidad ha propiciado la aparición de un nuevo elemento: la cláusula COVID-19. Se trata, básicamente, de un epígrafe en los contratos de alquiler para que el inquilino y el propietario se cubran las espaldas en caso de que se produzca un segundo confinamiento. El estado de alarma se implantó en marzo casi sin que nadie pudiera preverlo y, por tanto, hubo muy poco tiempo de reacción en lo relativo al alquiler. Pero ahora la situación puede ser algo diferente y los arrendadores pueden incluir ciertas condiciones con la introducción de este anexo.
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Aunque no hay un modelo único de cláusula COVID-19, en todas ellas se especifican las condiciones que se aplicarían en caso de que en los próximos meses cambien las circunstancias debido a la crisis sanitaria. Los estudiantes son los que más están demandando la incorporación de estas cláusulas, aunque lo habitual es que estos anexos sean beneficiosos para ambas partes. En este sentido, se entiende que la pandemia es una causa de fuerza mayor para romper un contrato y, por tanto, el inquilino puede dejar el piso sin ninguna penalización. En contrapartida, el propietario podrá exigir el desalojo inmediato de la vivienda para poder volverla a alquilar a otra persona.
En definitiva, la cláusula se puede incorporar, aunque siempre de mutuo acuerdo entre las dos partes. Eso sí, deberá ser redactada de una forma muy precisa para que queden claros todos los supuestos y estipuladas las condiciones. Por ejemplo, un nuevo confinamiento, el cierre de las aulas, la pérdida de trabajo, la implementación del teletrabajo, etc. De esta manera, no hay que pensar que este anexo supone carta blanca para que el inquilino deje de pagar la renta, sino que tendrá que liberarlo de todos los objetos personales con la mayor brevedad posible, para que el propietario pueda encontrar otro interesado. Además, esto no exime al inquilino de que se haga cargo de aquellos desperfectos que haya podido ocasionar en el piso y en los bienes pertenecientes a éste.
Contratos mes a mes: opción contra la morosidad
La pandemia también ha derivado en una crisis económica, lo que ha llevado a que muchos inquilinos no puedan hacer frente al pago del alquiler. Como consecuencia directa, la morosidad se ha disparado, tal y como ya se afirmó desde la Agencia Negociadora del Alquiler. En este sentido, ha sido frecuente encontrar impagos de tres meses e, incluso, de hasta seis meses. Estas situaciones en las que los inquilinos no hacen frente a los pagos de las rentas pueden provocar una caída de la rentabilidad bruta de entre un 0,3% y un 1,5%, según la entidad.
Ante esta situación, el arrendamiento por meses, en vez de por años, se está convirtiendo en una buena solución para los propietarios para asegurarse el pago del alquiler. Durante la pandemia se ha producido un aumento de impagos, llegando a triplicarse y alcanzar un 15% en junio. Además, parece que las previsiones van en este sentido, ya que se espera que la cifra aumente hasta el 60% para finales de este año, por lo que también conviene tenerlo en cuenta a la hora de poner en alquiler una vivienda destinada a estudiantes en los próximos meses, en los que la COVID-19 seguirá marcando la actualidad, y sobre todo, a la hora de plantearse contratar un seguro.
